MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) criticó que la inmovilización de cuentas bancarias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) “se ha convertido en ejemplo paradigmático de caso grave de violaciones a los derechos de los contribuyentes”. Al presentar el informe Estado de los derechos de los contribuyentes en México, la procuradora Diana Bernal Ladrón de Guevara señaló que al cierre de septiembre del 2012 el total de estos procedimientos ascendió a 296 millones 870 mil pesos. Sin embargo, 65% de los procedimientos iniciados fueron resueltos a favor de los contribuyentes. La Prodecon explicó en las 134 quejas de los contribuyentes por causa de la inmovilización de las cuentas bancarias, la autoridad recurre a prácticas como no notificar a los contribuyentes las causas de ese tipo de sanciones. No sólo eso, las autoridades no justifican la imposición de la medida precautoria porque no se actualizan los supuestos de procedencia o porque no se atiende a la naturaleza de un mecanismo de excepción. De acuerdo con los datos de la Prodecon, del año 2000 al 2012 los embargos precautorios del SAT a cuentas bancarias se dispararon en 5000%, no obstante, el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que éstos son inconstitucionales. Otra de las prácticas que subrayó la Procuraduría es que el monto de los depósitos resulta excesivo, ya que la autoridad no señala una cantidad determinada, embarga por completo a una cuenta, y el embargo “se traba” en todas las cuentas bancarias del contribuyente. Otro problema considerado “grave” para los contribuyentes es la falta de garantía de audiencia al importador mexicano en la verificación de origen. “Prodecon detectó como problema sistémico el consistente en que los contribuyentes a los que se les niega el trato arancelario preferencial de mercancías, en virtud de que el SAT lleva a cabo los procedimientos de verificación de origen previstos en el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), directamente con el proveedor o productor en el extranjero, sin notificar el referido procedimiento a los importadores nacionales”, señaló. Bernal Ladrón de Guevara dijo que también detectó que existe abuso por parte de las autoridades fiscales cuando determinan la imposibilidad para deducir los gastos y adquisiciones de algunos sectores comerciales con particularidades especiales, como los pequeños contribuyentes. “Se provoca un gran estado de indefensión jurídica que coloca a estos contribuyentes al borde de la ilegalidad y en muchos casos de la informalidad”, señaló la procuradora. Ante esta problemática, la Prodecon recomendó al SAT que reconozca a los sectores con particularidades especiales (que no generen los ingresos suficientes para declarar ciertos impuestos), a fin de emitir recomendaciones acorde a su realidad. La Procuraduría hizo un llamado a aprobar una reforma fiscal que contemple un esquema tributario más simple con impuestos generalizados y permita generar una cultura contributiva saludable. "Como Procuraduría tenemos una serie de recomendaciones con miras a la reforma fiscal que deberá aprobarse, nuestra postura es procurar un sistema más simple” acotó. Finalmente, detalló que la reforma fiscal debe cumplir con tres condiciones: Simplificación legal y administrativa; un principio de confianza para que no se vea al contribuyente como evasor sistemático; además de ser un sistema tributario simple, transparente y general.