Delincuencia e impunidad

lunes, 25 de febrero de 2002
México, D F (apro)- En los últimos años, la delincuencia ha registrado un notable incremento y un elevado grado de impunidad, que muestran a un Estado rebasado en su función de proveedor de los servicios de seguridad pública, asegura el grupo financiero BBVA-Bancomer En un reciente estudio de 19 páginas, llamado "seguridad pública", el grupo financiero asegura que el incremento de la inseguridad se debe a los "bajos costos" esperados para los individuos que deciden cometer un delito, tanto en términos de las sanciones impuestas por las leyes, como por la baja probabilidad de que un delincuente sea castigado conforme a derecho En nuestra opinión, dice, la forma más efectiva para combatir a la delincuencia se encuentra en la prevención mediante el "encarecimiento" de los costos que enfrenta la actividad delictiva: castigos más severos, mayores probabilidades de detención y fortalecimiento de valores mediante la educación En su estudio, BBVA-Bancomer asegura que en México la inseguridad pública ha cambiado la configuración de las zonas urbanas, deteriorado la calidad de vida de la población y elevado los costos de operación de las empresas, las cuales tienen que dedicar cuantiosos recursos a la contratación de servicios privados de seguridad y vigilancia Ha afectado las actividades comerciales y de servicios turísticos en plazas como la Ciudad de México y se ha convertido en un factor que desalienta la inversión, y con ello las posibilidades de crecimiento del país a mediano plazo Además, es una actividad que ha alterado a corto plazo la asignación de los recursos públicos, que de otra forma podrían destinarse, por ejemplo, a educación, vivienda y al combate a la pobreza El costo de la inseguridad pública es elevado En términos económicos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la organización México Unido contra la Delincuencia estiman que el costo de la inseguridad pública en México fue de 120 por ciento del PIB en 1999, que es superior al de otras de las principales economías latinoamericanas BBVA-Bancomer analiza el modelo de costo-beneficio del crimen del premio Nobel de Economía, Gary S Beker --"The Economics of Crime: Prevention, Enforcement and Punishment"--, y coincide en que los delincuentes o criminales son agentes económicos racionales que evalúan los beneficios y costos esperados de su actividad delictiva Baker plantea --explica el grupo financiero-- de una manera sencilla, pero profunda, que un individuo cometerá un delito siempre y cuando los beneficios sean mayores a los costos esperados del mismo en términos de su valor presente Los beneficios de una actividad delictiva pueden ser monetarios o no En los primeros se encuentran todos los bienes materiales que han sido objeto de un delito, por ejemplo, autos, joyas, dinero en efectivo, etcétera En los segundos, la satisfacción que los delincuentes puedan encontrar en acciones tales como el maltrato, violación o tortura de sus víctimas Considera que si en una sociedad las probabilidades de ser atrapado y condenado por un delito son muy bajas, también lo serán los costos esperados para los delincuentes por la pena o sanción que puedan recibir, y ello aumentará su actividad delictiva Lo contrario ocurrirá si la probabilidad de ser atrapado o sentenciado es elevada En México, sostiene, la delincuencia es alta porque las probabilidades de castigo son bajas, señala Dice también que la pobreza y el desempleo, si bien pueden repercutir sobre los costos de oportunidad que enfrenta un individuo como potencial delincuente, no son condiciones necesarias o suficientes para explicar el fenómeno de la delincuencia, pues además juegan un papel importante los valores morales y sociales del individuo, las penas o castigos vigentes y la eficiencia del Poder Judicial "La delincuencia es un problema de incentivos económicos que es independiente de las condiciones socioeconómicas del individuo", sostiene Asegura que no obstante las limitaciones en las cifras sobre la delincuencia en México, éstas reflejan que, dentro del contexto del modelo económico planteado, los costos esperados de producción para las actividades ilícitas en el país son muy bajos, de ahí que pueda entenderse su notable incremento De hecho, dice, en algunos estudios se ha encontrado que existen rendimientos crecientes a escala en las