Horas negras en España

jueves, 22 de febrero de 2018
MADRID (apro).- En sólo 24 horas se produjeron tres hechos contra la libertad de expresión en España, que hicieron saltar todas las alarmas: el rapero Valtonyc fue condenado a tres años y medio de prisión porque el Tribunal Supremo consideró que sus letras se encuadran en los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona. Luego una juez ordenó el “secuestro cautelar” de ‘Fariña’, el libro sobre el narcotráfico gallego del periodista Nacho Carretero, por la demanda de un exalcalde que alega una supuesta vulneración de su honor. Y el miércoles un alto responsable de la feria de arte ARCO ordenó la retirada de una serie de 24 fotografías de Santiago Sierra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea, en las que aparecen los rostros pixelados de personas detenidas en fechas recientes, entre ellas los líderes independentistas catalanes Oriol Junqueras y los Jordis. Por lo menos en dos de estos asuntos puede argumentarse que se basan en decisiones judiciales en aplicación de las leyes vigentes, y en el caso de ARCO no existió argumento legal alguno, sólo el criterio obtuso de un responsable que ahora alega que no lo hizo de mala fe. Lo llamativo es que en la inauguración de la feria de arte, este jueves, los reyes de España evitaron pasar por el pasillo donde fue desmontada la obra. Una interpretación: es tal el recelo de los funcionarios de alto nivel por evitarle al jefe de Estado un contacto con el tema de los presos catalanes, que se decidió su retiro. Lo que es un hecho es que el gobierno de Mariano Rajoy sacó su talante más autoritario, y durante su primera legislatura aprobó la Ley de Seguridad Pública, conocida popularmente como Ley Mordaza, enfocada principalmente a controlar la propagación de las protestas como consecuencia de la crisis económica. La otra modificación que introdujo fue un endurecimiento de los delitos y las penas en el Código Penal, que afecta particularmente los mensajes considerados ofensivos en redes sociales, a los cómicos y a los raperos. Este mismo jueves, Amnistía Internacional denunció que la libertad de expresión en España está experimentando un retroceso y que existe un uso abusivo de la acusación de enaltecimiento al terrorismo en las redes sociales. Al presentar su informe anual, la organización resaltó que las autoridades “presentaron cargos contra personas que habían expresado opiniones que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional”. Veinte personas enfrentaron estas acusaciones en los tribunales solo en 2017, recordó. Uno de los casos es el de Cassandra Vera, tras publicar en Twitter unos chistes sobre el asesinato en 1973 del militar Luis Carrera Blanco, presidente del Gobierno durante la dictadura. La audiencia nacional la condenó a un año por 13 tuits críticos, pero fue un claro asunto de censura. Amnistía Internacional denunció otros casos, como el del grupo de rap La insurgencia. Y todo indica que sus letras no quedan amparadas por la libertad que otorga la creación artística. Este grupo nunca ha ocultado que son comunistas, y en sus versos denuncia los excesos del sistema político y económico. Esto queda reflejado en la misma sentencia cuando señala que la ideología de sus componentes es “muy radicalizada, manteniendo una tónica subversiva y antisistema”. En el caso de César Strawberry, líder del grupo Def con Dos, fue objetivo de la Guardia Civil y la llamada Operación Araña, una polémica estrategia que rastrea el delito en las redes y que no se puede amparar en la libertad de expresión. Según el tribunal, las letras de Valtonyc “tienen un carácter laudatorio de las organizaciones terroristas ETA y Grapo”, y eso comporta una “alabanza” no ya a los objetivos políticos “sino a los medios violentos empleados por las citadas organizaciones”. En pocas palabras, sus letras los convierten en “radicales y subversivos”, pese a que no cometan un acto violento, salvo el de cantar sus versos.

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