MÉXICO, DF, 1 de marzo (apro).- En México existen 200 entidades de ahorro popular que operan al margen de la ley, y se localizan principalmente en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, alertó hoy la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
     Luis Pazos, presidente del organismo regulador, señaló que las entidades de ahorro y crédito popular que reciben depósitos de forma irregular “se pueden convertir en un grave problema económico y social”, si bien reconoció que existen entidades “solventes” para seguir operando, y que esperan la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
     No obstante, invertir en ellas “conlleva mayor riesgo, ya que ninguna autoridad financiera conoce los aspectos contables y financieros ni cuentan con un Fondo de Protección, como es el caso de las entidades autorizadas”, aceptó.
    El exdirector de Banobras recomendó a la población “no dejarse sorprender con la promesa de elevados rendimientos a sus ahorros --por arriba de 10% anual--, que finalmente se convierten fraudes”.
Agregó que las entidades que no pueden regularizarse, enfrentan como obstáculo los altos rendimientos que ofrecen a sus clientes --entre 17 y 20% anual--, mismos que originan el incumplimiento del pago a sus ahorradores.
De acuerdo con la Condusef, existen dos tipos de entidades de ahorro y crédito popular: las Sociedades Financieras Populares (Sofipos); 40, de las 58 existentes, operan con autorización, y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps). De las 792  existentes, sólo 59 cuentan con autorización del gobierno, es decir, apenas 7.5%.
Además de las mencionadas, la CNBV clasifica a otro tipo de entidades, como las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) y  los Organismos de Integración Financiera Rural (Oifrs).
Luis Fabre, vicepresidente de la Condusef, señaló que a muchas de las Sofipos y Socaps les falta voluntad para concluir los trámites de regularización, como lo demuestran las cuatro prórrogas  que se han dado desde el 2005.  
Precisó que “las prórrogas no han servido para que se regularicen, sino para funcionar y desarrollarse dentro de este proceso de indefinición. Lo que ha faltado es voluntad de las instituciones para regularizar su situación; ahora le apuestan a una nueva prórroga”.
    El organismo regulador recomienda al público invertir en instituciones debidamente reguladas, no en entidades que no cuenten con un Fondo de Protección o que se encuentren operando al margen de la ley; además, advirtió, se puede invertir en instituciones en proceso de transición, aunque, convino, el riesgo es mayor.
     “Más de 90% de los problemas de captación indebida, insolvencia y fraudes se cometen en instituciones que no tienen autorización”, subrayó la Condusef.