actividades delictivas contra los bienes patrimoniales, lo que significa que a largo plazo los costos de realizar este tipo de delitos tienden a disminuir conforme se incrementa su práctica Por una parte, la probabilidad de captura de los presuntos delincuentes es muy reducida, debido a la ineficiencia en la investigación y persecución de los delitos por parte de las procuradurías y por la prerrogativa que tiene el Ministerio Público (MP) para allegarse o no, de acuerdo con su criterio, de los elementos que determinan la procedencia de una acción penal Esto se refleja en que sólo 99 por ciento de los presuntos delincuentes sean capturados Por otra parte, si bien no existen estadísticas que muestren claramente cuál es la probabilidad de que un presunto delincuente sea sentenciado conforme a derecho, el grupo financiero se inclina a pensar que esta probabilidad también puede ser baja debido a que el Poder Judicial en México enfrenta, entre otras características: inequidad jurídica del ofendido frente al inculpado en términos de recursos legales para proteger sus derechos, numerosas instancias de apelación, heterogeneidad en los códigos penales estatales y lentitud que se traduce en rezago y sentencias menos severas para los delincuentes Además, de acuerdo con la Cepal, la corrupción en los sistemas judiciales deteriora también la confianza y capacidad de las autoridades para resolver los problemas de seguridad pública En México, los delincuentes también encuentran bajos costos por realizar una actividad ilícita, pues las sanciones no necesariamente son progresivas en términos de la gravedad que los delitos tienen para la víctima, afirma Por ejemplo, en el Código Penal Federal --actualizado al 31 de diciembre de 2001-- se establecen casos como: a) en un homicidio simple intencional la pena mínima puede ser de 12 años en prisión, y en el robo de un vehículo automotor ésta puede llegar a ser de 15 años; sin embargo, si un homicidio ocurre en duelo, la pena en prisión se puede reducir a dos años; b) en el caso de privación ilegal de la libertad hasta por cinco días, la pena en prisión puede ser de seis meses y, en el caso de que se libere a la víctima durante los primeros tres días a partir del secuestro, la pena se puede reducir a tres meses; situación que hace del secuestro ?exprés? una alternativa delictiva relativamente poco costosa; c) el allanamiento de morada y una lesión que cause una cicatriz permanente en la cara pueden ser sancionadas con multas de diez y cien pesos, respectivamente Por otra parte, los castigos que puede enfrentar la delincuencia también son bajos, debido a que las leyes en México no penalizan tanto el acto delictivo como la intención que existe al momento de ser cometido, situación que se traduce en que para un mismo acto delictivo o daño a la víctima puedan existir diferentes costos para el delincuente Por ejemplo, en un homicidio, el resultado para la víctima es el mismo: la muerte, pero para el delincuente el costo puede variar dependiendo de si el homicidio ocurrió en duelo o en riña, o bien si el homicidio puede ser clasificado como simple o calificado El hecho de que en las leyes se sancione la intención de los delitos permite que exista una amplia discrecionalidad por parte de los jueces para dictar sentencia, lo que puede actuar en favor del delincuente y que se agrava en el caso de los delitos del fuero común por la falta de un Código Penal homogéneo en todas las entidades federativas Además, los costos para la delincuencia también son bajos porque las leyes sancionan de forma diferente a un mismo acto delictivo, dependiendo de si fue cometido o no por un menor de edad De hecho, en México se considera que éstos no son sujetos jurídicamente capaces de cometer delitos sino faltas administrativas, por lo que sus actos delictivos enfrentan un costo menor al de los adultos En su capítulo de propuestas, el grupo financiero considera que la forma más efectiva para combatir a la delincuencia se encuentra en la prevención mediante el encarecimiento de los costos que enfrenta la actividad delictiva: castigos más severos, mayores probabilidades de detención y fortalecimiento de valores mediante la educación En particular, se propone: aplicar una política de "cero tolerancia" contra la delincuencia; aumentar los espacios dentro del sistema penitenciario; establecer un Código Penal homogéneo en materia