MÉRIDA, Yuc. (apro).- Al concluir su VI Cumbre, la Asociación de Estados del Caribe (AEC) emitió esta noche su Declaración de Mérida, en la que los países miembros reiteraron la permanencia del mecanismo como espacio privilegiado de diálogo y cooperación para avanzar en la integración latinoamericana y regional. El organismo, que celebró en esta ocasión su vigésimo aniversario con la integración de tres nuevos miembros –Martinica, Guadalupe y Saint Martin–, reiteró también su compromiso con el desarrollo regional integrado, incluyente y equitativo para asegurar un tratamiento favorable a las economías pequeñas y vulnerables, además de que y se solidarizó con Cuba y Venezuela. En la declaración, de 27 puntos, destacaron la relevancia del Gran Caribe, región que concentra cerca de la mitad de la población de América Latina y el Caribe, y representa 55% de su comercio total. Además, ratificaron su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los cuales son esenciales para asegurar un entorno de cooperación eficaz, incluyendo el derecho de cada pueblo de definir en paz, estabilidad y justicia su propio sistema político. E insistieron en su llamado al gobierno de Estados Unidos “para que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestra hermana nación de Cuba, derogue la Ley Helms-Burton y cese su aplicación extraterritorial en los estados miembros de la Asociación, en concordancia con las 22 resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas”. Asimismo, condenaron todos los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, “donde quiera que se cometan y quienesquiera que los realicen”, y en ese sentido se comprometieron “a cooperar para prevenir y reprimir eficazmente esta amenaza”, pues “rechazamos firmemente todas las evaluaciones, listas y certificaciones unilaterales”. También se solidarizaron con “el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante los actos de violencia ocurridos en ese hermano país, con un saldo lamentable de víctimas. “Reiteramos el compromiso irrestricto con la preservación del orden democrático, el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, y en este sentido apoyamos el diálogo amplio y participativo promovido por el gobierno constitucional con los actores políticos y sectores de la sociedad con el acompañamiento de UNASUR y del Vaticano”. También subrayaron la prioridad en materia de gestión integral del riesgo de desastres; transporte y mejora de la conectividad en la región; el desarrollo del comercio y las relaciones económicas externas, así como el turismo sustentable, y su compromiso para profundizar la cooperación en las mismas.