"Manita de gato" a relación México-España

viernes, 8 de junio de 2018
MADRID (apro).- Sea quien sea el candidato triunfador de las elecciones federales de México el 1 de julio, cuando aborde su política exterior deberá tomar en cuenta que la relación con España vuelve a ser con un gobernante socialista, en este caso Pedro Sánchez, como en el pasado sucedió con Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. Lo cierto es que en España, en lo referente a política exterior o lo que aquí llaman temas de Estado –uno primordial son sus famosas “empresas españolas”–, no hay diferencia de un gobierno socialista o uno conservador, como el de Mariano Rajoy o antes con José María Aznar. También es un hecho que los políticos y diplomáticos mexicanos y españoles suelen destacar el alto nivel de las relaciones. Pero eso no implica que bajo las alfombras se guarden temas pendientes, o porque generaron resquemor o porque en alguna de las partes faltó más mano izquierda. Y, coincidentemente, con el arribo de Sánchez como el séptimo presidente del actual período democrático en España, hay algún tema que quedó mal cerrado y dejó mal sabor de boca. Pero primero hay que recordar que el escenario político en España cambió diametralmente en solo unos días: El osado movimiento político de Pedro Sánchez, que consiguió los votos suficientes del Congreso de los Diputados para reprobar y destituir de la presidencia al conservador Mariano Rajoy, quien perdió todo asidero por los casos de corrupción que pululan en el Partido Popular (PP). Al presidente Enrique Peña Nieto le tocó mantener relación diplomática con el presidente Rajoy, con quien se mostraba muy empático. De hecho, en la última visita a España, como parte de su gira por Alemania, Peña se reunió con Rajoy para, una vez más, repetir las mismas frases de siempre: que la relación es estratégica, que está en su mejor nivel. Ambos dieron un paseo por los jardines de La Moncloa, la sede del gobierno español, para la toma de imágenes de los periodistas gráficos. Pero después de que Sánchez tomó posesión el 2 de junio pasado, tras la ceremonia de protesta ante el rey Felipe VI, Peña Nieto le llamó por teléfono para felicitarlo. Un comunicado de Los Pinos también resaltaba que Peña le refirió que “España es un país entrañable para México” y le mostró su “interés por seguir trabajando conjuntamente a fin de continuar fortaleciendo el diálogo político y la cooperación bilateral”. Hasta ahí todo bien, se cumplía la liturgia diplomática de darle la bienvenida al nuevo mandatario de un país tan importante para México y con el que hay una estrecha relación. Sin embargo, en el camino hay un hecho que en el equipo de quien hoy está al frente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dejó un mal sabor de boca. En noviembre de 2016, cuando Sánchez sufría un embate brutal que lo apartó temporalmente de la dirección de los socialistas, Sánchez no recibió un trato adecuado por parte de la embajadora mexicana Roberta Lajous. En ese momento, Sánchez solicitó por medio de la embajada una cita con el presidente Enrique Peña Nieto como parte de la agenda para el viaje que realizó a México. El entonces líder socialista viajó a México para participar en la Conferencia Internacional sobre Movimientos Progresistas y Ciudadanos de América Latina y Europa, organizada por la Fundación Lázaro Cárdenas y para reunirse con socialistas españoles residentes en el país. Sánchez fue cabeza de los candidatos en la lista socialista en los comicios generales de 2015 y, como parte de ese tortuoso proceso político, aceptó el encargo del rey para someterse a la investidura el 2 de marzo de 2016, en el que fracasó porque sólo contó con 131votos y 219 en contra. Entonces, debido a los magros resultados electorales obtenidos, los dirigentes históricos del PSOE iniciaron una ofensiva brutal contra Sánchez; el partido se resquebrajó porque había una corriente encabezada por Felipe González que querían facilitar el arribo a Rajoy a la presidencia para su segunda legislatura, entre los que no estaba Sánchez. Y en el Comité Federal socialista del 1 de octubre, el aparato del partido consiguió orillar a Sánchez a que presentara su dimisión como secretario general del PSOE. Con el relato de haber sido víctima de los poderes fácticos –empresarios y el diario El País– y los dinosaurios socialistas, Sánchez recorrió nuevamente España, y el 21 de mayo de 2017 volvió a ganar la secretaría general del partido. Fue en ese inter que pidió la cita con Peña, que le fue negada. Por más que hubiera sido separado de la dirigencia del PSOE, no había motivo para cerrar la posibilidad a ese posible encuentro, marcando una mala sintonía en la casi inexistente relación con este partido. En ese viaje, Sánchez fue ponente en la mesa inaugural donde también participó Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; el entonces alcalde de Guadalajara, Jalisco, Enrique Alfaro, y el gobernador de Nariño (Colombia), Camilo Romero. También impartió una conferencia sobre el liderazgo socialdemócrata en España, en una mesa en la que compartió con Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del PRD, y con Yasmin Fahini del Partido Socialdemócrata de Alemania, entre otros. Por otro lado, el ministro del Interior nombrado por Pedro Sánchez, exmagistrado Fernando Grande Marlaska, trae a la actualidad su posición frente al caso Atenco. En su etapa como juez de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska desestimó la querella presentada por la catalana Cristina Valls contra políticos mexicanos –el entonces procurador Eduardo Medina Mora; el jefe de la AFI, Genaro García Luna, y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto– y un centenar de agentes de la policía mexicana por los delitos de tortura, abusos sexuales y violación, presuntamente cometidos durante la detención, en mayo de 2006, en San Salvador Atenco. Grande-Marlaska consideró que el asunto estaba siendo juzgado en México, por lo que prevalecía el derecho del país donde ocurrieron los hechos, Cristina Valls y la organización Women´s Link Worlwide, que le acompañó en este caso, promovieron un recurso de apelación contra esa decisión, por considerar que el asunto no era atendido debidamente por la justicia en México y por considerar que la Audiencia Nacional debía concurrir en el caso a favor del reclamo de justicia exigido por la víctima de origen español, además de que la tortura es un delito de persecución internacional. El caso fue subestimado en México, incluso, al ser juzgado fue calificado como delitos menores, porque el propósito siempre fue tapar con el manto de la impunidad este caso. Sin embargo, por la persistencia en los pobladores de Atenco y organizaciones sociales de derechos humanos, hoy el caso contra México se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es obvio que la llegada de Grande-Marlaska será muy bien vista por el gobierno de Peña Nieto, porque la resolución del juez español cerró la posibilidad a que el político mexiquense enfrentara un expediente abierto en la justicia española, sin embargo, no existe el mismo recibimiento en otros ámbitos. Y eso debe ser al menos revisado por quien sea el nuevo inquilino de Los Pinos, no es cosa baladí. Es cierto que hay organizaciones que destacan que luego del caso Atenco, Grande Marlaska se mostró más sensible a temas relacionados con derechos humanos o la trata de personas desde su posición como vocal del Consejo General del Poder Judicial, de donde partió para ocupar una posición en el gobierno de Sánchez. Pero no todos opinan igual de Grande-Marlaska. Por un lado se resalta su postura conservadora en sus resoluciones como juzgador, pero progresista en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, ya que siempre ha mostrado con naturalidad su homosexualidad. Uno de los temas más criticados que marcan su biografía profesional es que de las nueve ocasiones que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español por no investigar las torturas en el País Vasco, seis casos se produjeron cuando los detenidos estaban bajo su custodia judicial. Cuando menos estas son pinceladas de lo que, luego de producirse el resultado electoral del 1 de julio, el nuevo gobierno de México deberá tener en cuenta.

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