Los altos impuestos generan mayor economía subterránea

sábado, 18 de octubre de 2003 · 01:00
* Economistas de la Universidad de Colima analizan crisis de las Pymes Colima, Col , 17 de octubre (apro)- Las políticas públicas y la estructura de gobierno se han convertido en los más serios obstáculos para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del estado, señalaron Juan González García y Ana Lidia Magaña Castellanos, economistas de la Universidad de Colima En un estudio reciente, establecieron que en general los costos de registro, la regulación y los altos impuestos “propician la economía subterránea y estimulan la ilegalidad de parte o toda la actividad de muchas Pymes”, pues “la mayoría tiene algunas de sus operaciones legales y otras no, lo que les permite acceder a beneficios y minimizar riesgos” Si bien las pequeñas y medianas empresas que inician su actividad requieren reconocimiento de su actividad económica, el registro como contribuyente potencial y empleador; “el cumplimiento de estas normas implica costos diversos, cuyo total puede estimular a una decisión económicamente racional de operar ilegalmente, si ello implica costos menores” Sin embargo, a juicio de los autores de la investigación, “las principales consecuencias negativas de estas decisiones para las Pymes son su ‘entrampamiento’ en tecnologías de baja calidad y productividad; su mínima inversión; sus tensiones legales; en síntesis, la limitación a la expansión de su actividad económica” En su “Diagnóstico general sobre la competitividad de la micro y la pequeña empresa del subsector restaurantes, bares y hoteles”, Juan González y Magaña Castellanos llegan a la conclusión de que el hecho de aún sigan constituyéndose las Pymes como el motor de crecimiento económico, es más producto de la casualidad que del diseño de estrategias competitivas sólidamente estructuradas Según plantearon, lo que requiere la economía nacional y estatal es la aparición urgente de diversas estrategias encaminadas a fortalecer el desarrollo de estas empresas, pues “de lo contrario las Pymes nacionales (de capital mexicano) irán siendo sustituidas por la producción de las trasnacionales” En el caso de Colima, el problema central de las Pymes no es el financiamiento, pues por ejemplo en el subsector de restaurantes, bares y hoteles, 87por ciento de los micros y pequeños empresarios se autofinancian “Por lo tanto, ni el Programa Nacional de Financiamiento ni los programas estatales están orientados a combatir la problemática global de las Pymes colimenses, que es el bajo nivel de competitividad parcial y global, así como la inexistencia en las empresas de nociones de planeación estratégica” Desde el punto de vista de las instituciones, añadieron, el bajo nivel de competitividad “se explica porque existe nula confianza en las instituciones y el gobierno: 98 por ciento de los empresarios ven al gobierno como un enemigo que les entorpece su actividad Por lo tanto, están en un estado de resistencia ante cualquier propuesta donde se les involucre” En general, “México se enfrenta a la paradoja de la competitividad: es uno de los países más abiertos y de los menos competitivos; mantiene 10 acuerdos de libre comercio con 31 países de tres continentes y su índice de apertura al exterior es de 70 por ciento; sin embargo, de acuerdo con el último informe mundial de competitividad 2001, del Foro Económico Mundial, la baja competitividad lo ubica en el lugar 45 entre 59 países” Para elevar la competitividad de la economía mexicana, en particular de las Pymes, Juan González y Ana Lidia Magaña proponen redefinir diversos aspectos macroeconómicos, legales, laborales y administrativos “Se deben generar medidas específicas que expandan la oferta de servicios de ahorro y depósitos con plazos flexibles y costos totales mínimos, que les permitan expandir la actividad financiera entre las Pymes, en favor de su crecimiento sostenido” El estudio puntualiza que, un sistema legal favorable para las Pymes, implica mecanismos para emitir resoluciones formales de contratos a costos mínimos y sustitución de arreglos informales costosos por contratos con autocumplimiento garantizado

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