común para toda la República; castigar los actos delictivos y no su intención, y disminuir la mayoría de edad en materia penal Asimismo, reformar el Código Penal en términos de prescripción de delitos; facultar al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para realizar labores de inteligencia, reformar la ley de amparo, establecer la figura jurídica de juez de pre-instrucción y fortalecer los valores cívicos en la educación En el DF, el mayor número de delincuentes En México, la inseguridad pública ha aumentado en los últimos 20 años El Distrito Federal tiene el mayor número de delincuentes, pero Sonora, Baja California y Colima tienen mayor incidencia delictiva; los delincuentes tienen baja escolaridad y trabajan en la industria o en el campo, y hay un incremento de la violencia en las actividades ilícitas Además de estas conclusiones, el estudio de BBVA-Bancomer sobre seguridad pública sostiene que las estadísticas policiales no son confiables La lucha contra la delincuencia no ha sido una prioridad dentro del gasto público; hay falta de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para combatir a la delincuencia; la mayoría de la policía sólo tiene educación primaria, mientras en Nueva York, 75 por ciento cuenta con licenciatura En la investigación, el grupo financiero explica que, según las cifras oficiales que cubren los hechos delictivos que se denuncian ante la autoridad correspondiente, el número de presuntos delincuentes del fuero común se incrementó 1229 por ciento, entre 1980 y 2000, en tanto que la población sólo lo hizo en 500 por ciento Además, la violencia y las lesiones han sido una característica particular de la inseguridad En los años de referencia, el número de presuntos delincuentes por infligir lesiones aumentó 694 por ciento Los delitos más frecuentes en las últimas dos décadas son aquellos que afectan la propiedad privada de los bienes, pues en este mismo período, el robo o asalto subió 2615 por ciento; los delitos contra la integridad física de las personas, como el homicidio, lo hicieron en 29 por ciento Esta situación refleja que las motivaciones económicas como causal de los delitos juegan un papel importante, si bien pueden existir otras de tipo psicológico o sociológico Según las más recientes estadísticas judiciales en materia penal del INEGI, en el 2000 las principales características sociodemográficas de la delincuencia en México fueron las siguientes: a) El número total de presuntos delincuentes fue de 183 mil 976, y de éstos, 405 por ciento se concentró en seis entidades federativas: Distrito Federal (108 por ciento), Veracruz (71), Estado de México (67), Baja California (55), Chihuahua (52) y Tamaulipas (50) Sin embargo, en términos de presuntos delincuentes, por cada cien mil habitantes, las entidades con mayor incidencia delictiva fueron: Sonora (4130), Baja California (4097) y Colima (3513), en tanto que las entidades con menor incidencia delictiva fueron: Hidalgo (942), Estado de México (946) y Puebla (1026) El Distrito Federal ocupó la posición once con 2311 presuntos delincuentes por cada cien mil habitantes, en tanto que el promedio nacional fue de 2172 b) El total de delitos por lesión fue de 35 mil 480 casos y 840 por ciento fue cometido por hombres c) El número total de delincuentes sentenciados ?aquellos a quienes se ha dictado una sentencia absolutoria o condenatoria? fue de 141 mil 723, de los cuales 902 por ciento fue de género masculino En los hombres, los delitos del fuero común que tuvieron mayor incidencia fueron el robo (404 por ciento), las lesiones (204) y el daño a las cosas (63 por ciento) d) En su mayoría, los delincuentes sentenciados (hombres) registran un bajo nivel educativo y se encuentran empleados en actividades industriales y agropecuarias: 803 por ciento de los delincuentes no cuenta con escolaridad igual o mayor a la preparatoria y están ocupados en actividades industriales (328) y agropecuarias (212 por ciento) e) Dentro de los delitos del fuero común, 374 por ciento de los delincuentes sentenciados tiene una edad entre 16 y 24 años, en tanto que 183 por ciento tiene más de 40 años En el estudio, llamado "La seguridad pública en México", BBVA-Bancomer asegura que en el Distrito Federal, con una población de 86 millones de habitantes, se presenta un promedio de 4656 delitos diarios de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) La