MADRID (apro).— Una estructura secreta de la Policía Nacional española quedó al descubierto desde la anterior legislatura de Mariano Rajoy, a raíz del pleito entre dos poderosos comisarios de esta policía. Lo más delicado de la actuación de esta policía política no solo es que investigaran a políticos corruptos, sino que algunas de sus actuaciones suponen delitos, como montar expedientes apócrifos contra los políticos que impulsan la independencia de Cataluña o contra Podemos, la fuerza emergente de izquierda, por el supuesto financiamiento de Venezuela, que ya ha sido reiteradamente rechazado en tribunales. El gobierno del Partido Popular (PP) y el anterior ministro de Interior, Jorge González Díaz utilizaron en forma convenenciera esta policía que tienen en cuarentena por lo menos cinco sumarios judiciales que corren peligro de ser cerrados en falso por los excesos cometidos por esta entidad secreta. Están identificados los cinco sumarios que corren peligro: El caso Pujol, la gran trama de corrupción en Cataluña; la investigación sobre el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Estepona; el sumario de la investigación del Banco Madrid-BPA, donde guardaban dinero los Pujol; el rocambolesco caso de un joven timador llamado Francisco Nicolás, quien se hacía pasar lo mismo como agente del espionaje español que por representante del rey Felipe VI y el “chivatazo” del caso Faisán, una operación contra la banda terrorista ETA. El caso de este entramado ilegal llegó al Congreso de los Diputados donde este miércoles 5 compareció el comisario principal, el hoy jubilado Eugenio Pino, quien fue el artífice de esta estructura secreta que operaba desde la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). Por encima de Pino sólo existían políticos del PP, aunque aún no se conoce quién le daba las órdenes a este jefe de la Dirección Adjunta operativa (DAO). Pino fijó su postura en una entrevista con el diario El Mundo dando por buenos los esfuerzos de su gestión, incluso reveló que se había realizado una investigación paralela sobre el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, que provocó la muerte a 192 personas, pero cuyos detalles se desconocen, aunque ya están en manos de un juzgado de instrucción. Pese al cúmulo de evidencias en contra, Eugenio Pino dijo en esa entrevista que hicieron “un gran servicio al Estado”. Todos los casos son graves, pero el que coge los dedos en la puerta al Partido Popular y a esta misteriosa policía es su actuación en lo que aquí popularmente se conoce como la “Operación Cataluña”. Porque en su afán por conseguir información que les permitiera reconstruir el complejo entramado de operaciones ilegales de la familia de Jordi Pujol Soley, quien fuera el patriarca político del soberanismo en Cataluña, los mandos policiales llegaron al extremo de presionar a los directivos del Banco Privado de Andorra (BPA), que provocó una crisis diplomática con el principado de Andorra. Este banco –en el que los Pujol guardaban más de 4.5 millones de euros—fue intervenido en marzo de 2015 acusado de blanquear capitales para políticos de Venezuela y México, así como delincuentes de la mafia china, rusa y el cartel de Sinaloa. El desaseo de la actuación de la policía española ha dado una baza a los responsables del banco para proceder con denuncias contra altos mandos de la corporación hispana. Uno de los acusados es Marcelino Martín Blas, quien fungía como jefe de Asuntos Internos. Martín Blas es el policía que entró en pleito con el excomisario José Villarejo, un oscuro personaje que ha hecho todo tipo de operaciones políticas y policiales fuera del control gubernamental y a quien el diario El País descubrió un entramado de 12 empresas con un capital superior a los 16 millones de euros. Martín Blas incluyó a un hijo de Villarejo en el Caso Emperador, una operación policial dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia nacional contra la mafia china de Gao Ping, que involucra delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando, entre otros. Esto provocó el espionaje abierto contra agentes de policía, miembros de la inteligencia española, que escaló hasta el mismo ministro Jorge González Díaz, a quien espiaron en su despacho y se divulgaron en prensa las grabaciones. De uno y otro lado empezaron a surgir grabaciones ilegales que se replicaron en prensa. El tema ha llegado a tal nivel que se revelaron viejas grabaciones del espionaje español que implicaban al rey Juan Carlos I y sus supuestas relaciones sentimentales. Asimismo, uno de los casos que provocó más complicaciones es el protagonizado por el inspector jefe Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete de Eugenio Pino, pero que realizó innumerables viajes a Suiza para buscar fuentes dispuestas a declarar contra los políticos catalanes. A este policía se le atribuye la acusación contra Xavier Trías, anterior alcalde de Barcelona, por supuestamente mantener cuentas bancarias ocultas en Suiza. La acusación, que ocupó portadas en el diario El Mundo y se replicó en infinidad de medios de comunicación, resultó ser falsa. Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acusó a Eugenio Pino de mentir ante él por el caso de un pendrive con información valiosa sobre el caso Pujol que no tenía respaldo judicial y sobre la que no podían dar explicaciones sobre la forma como la obtuvieron. La surrealista explicación fue que encontraron la memoria con esa información “haciendo limpieza en los cajones” de sus escritorios, cosa que molestó sobremanera al magistrado. Les exigió una explicación detallada de la forma como habían obtenido esta información y se vio obligado a abrir una causa separada para que no contamine el caso, ya que su impacto podría provocar el sobreseimiento de esta mega causa de corrupción que lleva ya años de investigación. A pesar del tufo proveniente de las cloacas de la policía, el gobierno de Mariano Rajoy jubiló al comisario Eugenio Pino, no sin antes darle la Medalla de Plata al Mérito Policial, pensionada. Su subordinado Fuentes Gago fue enviado a la embajada de España en La Haya, con una retribución mensual de 10 mil euros. En el Congreso de los Diputados también hay todo tipo de reacciones por esta trama de corrupción policial, porque el PP y Ciudadanos siguen mostrando nulo interés en que se investigue a esta policía política. La llegada de pedro Sánchez a la secretaría general de PSOE abrió nuevos bríos a esta investigación, aunque rechazan que se llame a José Manuel Villarejo, el comisario que también trabajó en los gobiernos socialistas. No obstante, con esta investigación empiezan a airearse “las catacumbas” del Ministerio del Interior español y se podrá conocer más sobre la llamada, con sorna, “policía patriótica”. Notas al margen: El Ministerio del Interior premió a los principales jefes del entorno del comisario principal de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Uno de ellos fue el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, quien pasó a ser el agregado de este ministerio en la Embajada de España en México. Es el principal enlace de España con México en temas policiales. El nombre de Díaz Sevillano apareció en un sumario judicial relacionado con un caso de espionaje, en concreto, una grabación ilegal hecha en una reunión celebrada entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y policías. Se le señala como uno de los policías que mantenía el control sobre ciertas investigaciones ordenadas por Pino y de reunirse con los periodistas afines para filtrarles información, según publicaciones españolas. mlv