CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Ni el discurso oficial que presume el crecimiento económico del país en condiciones externas adversas, ni el espaldarazo por parte del gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) pueden mejorar la percepción del país ante los inversionistas. Al contrario, este día Moody’s Investors Servic decidió cambiar la perspectiva de calificación del país de “estable” a “negativa”, aunque mantuvo la calificación “A3”, ante los lastres que arrastra la economía mexicana, pese a las reformas estructurales aprobadas en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto. De entrada, la agencia calificadora consideró que el déficit de Pemex, derivado de gastos operativos y de capital, así como de las necesidades de contratar deuda persistirán hasta 2018. “Si la compañía estatal no puede financiar este déficit en los mercados, el emisor soberano (gobierno) probablemente proporcionará alivio financiero para asegurar que Pemex pueda cubrir sus pagos de deuda y sus gastos de capital”, dijo. Ante la elevada cantidad de las obligaciones, Moody’s previó que el impacto fiscal de este apoyo podría “contrarrestar con creces todos los progresos realizados en la consolidación fiscal, la estabilización de deuda pública para 2018 y que se eleve la deuda del gobierno federal por encima del 40% del Producto Interno Bruto (PIB)”. De hecho, la deuda del gobierno federal creció a 34.4% del PIB en 2015, cuando en 2011 era de 27.9%, según la agencia y se espera que a finales de 2018 se estabilice a 37%. Sin embargo, existen más riesgos de que las obligaciones incrementen debido al crecimiento débil, la baja de ingresos y las presiones de gasto. “El menor crecimiento y un entorno de bajos precios del petróleo reducirán los ingresos fiscales. Si bien la reforma fiscal ha mejorado la estructura de los ingresos fiscales, las previsiones de Moodys son que los ingresos totales del gobierno federal se reducirán a 18.5% del PIB en 2016 desde 19.3% en 2015”, señaló la agencia con sede en Nueva York. En los próximos dos años, Moody’s evaluará los progresos en consolidación fiscal y la aplicación de los recortes de gastos en Pemex para hacer frente a las presiones de liquidez. De no encontrar resultados satisfactorios, esto sería una presión para bajar la calificación de México como emisor de deuda. “En ese caso, Moody tendría que evaluar la claridad y la credibilidad de los planes del gobierno para hacer frente al incremento de la deuda y el crecimiento menor y evaluar las consecuencias en la calificación”, precisó.