MÉXICO, D.F., 22 de noviembre (apro).- La elección de PC Capital como administradora de Mexicana de Aviación, por parte del gobierno de Felipe Calderón, se debe a que no quiere perder los permisos de horarios y rutas de vuelos a Estados Unidos, que se vencerían a mediados de diciembre próximo.
     Así  lo afirmaron Patricia Conde, comisionada del Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTAS), y el capitán Mauricio Aguilera, representante de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), quienes afirmaron que “cuando se recupere de la actual crisis, la intención es quebrar a Mexicana de Aviación”.
             Aguilera dijo que ni PC Capital ni las otras dos financiadoras que manifestaron su interés de invertir en Mexicana de Aviación –TGG y BMC-- son confiables. “Son puras caras visibles de un dragón venenoso que está detrás de los intermediarios financieros”, señaló.
               Durante el foro “Derechos humanos y el caso de Mexicana de Aviación”, realizado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Aguilera sostuvo que ASPA “no eligió a esa cosa”, en alusión a PC.
           Dijo que el gobierno federal que les advirtió que si no aceptaban a ésta empresa, la aerolínea quebraría.
 Señaló que cuestionaron a los secretarios del Trabajo y Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano Alarcón y Juan Molinar Horcasitas, por qué no hicieron la licitación y que la respuesta fue que por “eficientes”.
De los mil 40 pilotos miembros de ASPA sólo serán recontratados 280 y será por escalafón. En el caso de las sobrecargos deberán someterse a concurso y la más calificada se quedará con el empleo. Y de los 2,250 trabajadores de tierra sólo recontratarán a unos 1,500, incluidos de confianza.
Aguilera dijo  que cada cinco años hay una crisis en la industria aeronáutica porque el gobierno en turno ve a las aerolíneas como un “simple negocio” y no aplica políticas en la materia.
Afirmó que este es el caso de Gastón Azcárraga, de Grupo Posadas, que llevó a la quiebra a Mexicana de Aviación, quien “sigue en la impunidad, debido a que aportó dinero a la campaña presidencial de Felipe Calderón y a finales del sexenio foxista puso sus hoteles al servicio de Vicente Fox”.
“El gobierno federal ha actuado de manera absurda. En esto está la torpeza de Molinar Horcasitas, de Calderón y de su cuate Azcárraga, quien le financió la campaña. ¿Cómo el presidente se va a atrever a decirle que no?”, dijo Aguilera, un piloto con 28 años de servicio en Mexicana.
En su opinión, la finalidad de Azcárraga para “matar a Mexicana de Aviación” fue evitar el pago de jubilaciones.
“Afortunadamente cometió un error con el préstamo que le dio Bancomext porque en Aeroméxico, Volaris e Interjet se dieron cuenta de los enjuagues financieros que hizo para quedarse con 230 millones de dólares”, señaló Aguilera, quien dijo que el gobierno federal pretende abrir “otra mexicana de aviación, pero como aerolínea de bajo costo, tipo Link y Clic”.
Por su parte, Conde, trabajadora de tierra con más de 30 años de antigüedad, quien defiende la propuesta de TGG, de Juan Carlos Torres, afirmó que IXE presentó un plan de negocios igual al elaborado por PC Capital, aunque con la variante de liquidar a los trabajadores al 100 por ciento conforme a la ley.
“Con esto se demuestra que el gobierno no quiere que Mexicana se quede en otras manos porque se descubrirían las irregularidades cometidas. PC retoma lo que planteó Grupo IXE para la liquidación del personal, pero al 100 por ciento. Ahí Lozano Alarcón metió las manos”, añadió Conde.
Aguilera dijo que el acuerdo, aprobado por los sindicatos, es que les paguen el 25% en efectivo, un bono que podrán cobrar hasta dentro de siete años y el restante 50 por ciento en acciones “de una empresa que vale cero”.
Para el abogado laboralista Manuel Fuentes, este conflicto es la implantación de un modelo laboral que pretende aplicar el gobierno federal para evitar en el futuro el pago de las jubilaciones. “Es un nuevo modelo de relaciones laborales impulsado por empresas y avalado por gobiernos”, agregó.