MÉXICO, D.F., 25 de abril (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados en contra de los contratos incentivados de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la explotación del petróleo en diversas comunidades de Tabasco.
    La demanda fue presentada el pasado 15 de abril por un grupo de legisladores que están en contra de la licitación pública internacional de Pemex que permite a particulares la exploración y producción de petróleo a través de contratos incentivados de servicios en las áreas de Magallanes, Carrizo y Santuario, el en sur de Tabasco.
    Los ministros resolvieron que los legisladores “no tienen interés jurídico en el asunto, porque los contratos impugnados son ajenos a su esfera de competencia, facultades o atribuciones”.
    El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia explicó que los actos administrativos emitidos por Pemex en ejercicio de sus atribuciones legales, no son susceptibles de afectar la esfera de competencia y atribuciones del Congreso.
    Según los diputados que interpusieron el recurso, la licitación es inconstitucional porque se basa en un decreto del Ejecutivo, y el Congreso es el único con facultades para legislar en materia de hidrocarburos o regulación de la inversión extranjera.
    Además, sostenían que la licitación significaba una “sustitución o suplantación” de Pemex porque en los hechos facultará a los particulares para realizar acciones que son exclusivas del Estado, según el artículo 28 constitucional.
    A través de esos contratos, sostenía el Congreso en su denuncia, “se cederá al contratista la planeación, organización y operación de las actividades petroleras en el área contractual”, además de que participarán de la renta petrolera.
Esto último ya había sido denunciado en su momento por cinco municipios del estado de Tabasco, que en su momento también acudieron a la Corte para presentar una controversia constitucional en contra de la licitación.
En esa ocasión, también fue desechada por Ortiz Mayagoitia con el mismo argumento: que los municipios tampoco contaban con “interés legítimo”.
Por la mañana, los diputados perredistas Laura Itzel Castillo, Agustín Guerrero y Mario di Costanzo acudieron con el ministro presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, para plantearle sus inquietudes respecto a la controversia constitucional.
Luego de enterarse de la resolución de la Corte, interpusieron un recurso de reclamación en contra de la decisión del ministro Ortiz Mayagoitia, misma que será resuelta en los próximos días por una de las dos salas de la SCJN que podría confirmar o desaprobar el resolutivo.
De acuerdo con la licitación, Pemex asignará contratos integrales a un plazo de 25 años para la explotación de los campos maduros de Magallanes, Santuario y Carrizo.
En su página de internet, la paraestatal refiere que las tres áreas iniciales tienen una superficie total aproximada de 312 kilómetros cuadrados, una reserva total de aceite de 182 mil 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y de 124,700 millones de pies cúbicos de gas.
Señala que en esa región se han identificado unos 40 campos maduros con 420 millones de barriles de petróleo crudo equivalente que se pueden agrupar en ocho áreas.
Para la selección de las áreas, señala Pemex en su página, se evaluaron diferentes campos petroleros en los que se incluyeron criterios como el valor económico, las reservas, la disponibilidad y calidad de información técnica y las localizaciones a perforar de cada uno de los campos.
Afirma que con los nuevos contratos acercarán a las empresas a la extracción de crudo por primera vez desde la nacionalización del sector en la década de 1930.