Truena Coparmex contra Hacienda por desconocer nivel de deudas estatales

martes, 12 de marzo de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó como “inaceptable” que las autoridades hacendarias desconozcan el nivel exacto de las deudas adquiridas por las entidades federativas. Mediante un comunicado, el organismo presidido por Juan Pablo Castañón alertó que “preocupa mucho la falta de transparencia y rendición de cuentas de las finanzas estatales y municipales en todo el país. No existe un registro fidedigno en Hacienda (SHCP), ni en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y en algunos casos ni en los propios estados, sobre las deudas contratadas”. Agregó que el incremento desmedido del endeudamiento público en los gobiernos estatales y municipales, en algunos casos está poniendo en riesgo la estabilidad financiera en las entidades donde más se ha abusado. De hecho, señaló que pese a la versión de la SHCP quien ha manifestado que la llamada deuda subnacional, no representa un riesgo a las finanzas públicas del país, lo cierto, es que la tendencia es ascendente, superando lo presupuestado a programas sociales y de salud impulsados por el gobierno federal. “Más que la situación presente, preocupa la tendencia, pues ese monto casi se triplicó en los últimos seis años, y tan sólo el año pasado, el monto superó el de los principales programas presupuestarios para la superación de la pobreza, incluyendo Oportunidades, Seguro Popular y otros de educación, salud y vivienda, que recibieron 307 mil millones de pesos”, explicó. La Coparmex precisó que al cierre del 2012, la deuda subnacional alcanzaba un monto de 434 mil 761 millones de pesos a un plazo promedio de 15 años, con una tasa de interés promedio anual del 6.1 por ciento. El líder empresarial aseguró que “estamos lejos de situaciones de crisis de finanzas públicas como las que enfrentamos en el pasado reciente; sin embargo, no podemos darnos el lujo de ignorar que al cierre del año pasado”. En 2012, el monto de las obligaciones financieras de las entidades federativas representó el 86% de las participaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos de ese año, alcanzando así el 2.9% del producto interno bruto (PIB) de los estados. Como muestra, el organismo empresarial mencionó los casos de Tabasco y Coahuila. En la situación de Tabasco, el saldo de las obligaciones financieras pasó de 639.4 millones de pesos en 2006, a 2 mil 550.9 millones al cierre del primer trimestre del 2012. Mientras que en Coahuila, el saldo pasó de 486 millones de pesos en el 2006 también, a 36 mil 500 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2012. “Esa deuda representa casi el triple de las particiones federales que recibe el Estado de Coahuila, lo que significa que ni todos los recursos que recibe por este concepto alcanzarían para liquidar sus pasivos” mencionó. Ante esas situaciones, la Coparmex consideró que deben hacer a un lado intereses partidistas o de grupo y garantizar que quienes resulten que marcan nuestras leyes. Recordó que en su toma de posesión, Enrique Peña Nieto reconoció que la deuda de algunos estados y municipios ha llegado a niveles inaceptables, lo que pone en riesgo a las finanzas públicas de las presentes y futuras generaciones en esos estados, por lo que se comprometió a enviar al Congreso de la Unión un proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. “Los empresarios de Coparmex hacemos un llamado al Congreso para acelerar la discusión de las distintas iniciativas de ley presentadas por los principales partidos representados en el Congreso, PRI, PAN y PRD, que coinciden en lo esencial: la necesidad de sanear las finanzas de los estados y municipios” enfatizó. Sugirió que es necesario establecer mecanismos de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, encaminados a que los tres órdenes de gobierno se rijan por los mismos principios en el manejo de sus finanzas públicas y la contratación de deuda. Esto se logrará, según el sector patronal, estableciendo nuevos criterios en el acceso a las garantías de la Federación para el endeudamiento, y estableciendo expresamente que los empréstitos se destinen a inversiones públicas productivas y, en ningún caso, para financiar gasto corriente.

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