MÉXICO, D.F. (apro).- Aunque el endeudamiento de los gobiernos estatales no representa aún un riesgo sistémico, sí es impostergable ordenar y transparentar el manejo financiero de las entidades federativas, advirtió hoy el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). José Antonio Quesada, presidente del IMEF, dijo que pese al bajo endeudamiento de los estados, comparado con otros países, “hay algunas entidades que se han excedido, y por ello la población debe exigir cuentas, sobre todo en cómo se saldarán los pasivos adquiridos”. Al cierre de 2011, la deuda de las entidades federativas ascendió a 391 mil millones de pesos, en tanto que en 13 estados se concentró 81.4% del total de esta obligación, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las 13 entidades que acumulan ese 81.4% de endeudamiento son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Es por esa razón que Quesada Palacios consideró que “para que los gobiernos estatales y municipales sigan beneficiándose del financiamiento –a través de las participaciones federales–, urge orden y transparencia en su manejo financiero, de manera que todas sus obligaciones de pago, tanto financieras como con proveedores, queden perfectamente explícitas”. Según el organismo privado, el problema es la transparencia en el uso de los recursos y no el porcentaje de endeudamiento de las entidades federativas. De hecho, aclaró: “Lo que sí puede ser un problema para algunos estados y municipios son las condiciones financieras que restringen la liquidez, así como los excesos en autorizaciones de gasto a través de proveedores y contratistas, mismos que en los cambios de administración se renegocian”. El presidente del IMEF insistió en que la deuda de los estados del país es “prudente” e “inferior” al endeudamiento de los 34 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de que los pasivos de las entidades federativas no representan “un riesgo sistémico” para las finanzas públicas.