MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) aplaudió la decisión del gobierno federal de mantener en tasa cero el IVA a alimentos y medicinas, luego de trascender que la economía mexicana no crecerá lo esperado. Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Prodecon, señaló que “poner IVA en alimentos y medicinas, independientemente de lo de la justicia social, es una medida recesiva, porque el consumo de alimentos es base para otra serie de actividades, y entonces hubiera podido hacer que la economía creciera menos”. Luego agregó que otra razón para no gravar estos productos es que el decil de menores ingresos es el que destina la mayor parte de su ingreso a alimentos. “Entonces, creemos que en este momento para México es correcto que no se haya optado por gravar alimentos y medicinas”. En contraste, la Prodecon reprobó el hecho de que en la iniciativa de reforma hacendaria, propuesta por el gobierno federal, se cobre IVA en las colegiaturas de escuelas particulares. “Cuando en México tengamos una educación que logre abarcar a los jóvenes que quieren educación superior, o a los niños y niñas que quieran ir a la escuela, será el momento adecuado para un paso de esta trascendencia”, señaló Ladrón de Guevara. La procuradora señaló que la educación pública no tiene la oferta suficiente para la población, por lo que sentenció: “Siendo el derecho a la educación un derecho fundamental, así como es el derecho a la pensión, es un derecho humano fundamental reconocido en los tratados, debe estar protegido y, en ese aspecto, no consideramos conveniente ese impuesto para la enseñanza, si no vamos primero a lo que tenemos que ir, que es fortalecer la educación pública”. También reconoció que en la propuesta de reforma fiscal existen avances en términos de protección al contribuyente durante las auditorías que realizan las autoridades fiscalizadoras. Con las nuevas reglas que propone la reforma se incorporará una revisión electrónica más ágil para acortar el tiempo de duración de una auditoría, que hoy puede durar hasta 24 meses. Además, se introduciría en las auditorías una figura llamada “acuerdo conclusivo”.