Acuerdan senadores del PRI pugnar por reducción de IVA e ISR

jueves, 27 de enero de 2011

MEXICO, DF, 27 de enero (apro).- Disminuir la tasa general del IVA de 16 a 12%, y la del ISR del 30 actual a 25%, así como impulsar una reforma política que incluya las candidaturas ciudadanas, la figura del referéndum y un mecanismo de sustitución del presidente fueron, entre otros, los puntos que acordaron los senadores del PRI para impulsar la agenda legislativa en el próximo periodo de sesiones.
Luego de su reunión en Baja California Sur, los legisladores de la segunda fuerza partidista en el Senado dieron a conocer diez “ejes fundamentales” de su propuesta, entre las que destacan la reforma fiscal, política, así como iniciativas contra el lavado de dinero y la creación de mando único policial.
El documento es crítico en dos puntos fundamentales: El rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los priistas consideran que “la transición energética está estancada” y que, en el marco de la reforma hacendaria, harán propuestas para dotar de recursos a Pemex y “elevar el coeficiente de aprovechamiento de los yacimientos”.
Más críticos es el caso del IMSS.
El documento advierte que la administración federal panista “ha pretendido sostener la inminencia de una quiebra técnica con base en valoraciones actuariales de hace cien años”.
Los senadores priistas se comprometen además a llamar a comparecer al titular del Seguro Social y al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, con el fin de que “informen en qué se han aplicado los recursos, por qué el servicio del IMSS se ha deteriorado tanto y, en el contexto de una reforma hacendaria amplia, auspiciar la reforma de la seguridad social”.
En materia de reforma política, se comprometen a apoyar la ratificación del Senado de los integrantes del gabinete presidencial, aprobar mecanismos “de sustitución del presidente de la República, en caso de ausencia o incapacidad total”, así como “posibilitar las candidaturas ciudadanas”, incorporar mecanismos como el referéndum “para los temas que impliquen reforma constitucional” y establecer, asimismo, “la iniciativa popular”.
Su reforma fiscal propone reducir de 16 a 12% la tasa generalizada del impuesto al valor agregado (IVA) y de 30 a 25% la del gravamen sobre la renta (ISR), así como combatir la evasión fiscal y la informalidad.
“La reforma fiscal incluye la revisión del federalismo fiscal, dotando a las entidades federativas y a los municipios de potestades de recaudación”, afirma el documento.
El PRI propone una reforma constitucional y otra a la Ley Federal de Entidades Paraestatales para darles autonomía técnica y presupuestal a órganos reguladores, entre ellos las comisiones federales de Competencia, de Telecomunicaciones, de Mejora Regulatoria, Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos, de Riesgos Sanitarios y de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.
En materia de seguridad y justicia, los 33 senadores del PRI se comprometen a concretar una reforma en materia de lavado de dinero, impulsar “una reforma constitucional y legal para establecer el mando único policial” y cambios al Código de Justicia Militar para “armonizar” la legislación mexicana con las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También impulsarán una nueva Ley de Amparo para ampliar este juicio y “hacerlo más accesible a los ciudadanos, así como establecer las reglas que permitan que todas las personas que sean afectadas por leyes declaradas inconstitucionales, se beneficien sin necesidad de promover en forma individual el juicio de amparo”.
También se comprometen a apoyar la llamada “ley de periodismo de alto riesgo”, con el objetivo de que los delitos contra los comunicadores sean del orden federal, así como otra Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para facilitarles el uso de servicios e instalaciones públicas y privadas.
Asimismo, el PRI propone una reforma a la Ley General de Desarrollo Social para dotar de autonomía al Coneval y permitir “evaluar y reformar las políticas públicas orientadas al combate a la pobreza”.

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