A partir de 2020, problemas de solvencia por aumento de adultos mayores: Inegi
MÉXICO, D.F. (apro).- A partir del 2020, la demanda de los servicios de salud y seguridad social se verá presionada por el aumento de la población en edad de trabajar y la cantidad de personas de la tercera edad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer las estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población, el Instituto señaló que según las proyecciones de población, el punto de inflexión entre la segunda y la tercera fase del llamado “bono demográfico” se dará en 2020 cuando la relación de dependencia cambie su tendencia y empiece a subir debido al aumento proporcional de las personas mayores.
“En esta fase a las demandas de servicios de la población en edad de trabajar se le sumarán aquellas que tienen que ver con la de los adultos mayores, los cuales tendrán un peso importante en la población total”, precisó el Inegi.
Según el organismo presidido por Eduardo Sojo, el “bono demográfico” es el periodo durante la transición demográfica en que la relación de dependencia disminuye, es decir, que aumenta el peso de las personas en edades potencialmente productivas respecto de aquellas que no lo son.
El bono demográfico tiene tres fases. En la primera (bono 1) la relación de dependencia disminuye, pero todavía se mantiene relativamente alta, por encima de dos personas dependientes por cada tres en edades activas. En la segunda fase (bono 2) alcanza niveles más favorables, por debajo de dos personas dependientes para cada tres en edades activas, y sigue bajando.
Según el organismo de estadística, a partir de 1970 la razón de dependencia empieza a descender hasta colocarse en 62 personas dependientes por cada 100 en edades activas en 2010, con lo que la población mexicana se ubica en la segunda fase del bono demográfico.
Mientras que en la tercera (bono 3), la relación de dependencia empieza a subir, debido al aumento proporcional de las personas mayores, pero todavía se mantiene en niveles favorables, por debajo de dos personas dependientes por cada tres en edades activas.
En menos de 10 años, el país estará en estas condiciones poblacionales. Sin embargo, el contexto no es tan alentador ante la carente educación entre los jóvenes y el alto desempleo en este sector de la población mexicana.
En este sentido, muchos de los jóvenes que residen en el país no asisten a la escuela:
Datos del Censo 2010 señalan que 42.7% de los adolescentes de 15 a 19 años y 77.1% de los jóvenes de 20 a 24 años no van a la escuela, en tanto que el nivel educativo de los jóvenes (15 a 29 años) muestra que 1.7% no tienen escolaridad, 15.8% cuenta con al menos un grado aprobado de primaria y 36.5% tiene al menos un año cursado de secundaria.
Sólo 28.5% cuenta con estudios a nivel medio superior y entre los jóvenes de 25 a 29 años, uno de cada cuatro (24.5%) cuenta con estudios a nivel superior.
En términos de empleo, la situación no es muy prometedora.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2011 la tasa de participación económica de los jóvenes (15 a 29 años) fue de 54.1%, de éstos, 91.3% están ocupados.
En contraste, 8.7% busca empleo y no lo encuentra. Esa tasa de desocupación juvenil es casi el doble de la tasa de desempleo nacional equivalente al 4.8%. “Entre los jóvenes que no encuentran empleo uno de cada ocho declaró no tener experiencia laboral, lo que podría deberse a la falta de oportunidades para adquirir esa experiencia combinada con la falta de información adecuada sobre el mercado de trabajo”, precisó el Inegi.
Subrayó que si el “bono demográfico” transita en condiciones económicas desfavorables, sin crecimiento ni ahorro previos, la carga de la población dependiente sobre el grupo productivo exigirá grandes transferencias de recursos de las personas activas a las personas mayores dependientes.
“Esto dará origen a una situación que puede provocar no sólo conflictos intergeneracionales, sino también problemas de solvencia que podrían poner en riesgo el financiamiento de sistemas clave como los de salud y seguridad social”.
En otras palabras, si no mejoran las condiciones laborales (tanto en cantidad como en calidad), la precarización tendrá consecuencias sobre los sistemas de seguridad social.
De hecho, el mismo Programa Nacional de Población advierte que “los desafíos no sólo se restringen únicamente a la cantidad de puestos de trabajo que requieren ser creados en los próximos años, sino también aluden a la calidad de los mismos, lo que implica el reto de generar un número cada vez mayor de empleos productivos y satisfactoriamente remunerados; esto presupone, entre otros aspectos, mejorar el grado de calificación y productividad del capital humano”.