Sanciona Cofece a azucareros por prácticas monopólicas

martes, 21 de junio de 2016 · 19:20
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a 7 empresas, 10 personas físicas y a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) con multas que en total suman 88.8 millones de pesos, por haber cometido prácticas monopólicas absolutas durante 42 días entre octubre y diciembre de 2013. De acuerdo, con la comisión presidida por Alejandra Palacios, “los sancionados participaron y coadyuvaron, indujeron o propiciaron un acuerdo e intercambio de información con el objeto y efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de azúcar estándar y refinada comercializada por los ingenios”. Además, restringieron la venta de dicho producto a distribuidores y mayoristas, con el objeto de evitar que revendieran el producto, más adelante, a precios más bajos, detalló la Cofece. Entre quienes se vieron involucrados en dichas prácticas están las empresas como Zucarmex, Ingenio de Huixtla, Proveedora de Alimentos México, Azúcar Dominó de México, Central Motzorongo, Impulsora Azucarera del Trópico y Promotora Azucarera. Todos ellos, además de las personas físicas, cometieron las prácticas monopólicas absolutas que prevé el artículo 9, fracciones I y II de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) vigente en el momento de su realización. Por su parte, la CNIAA y su director General, Humberto Jasso Torres, resultaron responsables de coadyuvar, propiciar e inducir la realización y ejecución de dicho acuerdo. La Cofece informó que la investigación de este expediente (IO-006-2013) inició el 5 de diciembre de 2013 y derivó en un Oficio de Probable Responsabilidad (OPR) que emitió la Autoridad Investigadora de la Comisión el 19 de noviembre de 2015. “En dicho Oficio se expone que en el ciclo de producción de azúcar 2012-2013, periodo previo al que se cometió la práctica, la cosecha fue abundante en comparación con la zafra observada en periodos anteriores”, precisó. En consecuencia, el precio de venta del azúcar bajó significativamente respecto a los ciclos anteriores. De hecho, en octubre de 2012 el precio del bulto de 50 kilogramos de azúcar estándar en centros mayoristas del país fue de 447 pesos, para octubre de 2013 se situó en 351 pesos, disminución que resulta más crítica si se compara con el costo de octubre del 2011, cuando el bulto alcanzó los 730 pesos. La operación Ante la caída de precios y para revertirla, las empresas ahora sancionadas, con la intermediación de la CNIAA, celebraron el 29 de octubre de 2013 un acuerdo a través del cual fijaron el precio del azúcar al mayoreo y en el mercado spot en 350 pesos por bulto. Además, acordaron restringir la venta de azúcar estándar y refinada en territorio nacional a los mayoristas y distribuidores para así evitar que aquellos pudieran revender, más adelante, el producto a precios por debajo de los ofrecidos por los ingenios, con lo que aseguraban que el precio del azúcar no bajaría de este "piso". Para monitorear y verificar el cumplimiento de los acuerdos, las empresas sancionadas junto con la CNIAA crearon la "Mesa de Venta", esquema que operó por lo menos en 7 ocasiones durante el periodo de la colusión, a través de la cual ejecutaban las siguientes acciones o intercambios de información: Se realizaban las ventas de azúcar por parte de estas empresas azucareras a los clientes mayoristas; se verificaba e informaba a la CNIAA sobre las ofertas que cada empresa hacía en lo individual a sus clientes, indicando el ingenio, tipo de azúcar, volumen vendido, precio y condiciones de entrega. No sólo eso, la Cofece reportó que también se transparentaba a los cañeros el precio de venta de primera mano del azúcar en las operaciones con los mayoristas y en sus distintas calidades; también se cercioraban de que las ventas de los ingenios no estuvieran reduciendo "artificialmente" el precio. De esta forma, la manipulación de precios descrita, ocasionó una transferencia indebida de recursos de los consumidores a favor de los agentes económicos coludidos. En la resolución se estimó que la conducta sancionada habría generado un daño que se puede estimar en 87.1 millones de pesos.

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