CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reprochó al gobierno federal y al Congreso de la Unión su pasividad ante la reforma tributaria estadunidense, la cual ya fue aprobada y amenaza las inversiones en nuestro país. Mediante un comunicado, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, alertó: “Desde el mes de agosto pasado, ante las señales de avance del proceso legislativo de la reforma fiscal en Estados Unidos, que perfilaba cambios profundos como no se habían dado en los últimos 31 años en ese país… En México nada se hizo oportunamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (que entonces encabezaba José Antonio Meade, actual precandidato priista a la Presidencia) ni en el Congreso de la Unión para anticiparse a estas previsibles medidas”. Esa reforma incluye una reducción de la tasa corporativa a 21% a partir del 1 de enero de 2018, en lugar de la actual de 35%, es decir, una disminución de 14 puntos porcentuales Además, habrá un impuesto aplicable a ciertos pagos que las empresas americanas realicen a sus partes relacionadas en el extranjero, de hasta 20%. También pretende la eliminación del impuesto corporativo alternativo mínimo (AMT, por sus siglas en inglés). Por si fuera poco, la reforma abre la posibilidad para ejercer deducción inmediata de inversiones; cambios en las tasas de impuesto de las personas físicas; un esquema de repatriación obligatoria de capitales para empresas, así como la revisión de algunas deducciones, entre otros cambios. Para el sector patronal es necesario incorporar medidas urgentes en México que “sólo requieren de voluntad política”, mediante la puesta en marcha de un decreto presidencial para autorizar algunos estímulos a partir del 1 de enero de 2018 y así enfrentar el nuevo marco normativo fiscal de Estados Unidos. Las seis propuestas Entre esos estímulos, la Coparmex pretende que haya una deducción plena o del 100% de prestaciones laborales. De acuerdo con el organismo empresarial, actualmente las prestaciones como vales de despensa, becas educacionales y deportivas, fondos de ahorro, útiles escolares, reembolso de gastos médicos, dentales y funerarios sólo son deducibles en 47 o 53%. El segundo punto consistiría en restablecer la deducción plena al 100% de las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social. En tercer lugar, el empresariado exigió eliminar los efectos negativos de la retención definitiva de ISR de 10% por pago de dividendos a personas físicas. “Los inversionistas deben poder acreditar esa retención en su declaración fiscal donde se reflejan todos sus ingresos”, señaló Gustavo de Hoyos La cuarta demanda se trata de la deducción inmediata de inversiones, lo que implica implementar nuevos esquemas de deducción acelerada de inversiones, sin límite de ingresos para acceder al beneficio, a efecto de lograr promover la inversión, moderando su efecto recaudatorio por la aplicación del estímulo. Un quinto punto es la necesidad de acotar facultades discrecionales de las autoridades fiscales y, con ello, fortalecer una conducta objetiva en la aplicación de las disposiciones fiscales. “Ejemplo de ello es que se requiere adecuar las facultades de la autoridad en la cancelación arbitraria de sellos digitales para expedir comprobantes fiscales que trastorna la actividad empresarial”, explicó. Por último, la Coparmex planteó dar continuidad al programa de repatriación de capitales, lo cual contribuirá a un doble propósito; estimular la inversión en el país e incrementar la recaudación a través de la regularización de contribuyentes. “Además de implementar las medidas antes señaladas, para México resulta indispensable decidirnos a iniciar el análisis integral de las alternativas que tenemos para transformar nuestro sistema tributario competitivo a nivel internacional, a la vez de fortalecer la dinámica de crecimiento, impulsar un repunte de la economía en las regiones rezagadas, elevar la inversión privada, reducir la informalidad y lograr una mejor calidad de vida de los mexicanos”, señaló el organismo.