delincuencia alcanzó su nivel más alto en 1997, con un promedio de 700 delitos diarios y, desde entonces, ha descendido 335 por ciento, según la PGJDF Sin embargo, el número total de delitos aún se encuentra 271 por ciento por encima del promedio de 3664 delitos diarios que se registraron durante 1993 ?primer año a partir del cual se reportan las cifras?, en tanto que la población aumentó 45 por ciento entre 1990 y 2000 Al igual que en el resto del país, en el Distrito Federal los delitos contra la propiedad privada han tenido una mayor incidencia en los últimos años Entre 1993 y 2001, el robo ha tenido un importante incremento en términos de su promedio diario: transporte (1290 por ciento), vehículo (972), transeúnte (651), casa habitación (266) y negocio (36 por ciento); los delitos contra la integridad física de las personas se han mantenido casi sin cambio, pues se pasó de un promedio diario de 25 a 22 homicidios dolosos y de 34 a 33 violaciones Sin embargo, un incremento de 177 por ciento en el delito por lesiones dolosas muestra que, además, la delincuencia se ha acompañado por una creciente violencia Continúa el grupo financiero: Si bien las cifras oficiales muestran que, por ejemplo, en el Distrito Federal el promedio de delitos ha disminuido a partir de 1997, no existe certeza de que las cifras de la PGJDF reflejen de manera precisa el comportamiento de la delincuencia en la ciudad, y lo mismo en el caso de las cifras publicadas por INEGI para el resto del país, puesto que un gran número de actos delictivos no se denuncia ante la autoridad y, por ende, no son registrados en las estadísticas El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calcula que sólo 14 de cada cien delitos se denuncian en el país Las razones por las cuales un alto número de delitos no se denuncia van desde el trámite burocrático que implica el proceso ante el Ministerio Público, hasta el temor por parte de las víctimas a enfrentar represalias de los delincuentes, toda vez que a lo largo del tiempo ha habido complicidades entre éstos y las autoridades Al referirse al combate a la delincuencia, BBVA-Bancomer señala que en México, el Poder Judicial impone las penas; la seguridad pública y la persecución de presuntos delincuentes están a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el ámbito federal, y en el local corresponde a las procuradurías y policías locales Sin embargo, en términos económicos la lucha contra la delincuencia no ha sido una prioridad dentro del gasto público Según el INEGI, en el período 1991-1999, el gasto en seguridad pública en los estados ?compuesto por aportaciones federales (PGR) y estatales? fue 21 por ciento del gasto administrativo total En 2000, el gasto presupuestado total para los rubros de seguridad pública y justicia en México fue de 03 por ciento del PIB, cifra que resulta muy inferior al gasto óptimo en seguridad y justicia que, a un nivel internacional, está entre 15 y 20 por ciento del PIB, y que es referido por la Coparmex El grupo financiero reconoce que en los últimos años se han registrado algunos avances en la proporción de recursos dedicados a la seguridad pública dentro del total del gasto administrativo de las entidades federativas con un incremento de 104 por ciento entre 1991 y 1999 En el caso del Distrito Federal, el gasto en seguridad pública (local y PGR) entre 1996 y 1999 representó 275 por ciento del total del gasto administrativo, y creció 166 por ciento Sin embargo, a pesar que se registran mayores recursos públicos para el combate a la delincuencia, la percepción entre la población es aún de una marcada inseguridad pública Por ejemplo, en el Distrito Federal, en una encuesta de El Universal, 552 por ciento de los entrevistados señaló que en enero de 2001 la delincuencia no había registrado variación alguna en relación con enero de 2000, en tanto que 248 por ciento tuvo la percepción de que ésta había aumentado y sólo 20 por ciento de que había disminuido Este tipo de percepciones entre la población permite pensar que ante las limitaciones en las cifras oficiales para medir de manera real el grado de la incidencia delictiva, los recursos destinados al combate a la delincuencia pueden estar siendo empleados de forma poco eficaz, por lo que la población ha tenido que aumentar su gasto en seguridad privada Entre 1998 y 2000, las familias mexicanas