El Senado aprueba ley de competencia económica

viernes, 25 de abril de 2014
MÉXICO, D.F., (apro).- Con 105 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen de la nueva Ley Federal de Competencia Económica, que busca dar certeza jurídica a los consumidores y eliminar los monopolios, con nuevas reglas de acceso a las empresas y a los mercados económicos. Como parte de las reformas también se aprobaron modificaciones al artículo 254 bis del Código Penal Federal, a fin de aumentar las sanciones a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores. Desde la tribuna, el panista Héctor Larios Córdova, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, destacó que con las modificaciones aprobadas este viernes se faculta a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) para revisar, emitir fallos y sancionar a las empresas que se desempeñen contra la competencia económica, que empleen prácticas monopólicas y lesionen el interés del consumidor. Y resaltó que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México hay mercados “donde los consumidores pagamos hasta 30% más de un sobre precio por falta de competencia o por manipulación mejor dicho de los mercados”. Añadió: “Hoy en México seguimos siendo, como alguno lo bautizó, un país de dos: dos proveedores de harina de maíz, que es el insumo esencial para la tortilla; dos cadenas de cines; dos canales de televisión; dos productores de cerveza; dos grandes embotelladores de refrescos; un gran productor de pan; dos productores grandes y distribuidores de pollo, una alta concentración en bancos, en cemento, en fierro, en telecomunicaciones, en aviación, en muchísimos mercados”. Por su parte, el priista José Ascensión Orihuela destacó que en el país los consumidores gastamos alrededor de 42% adicional por la existencia de mercados en algunos sectores de la economía con alta concentración, es decir con poca o nula competencia. Al fijar precios excesivos de productos y servicios, explicó, los mercados concentrados y los monopolios “reducen la capacidad de consumo y de ahorro de las familias, sobre todo de aquellas más vulnerables”. El presidente de la Comisión de Fomento Económico consideró que la ley en cuestión es una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico, generar más empleos y aumentar el bienestar de los mexicanos. Con la reforma, dijo, se protege el ingreso de los mexicanos, se generan condiciones para que los consumidores puedan adquirir productos y servicios más baratos y de mayor calidad, y sobre todo “no buscamos establecer un control excesivo ni afectar el desarrollo de las empresas”. No obstante, el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador de los senadores del PT, advirtió que la nueva Ley de Competencia no podrá combatir las prácticas monopólicas, porque incluso por encima de ésta se encuentra el Tratado de Libre Comercio de América del Note (TLCAN), instrumento que rige el manejo económico y hace intocables a las grandes empresas. La nueva legislación no protegerá a los consumidores de los entes económicos, porque el mercado no cuenta con una real regulación, dado que se autoregula mediante los intereses económicos de los grandes magnates y no se puede sujetar a la voluntad del gobierno, aseveró el exgobernador de Puebla. En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, criticó que la nueva ley no contiene ninguna definición de mercado relacionado y tampoco elementos que permitan tipificarlo. La ambigüedad de este concepto de mercado en esta legislación, añadió, ha generado problemas al momento de evaluar riesgos competitivos. La liberalización de la economía nacional en las últimas dos décadas, dijo, provocó que se pasara a una concentración de monopolios en manos privadas. Y recalcó que la nueva ley debe ser un verdadero instrumento regulador que evite la simulación en materia de control de las grandes empresas monopólicas. “Debe cumplir con los principios rectores para garantizar la libre competencia y concurrencia, prevenir, investigar prácticas monopólicas, concentraciones y restricciones al correcto funcionamiento de los mercados”, apuntó. Al presentar su voto particular, la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD, destacó que la iniciativa es un avance para propiciar la competencia, sin embargo, para que la ley se traduzca en resultados concretos, sostuvo, se requiere que la Cofece funcione con eficacia y transparencia. Asimismo, indicó que el Ejecutivo debe abandonar la simulación jurídica que ha acompañado el proceso de neoliberación de la economía, y enfatizó que las leyes no bastan para terminar con los monopolios, pues es el propio gobierno el que fomenta la concentración en las actividades económicas. Su compañero de bancada, Armando Ríos Piter, aseguró que como consecuencia de las altas concentraciones que hay en México, en los últimos 20 años el país “se ha dado el lujo” de crecer alrededor de 20%. “Un país con energía y con el tamaño de México en las últimas dos décadas no creció ni generó los empleos que demanda su población”. En ese lapso se permitió que el ingreso se concentrara en unas cuantas manos, “y como consecuencia ahora tenemos a más de 50% de la población en la pobreza. El debate de fondo es cómo garantizar que las instituciones cambien la estructura de incentivos que permanecen en el país”, apuntó Ríos Piter. De acuerdo al dictamen avalado, la nueva ley prohíbe los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyan, dañen o impidan la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios. También establece que la Cofece es un órgano autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, imparcial en sus actuaciones, y que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica. Dicha Comisión también podrá realizar visitas de verificación, citar a declarar a personas relacionadas con las investigaciones y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de la ley. Entre otras funciones, tendrá la facultad de formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público sobre las probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica, además de presentar solicitud de suspensión respecto de probables conductas contra el consumo y la riqueza nacional. La reforma reglamentará el Artículo 28 de la Constitución en materia de competencia económica, y establece que se sancionará con cinco a 10 años de cárcel y con mil a 10 mil días de multa a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o combinaciones con agentes económicos competidores entre sí para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes y servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados.

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