MÉXICO, D.F. (apro).- En un intento más por evitar la quiebra de Mexicana de Aviación, el juez décimo primero de distrito en materia civil en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, extendió hasta el 10 de febrero de 2012 el plazo para negociar el rescate financiero de la aerolínea. Antes de que el Juzgado Décimo Primero publicara dicho acuerdo, Consuelo Soto había informado, en entrevista con Radio Red, que el plazo para concluir el rescate de Mexicana se extendería hasta el 8 de febrero del próximo año. Asimismo, explicó que no es usual que un concurso mercantil dure tanto tiempo, sin embargo, agregó, en este caso se ha considerado la importancia de la empresa. Desde ayer se dio a conocer que el plazo límite se ampliaría, porque la contabilización de días se había hecho en días naturales, y no hábiles, según informó el juez. Sobre la represión de granaderos al plantón de trabajadores de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), ocurrida el pasado miércoles 9, cuando éstos bloqueaban el Eje Central y avenida Xola, el juez exigió a la SSP capitalina y federal que cumplan su mandato de la semana pasada e informen quién ordenó el desalojo. En un comunicado, Consuelo Soto requirió “de nueva cuenta a las secretarías en cita para que dentro del término de 24 horas informen a este órgano jurisdiccional, cada una en el ámbito de su competencia, lo requerido en el auto del 9 de noviembre del año en curso, esto es, quién ordenó el desalojo con el uso de la fuerza pública de las personas que se manifestaban en las afueras de la SCT en ejercicio de su derecho fundamental a manifestarse, consagrado en el artículo 9 de la Constitución, así como la presencia de elementos de la Policía Federal en la base de mantenimiento de Mexicana MRO”. Y más: Advirtió a los titulares de la SSP del Distrito Federal, Manuel Mondragón, y de la SSP federal, Genaro García Luna, que si no rinden los informes requeridos, les impondrá multas de 250 días de salario mínimo, equivalentes a aproximadamente 15 mil pesos. De acuerdo con el juez, “las justas demandas de los trabajadores manifestantes fueron suprimidas con la violencia y el temor, y debe decirse a dichas corporaciones policíacas que dada la importancia y trascendencia que tiene la empresa en concurso, la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo ese actuar, pues los hechos fueron difundidos por la televisión, prensa y radio". En respuesta a los señalamientos de la SSP-DF, en el sentido de que carece de facultades para formular requerimientos de ese tipo, Consuelo Soto afirmó que como rector del procedimiento concursal en el que actúa, según lo regula el artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, tiene las facultades suficientes para emitir los acuerdos que estime pertinentes en aras de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre los contendientes. En el caso de la Policía Federal, exige que se le informe no sólo quién envió agentes al hangar de Mexicana MRO –la única filial de Mexicana que aún opera–, sino también que se le expliqué cuál era el delito que se buscó prevenir o cuál era el desorden público que se buscó controlar. El pasado miércoles 9, durante el desalojo de sobrecargos por parte de granaderos, tres pilotos resultaron lesionados y 17 más fueron detenidos, entre ellos el dirigente de la agrupación, Fernando Perfecto, quienes una hora más tarde recuperaron su libertad. De acuerdo con la versión de Perfecto, los agremiados de ASPA, así como sobrecargos y trabajadores de tierra, se estaban congregando en las inmediaciones de la SCT para realizar un mitin y pedir al titular de esa dependencia, Dionisio Pérez Jácome, los atendiera para que les informara sobre el supuesto depósito por 400 millones de dólares que realizó un grupo de inversionistas interesados en reactivar las operaciones de la aerolínea, encabezados por Iván Barona. Un día después de esos hechos, el juez Felipe Consuelo Soto reveló que un grupo de inversionistas interesados en salvar a la aerolínea habían recibido presiones y amenazas para que se desistan de inyectar recursos a Mexicana y evitar así la declaratoria de quiebra. El juez confió que algunos inversores, cuya entidad se reservó, le informaron que inmediatamente después de que la STC tuvo conocimiento de que inversionistas mexicanos estaban interesados en salvar la aerolínea, recibieron llamadas anónimas, advirtiéndoles que “ni se les ocurriera meter dinero al fideicomiso porque nunca los iban a dejar volar". A raíz de dicha declaración, el director de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), Gerardo Sánchez Henkel, solicitó al Consejo de la Judicatura la remoción del juez Consuelo Soto, según denunció anoche el sindicato de trabajadores de tierra.