MÉXICO, D.F. (apro).- Con apenas unos 70 días de haber iniciado operaciones –en oficinas prestadas, sin equipo de cómputo ni red informática propios, y sin acceso a los espacios oficiales para difundir sus servicios–, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha podido atender a más de 900 contribuyentes que se han sentido vulnerados en sus derechos, lo mismo por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el IMSS, el Infonavit o la Comisión Nacional del Agua. Contribuyentes que reclaman devolución de impuestos son los que más han acudido a la nueva Procuraduría –entró en funciones el 1 de septiembre pasado–, pero también ciudadanos, que pagan sus impuestos, a los que se les han embargado sus cuentas bancarias, o quienes se quejan de multas injustificadas impuestas por las autoridades fiscales, entre los casos más relevantes. Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Prodecon, exigió hoy a los diputados que están analizando el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, un aumento al techo presupuestal asignado por la Secretaría de Hacienda, para poder prestar “decorosamente” los servicios a quienes pagan impuestos en el país. La ombudsman fiscal –quien ha sido diputada federal por el PRD, jefa delegacional de Iztacalco en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa–  informó, en conferencia de prensa, que originalmente solicitó a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de 700 millones de pesos, pero la Subsecretaría de Egresos sólo quería darle 240 millones. En el forcejeo, dijo, pudo arrancarle otros 100 millones. Pero 340 millones son insuficientes para atender la demanda de sus servicios, que ha registrado un crecimiento exponencial. Por eso, pidió hoy públicamente –ya lo ha hecho personalmente ante los legisladores– un incremento de cuando menos 160 millones, para completar los 500 millones de pesos, un mínimo para aspirar a una atención “decorosa” de los contribuyentes. Sustenta su petición en la tendencia observada en apenas dos meses y 10 días de operación de la Procuraduría: en septiembre se atendieron a 381 ciudadanos que pagan sus impuestos; en octubre a 441. Un aumento de 15%. Y en los primeros seis días hábiles de noviembre se atendieron 112 contribuyentes. “De seguir esta tendencia, el crecimiento exponencial de usuarios, únicamente para el mes de noviembre, será de 27% con respecto a octubre”. Pero, además, le parece incongruente y con poco sentido, que a instancias similares, ya bien establecidas, con muebles, inmuebles propios y toda clase de infraestructura, tengan presupuestos que en algún caso hasta triplican el de la Procuraduría que encabeza. Por ejemplo, citó los casos de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, que tiene un presupuesto asignado de 860 millones de pesos; Inmujeres, con 651 millones; Condusef, 632 millones, y la Profeco, con 935 millones de pesos. “Ellos tienen todo para operar. Nosotros nada, ni oficinas propias ni red informatica”, indicó Ladrón de Guevara. Le parece absurdo que los contribuyentes, que financian más del 65% del gasto público total del país, no tengan un presupuesto digno para su defensa. Por otra parte, informó que de los casi 950 contribuyentes atendidos en este breve lapso, unos 900 fueron de ciudadanos que acudieron de manera individual, y el resto entidades colectivas, como cámaras empresariales o asociaciones de profesionistas, que fueron a plantear problemas específicos que afectan a grupos completos de contribuyentes. En un desglose informativo entregado a los medios, la Procuraduría da cuenta de que ha recibido 149 quejas concretas, de las cuales 46 han sido resueltas y 103 están en proceso de aclaración. De las concluidas, más del 60% fueron favorables al contribuyente. Evidencia de que la Procuraduría tendrá cada vez más presencia y demanda es el hecho de que, aun sin difusión oficial, en septiembre se recibieron 54 quejas, y en noviembre fueron 89; en los primeros días del mes actual ya iban 10 más. De las quejas presentadas por los contribuyentes, el 60% corresponde a devoluciones del Impuesto sobre la Renta; 9% a embargo de cuentas bancarias; 7% a devoluciones de IVA y negativas de condonación y 6% a pagos parciales de impuestos. Obviamente, la mayoría fueron interpuestas contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el órgano recaudador de la Secretaría de Hacienda, toda vez que éste cuenta con 35 millones de contribuyentes, a diferencia de los 850 mil patrones registrados por el IMSS y el Infonavit. De las quejas contra el IMSS, 29% fueron por embargos a cuentas bancarias y 21% por multas. Diana Bernal hizo hincapié en el crecimiento espectacular que han tenido las quejas por el embargo de cuentas bancarias. Sin dar una cifra específica, señaló que –con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– el número de embargos de cuentas bancarias creció 400% en tres años, es decir, se cuadruplicó en ese lapso. Pero a la Procuraduría, dijo, han llegado casos extremos, como el de una persona minusválida cuyo único ingreso es por pensión, pero aun así le inmovilizaron sus cuentas de banco. A otra señora, de la tercera edad, que hacía depósitos mensuales de entre 3 mil y 8 mil pesos al mes, producto de su pensión, también le embargaron sus cuentas. No puede disponer, en el banco, de sus recursos. O casos más grandes, como uno planteado por la Concamin, en el que un contribuyente tenía un crédito fiscal (adeudo) por tres millones de pesos. Le embargaron todas sus cuentas y por cada una de ellas el fisco le quiere cobrar tres millones. En lo que hizo la aclaración, el contribuyente entró en estado de quiebra económica. Es un verdadero lío lo del embargo de las cuentas bancarias. Con la presunción de que el contribuyente sea un defraudador o evasor y para evitar que huya, es que se le embargan sus cuentas. Lo peor, dice Bernal Ladrón de Guevara, es que muchas veces ni se le notifica al contribuyente del adeudo que tiene. “Pero la autoridad piensa: ‘Ah, se me puede ir’. Entonces le embargo sus cuentas. Llega el contribuyente al banco y no puede disponer de sus fondos”. La ombudsman considera que en general las acciones fiscalizadoras del SAT son correctas, pero eso no implica que no haya casos donde haya violación de derechos”. Y ahí entra la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. “Los ombudsman no observan los actos buenos, que qué bueno que se produzcan, sino que atienden los casos de vulneración de derechos; es la defensa de la persona frente a abusos del Estado”, concluye Diana Bernal.