MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, admitió que el sector de telecomunicaciones está lejos de ser el principal motor de la productividad en México. “Estamos muy lejos de lo que quisiéramos ver todavía. Necesitamos ver un sector de telecomunicaciones que sea el ejemplo de eficiencia en el país, no que sea ejemplo de un sector retrasado, de un sector que no es el principal motor de la productividad”, comentó el funcionario. Entrevistado después de su participación en la inauguración del Día de la Competencia, Pérez Motta manifestó su preocupación por el retraso en ese sector, pese a algunos cambios, como la reducción de precios en telefonía fija y móvil. Además, el presidente de la CFC celebró que el Poder Judicial otorgara a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) la facultad de decidir sobre controversias de interconexión entre operadores, fortaleciendo su papel frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Esto cambia completamente la dinámica del juego. En lugar de que los operadores tengan incentivos para que se tarden lo más posible los procedimientos, ocurre lo contrario cuando no procede la suspensión (en caso de que interpongan un amparo)”, afirmó. En febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la facultad de la Cofetel para fijar tarifas y otras condiciones de interconexión entre operadores de redes públicas de telecomunicación, en casos que no logren acuerdo. Por unanimidad, el pleno declaró constitucional la fracción X del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al considerar que la facultad no invade atribuciones del Poder Judicial. La decisión se tomó durante el estudio del amparo que promovió la telefónica Axtel, derivado de un diferendo tarifario con Telcel, para impugnar las facultades y competencia de Cofetel. De acuerdo con la demanda, la Cofetel es una autoridad administrativa y la resolución de controversias es atribución exclusiva del Poder Judicial, un argumento que dividió a los ministros acerca de si la resolución de Cofetel es un acto administrativo o jurisdiccional. La mayoría apoyó el proyecto que elaboró el ministro Luis María Aguilar, en el sentido de que la determinación de tarifas y otras condiciones no convenidas de interconexión es un proceso administrativo, ya que el Estado conserva la rectoría sobre bienes concesionados. El ponente argumentó que no existe controversia entre dos partes, en la que el Estado deba dar la razón a una de ellas, sino una omisión, por lo que el Estado reasume a través de Cofetel su facultad de determinar las condiciones para prestar un servicio público.