incrementaron su gasto en seguridad y vigilancia en 400 por ciento en términos reales Uno de los obstáculos históricamente más importantes para el combate eficaz a la delincuencia ha sido la falta de coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales, pues los delitos del fuero común no son perseguidos por una autoridad distinta a la local, y de esta forma los delincuentes pueden en muchos casos evadir la acción de la justicia con sólo trasladar sus operaciones a otra plaza Para respetar las áreas de competencia de las autoridades locales y, al mismo tiempo, realizar un combate coordinado contra la delincuencia, en 1994 se efectuaron reformas a los artículos 21 y 73 de la Constitución política, para crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); y en diciembre de 1995 fue publicada la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública El SNSP ?con financiamiento del Gobierno federal y de las entidades federativas? provee recursos para el equipamiento de las corporaciones policiales, la construcción y la modificación del sistema penitenciario, el establecimiento de la red informática de seguridad pública (bases de datos para conocer los procesos legales que se siguen en los estados, las huellas digitales de los delincuentes y la identidad del personal de seguridad pública, entre otros), la capacitación y la profesionalización policiaca, así como para la manutención de los reos En los últimos cuatro años de operación del SNSP ?cuya cobertura se espera sea de 900 por ciento en 2002? se han invertido 40 mil millones de pesos Esto ha permitido avances en materia de evaluación, certificación y capacitación del personal de seguridad pública, en registros de personal, armamento y equipo, en registros de delincuentes procesados, sentenciados y de fichas decadactilares, en registros de vehículos robados y recuperados, y en el establecimiento del número telefónico 066 para emergencias Pero según la prensa diaria, el SNSP presenta falta de espacios dentro del sistema penitenciario, rezago en la capacidad para almacenar información de parte de los gobiernos estatales y problemas en la disposición de los gobiernos locales para cumplir con todos los requerimientos del sistema Así, aunque el SNSP cuenta con recursos para el combate a la delincuencia ?no del todo aprovechados, pues sólo 25 por ciento del Sistema Nacional de Telecomunicaciones es utilizado?, enfrenta problemas de organización y voluntad política Otro factor que obstaculiza la acción gubernamental contra la delincuencia está en el ineficiente uso de los recursos públicos con que cuentan los gobiernos locales para su combate y control Por ejemplo, entre 1993 y 2000 el número de módulos de seguridad por delegación en el Distrito Federal se redujo en 495 por ciento, y el porcentaje de patrullas y jeep fuera de servicio, dentro del total de unidades, fue en promedio de 298 por ciento, entre 1997 y 1999, de acuerdo con el Anuario Estadístico del Distrito Federal 2000 Además, otro elemento que impide que el combate a la delincuencia sea efectivo, está en el bajo nivel de capital humano que existe dentro de las corporaciones policíacas Por ejemplo, en el Distrito Federal, y de acuerdo con el censo de escolaridad elaborado por el Instituto Técnico de Formación Policial, en 1999-2000, de 16 mil 326 policías, 730 por ciento contaba con un nivel educativo básico, 210, medio superior, y 40 por ciento profesional o técnico profesional En contraste, en el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York ?considerado en Estados Unidos como una de las corporaciones más eficientes en su combate contra la delincuencia?, el personal que ingresa como oficial de policía debe tener como mínimo 750 por ciento del total de créditos en estudios de licenciatura o su equivalente BBVA-Bancomer señala: "Por lo anterior, y a pesar que en los últimos años se han registrado avances en materia de seguridad pública, los resultados de la acción gubernamental pueden considerarse como limitados en términos de la baja frecuencia con la cual los presuntos delincuentes son capturados El CEESP estima que del total de los delitos denunciados, en sólo 99 por ciento de los casos el presunto delincuente es consignado De esta forma, en México la impunidad en la comisión de los delitos es muy elevada; según la Coparmex, del total de los delitos, 950 por ciento queda impune" 19/02/02