CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cúpula empresarial denunció que algunas de las disposiciones propuestas en la Ley de Ingresos 2017 “dañan los intereses del sector”, por lo que exigió a la Cámara de Diputados revisar esos rubros y modificarlos. “Entre los aspectos negativos, queremos hacer hincapié en cuatro que no deben pasar, porque realmente serían contraproducentes para las empresas y la actividad económica”, precisó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Preocupa mucho” el tema del acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por inversiones en períodos pre-operativos, puntualizó el organismo presidido por Juan Pablo Castañón. “De manera desafortunada, se difiere este derecho y la devolución del IVA por las erogaciones realizadas hasta el momento en que se inicien las operaciones de una empresa”, dijo. Esa propuesta implicará un costo financiero significativo para las empresas que estén invirtiendo y obligará a modificar los modelos de inversión, además de que representa “un claro retroceso y desincentivo para la inversión”, agregó. Otro tema de preocupación, sostuvo, es la retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por intereses. Según Castañón, la iniciativa modifica la mecánica de cálculo de la tasa de retención de ISR por pago de intereses, lo que dará como resultado un incremento en la tasa para quedar en 0.58% en lugar de 0.50% vigente. “Un incremento de tal magnitud contraviene a lo establecido en el pacto de no establecer nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes”. También señaló que en la propuesta del Ejecutivo se deberán incorporar reglas de gobierno corporativo para aquellas donatarias filantrópicas con ingresos de más de 100 millones o activos mayores a 500 millones, y se incorpora como supuesto de liquidación cuando les revoquen la autorización o cambien de residencia, debiendo en consecuencia transmitir la totalidad de su patrimonio a otra donataria, entre otras medidas. “Esto es inaceptable, generaría una gran incertidumbre e inhibiría la actividad filantrópica en México. Se requiere revisar”, subrayó. Por último, el CCE resaltó el incremento significativo en el caso de los derechos que se cobran por el análisis de las consultas en precios de transferencia. “Esto es muy gravoso para las pequeñas empresas, al pasar los derechos de 12 mil 912 pesos a 216 mil 308 pesos. Significará un gran esfuerzo y un gran costo para las pequeñas empresas”, señaló. Ante un escenario de desaceleración económica global y nacional, “apelamos a la sensibilidad de los legisladores federales para que actúen en consecuencia, a favor del crecimiento”, apuntó. Y demandó que en la Ley de Ingresos 2017 se conserven y refuercen los aspectos positivos planteados en la iniciativa del Ejecutivo federal, eliminar o enmendar los que tendrían efectos contractivos y añadir medidas que puedan impulsar la actividad económica, sin menoscabo de la salud de las finanzas públicas y del ajuste que hay que realizar.