MÉXICO, D.F., 8 de septiembre (apro).- El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advirtió hoy que los principales obstáculos para el desarrollo de las finanzas públicas y la economía de México son, entre otros, el excesivo gasto burocrático, el sobreendeudamiento y la falta de transparencia en la mayoría de las entidades federativas. 
Durante la presentación del “Índice de competitividad estatal 2010. La caja negra del gasto público”, el director de finanzas públicas del Imco, Juan Pardinas, destacó que en su totalidad los estados registraron un sobreejercicio por 587 mil millones de pesos entre 2006 y 2008.
De acuerdo con el experto, no se tiene certeza sobre la aplicación de ese presupuesto, sin embargo –dijo– el sobreejercicio de las entidades federativas refleja un gasto 1.5 veces superior a la reconstrucción de Chile después del sismo, o tres veces más de lo que necesitó Haití tras los terremotos de principios de año.
Esos 587 mil millones de pesos, añadió, equivalen a 12 veces de lo presupuestado para el plan de austeridad 2010-2012 del gobierno federal.
Según el documento elaborado por el Imco, las entidades menos competitivas en el país son: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Estado de México, con niveles similares a países como El Salvador y Nicaragua, de acuerdo con el índice de competitividad internacional.
En contraste, los estados más competitivos son el Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Aguascalientes.
En otro punto, el Imco reveló que el gasto para cubrir la nómina de burocracia en las entidades federativas alcanza el 67% del total de sus erogaciones.
Baja California y Nuevo León tienen el mayor gasto en nómina, que llega a 74%, mientras que el Distrito Federal es la entidad que tiene el menor gasto de servicios personales, con 43% del total de las erogaciones.
El texto detalla que los estados pueden obtener más recursos por distintas vías, entre ellas un esfuerzo tributario de los gobiernos estatales, mayores transferencias del gobierno federal o la contratación de deuda.
Sin embargo, el problema es la falta de transparencia en el uso de los recursos y la falta de garantías en la utilización del presupuesto.
“Dada la falta de criterios objetivos y transparentes que regulen la aprobación de subsidios, donativos, fideicomisos y procesos de contrataciones públicas, los recursos adicionales son asignados a programas o proyectos que no están sujetos a la rendición de cuentas, ni tienen claridad en cuanto a sus objetivos e impacto en el bienestar colectivo”, señala el documento.
El Instituto Mexicano para la Competitividad generó una metodología para evaluar la transparencia con la que se dan a conocer los ingresos y egresos de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, a través del Índice de Transparencia Presupuestal de los Estados (IIPE), que tiene valores del 1 a 100.
En los últimos tres años, la calificación promedio de todas la entidades ha sido reprobatoria: 54.3, 50 y 52 en cada año, respectivamente.
Ante ello, el presidente del Imco, Valentín Díez Modoro, señaló que antes de exigir más recursos de la sociedad, los tres niveles de gobierno deben gastar mejor el dinero público.
“Ante el ocaso de la riqueza petrolera, tenemos dos opciones: optar por un cambio profundo de los ingresos y egresos públicos, o que las circunstancias impongan las condiciones del cambio”, puntualizó.

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