CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cúpula empresarial hizo un llamado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para aclarar el cambio que realizó en la metodología del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015 para medir la pobreza, ya que de no transparentar esas modificaciones tanto el Inegi como el Coneval se juegan “su credibilidad”. Al emitir su mensaje semanal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que “es fundamental aclarar y resolver este debate: no sólo para encontrar algún mecanismo que le dé continuidad a la serie, sino para salvaguardar la credibilidad de ambas instituciones y de sus indicadores, la cual han ganado ya con muchos años de profesionalismo y exactitud en su trabajo”. El organismo presidido por Juan Pablo Castañón instó también al Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza de Desarrollo Social (Coneval) a no politizar el caso, luego de que el secretario ejecutivo de esa institución, Gonzalo Hernández Licona, manifestara su inconformidad por la decisión del Inegi de cambiar la metodología del MCS, como lo informa Proceso en su edición 2073, actualmente en circulación. Según el CCE, la capacidad y el prestigio de instituciones como el Inegi y el Coneval “son inclusive fortalezas para la macroeconomía, el desempeño de los mercados y la política social”. “En ese sentido, llamamos a no politizar este asunto, que es de carácter técnico y que puede y debe solucionarse con total transparencia. Si el termómetro no registra adecuadamente la realidad de la temperatura, jamás podremos recetar las medicinas adecuadas”, ejemplificó Castañón. Más allá del debate entre las dos instituciones, para el CCE el problema real es que la pobreza sigue siendo un reto de enormes proporciones “en el que no hemos avanzado de manera significativa a través de los años”. De acuerdo con la cúpula empresarial, “si bien muy lentamente, la pobreza extrema ha venido disminuyendo en términos relativos. Sin embargo, en números absolutos son más de 11 millones de mexicanos los que se encuentran en esta condición”. Con la tendencia que registraron las últimas mediciones, de menos de 0.5% en la reducción promedio anual, “tardaremos varias décadas en erradicar este flagelo, además de que la población total en pobreza definida como multidimensional integra a cerca de 55 millones de personas”, advirtió. No quedó ahí, pues el CCE advirtió que “llevamos tres décadas con un crecimiento promedio anual de 2.5%, mientras que en el corto y mediano plazos no se prevé un cambio importante en esta inercia”. Según la cúpula empresarial, si se ha logrado contener el crecimiento de la pobreza, ha sido sobre todo por la recuperación de la estabilidad macroeconómica, tras una pérdida de alrededor de 70% del poder adquisitivo de la población más vulnerable, luego de los desajustes y las crisis que se presentaron hasta 1995. Por eso consideró preciso apuntalar los equilibrios fundamentales, ante los riesgos que hoy se presentan en factores como la balanza de pagos y el déficit público, responsabilidad de la Secretaría de Hacienda a cargo de Luis Videgaray. El reclamo del CCE fue más allá al hacer llamado para que el gasto público sea cada vez más eficaz, transparente y con rendición de cuentas. Sentenció: “En este caso se pueden dar grandes pasos mejorando los programas de apoyo a la población con carencias, concentrando las baterías en los más eficaces y con resultados tangibles, incrementando de manera importante la inversión pública en infraestructura, hospitales y escuelas, y eliminando muchos que acaban siendo regresivos o clientelares”. Y no paró ahí: “Pero la estabilidad no es suficiente. Necesitamos crecer más, y para ello se requieren condiciones más propicias para el desarrollo del mercado interno y de las empresas: porque es allí donde se generan los empleos que brindan mejores oportunidades a las personas” Los empresarios también pusieron el dedo en el tema de la corrupción para contrarrestar la pobreza que flagela al país: “En cuanto al estado de derecho, no puede haber desarrollo sustentable ni político ni económico, con niveles de inseguridad, corrupción e impunidad como los que se registran en diversos ámbitos y zonas de México”. Señaló que tampoco podrá haber “desarrollo y la inversión que requerimos sin una absoluta certeza jurídica para la inversión y una total certeza sobre los derechos de propiedad. Cerca de 15% del ingreso promedio de los hogares mexicanos se destina a pagos extraoficiales. Entre los más afectados están los más pobres”. Para avanzar al ritmo requerido, el CCE sugirió fortalecer cuatro áreas críticas para abatir la pobreza: Más empleo, que sólo se genera a partir de inversión y crecimiento, sostenido e incluyente; una política social más efectiva; educación de calidad que permita la movilidad social, y garantizar el estado de derecho en todo el país.