VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó hoy que, por incumplir con los requisitos de ley, canceló el contrato para exploración y producción del campo Carrizo que mantenía con la empresa Administradora en Proyectos de Campos y se lo adjudicó a la empresa Dowell Schlumberger de México S.A. El campo Carrizo, así como los de Santuario y Sánchez Magallanes, fueron asignados en agosto pasado a la compañía mexicana Proyectos de Campos y la británica Petrofac Facilities Management Limited, ganadoras de la primera ronda de licitaciones de los Contratos Integrales para Exploración y Producción de campos maduros en la Región Sur. Estos tres primeros campos maduros abarcan una superficie total de 312 kilómetros cuadrados, con reserva de 207 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Su producción actual es de casi 15 mil barriles diarios y se estima que la entrada en vigor de los contratos permita incrementarla a 55 mil barriles. Este miércoles, Pemex informó que la empresa Administradora en Proyectos de Campos incumplió con los requisitos legales acordados al no presentarse el representante legal y no entregar la fianza requerida para garantizar el cumplimiento del contrato. La reasignación de dicho contrato se desarrolló en la sala de juntas de la Subdirección de Producción Región Sur ante la presencia del testigo social de la Secretaría de la Función Pública y del representante del Órgano Interno de Control de la paraestatal, donde se levantó el acta correspondiente en la que se dio fe de la omisión de Proyectos de Campos. En el acto, el contrato fue adjudicado a la empresa Dowell Schlumberger de México S.A, la cual, en la licitación pública abierta realizada el 18 de agosto en Villahermosa, presentó la segunda oferta más baja, con 9.40 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, por abajo del precio tope establecido por Pemex, que fue de 12.31 dólares. La empresa Proyectos de Campo había ofertado un precio de 5.03 dólares por barril. La paraestatal recordó que estos contratos se apegan totalmente a la legislación actual que fue aprobada a finales de 2008 por el Congreso de la Unión.