Con una 'correcta” reforma energética, la economía mexicana sumaría mil millones de dólares en 2040: Amexhi

miércoles, 14 de marzo de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si la reforma energética se implementa de manera correcta, la economía mexicana estaría sumando mil millones de dólares hacia el año 2040, aseguró este miércoles el presidente de la junta directiva de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), Alberto de la Fuente. “Debemos mantener el rumbo y el ritmo con una instrumentación apropiada de la reforma energética, esto permitirá no sólo resolver los retos que hemos heredado del modelo anterior, sino, sobre todo, nos ayudará a agregar un billón de dólares (mil millones de dólares) a nuestra economía en el 2040”, subrayó De la Fuente al presentar el documento “Agenda 2040: Transformando a México”. Con la reforma, precisó, la producción de petróleo pasará de 2.5 millones de barriles diarios en 2015 a 3.4 millones de barriles en 2040, lo que significa un alza de 36%. En su turno, Enrique Hidalgo, miembro de la junta directiva de la asociación y presidente de ExxonMobil Exploración y Producción México, explicó que “para tener esos niveles de inversión, que permiten elevar la producción, requerimos que todos --Pemex y las empresas del sector-- estemos actuando al tope de nuestras capacidades, y para eso es que necesitamos rondas de manera anual”. Agregó: “Se vuelve importante que la regulación sea cada vez más eficiente, con tecnologías que ayuden a cumplir obligaciones contractuales y legales de una manera más rápida y eficiente”. En este contexto, la Amexhi demandó destrabar los “cuellos de botella” en el mercado mexicano de energía, como la infraestructura, la capacidad de los puertos, almacenaje y el costo del transporte. Las propuestas “Agenda 2040: Transformando a México” es un documento de cinco capítulos donde se describe la historia del sector energético del país, se puntualiza sobre las implicaciones de la reforma energética y se dan proyecciones hacia el año 2040. La Amexhi pone en la mesa 10 propuestas para “potenciar” el Nuevo Modelo Energético Mexicano, y menciona en primer lugar la consolidación de un sistema de rondas anuales con fechas predecibles e independiente de los ciclos políticos o de precios, basado únicamente en los Planes Técnicos Quinquenales y el sistema de nominaciones. De igual manera, considera necesario profundizar los mecanismos de coordinación entre las distintas agencias regulatorias y secretarías de Estado, a fin de contar con mayores niveles de eficacia en la ejecución de programas. Como tercer punto propone dotar de autonomía a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y colegiar sus facultades de decisión, en términos similares a los que caracterizan a los demás reguladores del sector, para fomentar una certeza regulatoria de largo plazo, así como otorgar mayor autonomía presupuestal a todos los reguladores. También plantea un nuevo modelo de desarrollo de infraestructura, porque –subraya-- “sin una profunda expansión de la capacidad portuaria, de transporte aéreo y terrestre, educativa, de almacenamiento de energía y de transmisión de datos, el sector energético enfrentará importantes cuellos de botella y atrasos”. Se requieren mayores inversiones, tecnología, y competencia, bajo claros principios de transparencia, resalta el documento. En quinto lugar, sugiere avanzar en el acceso y desarrollo a la información y a la infraestructura, y mejorar los procesos de consultas públicas y de evaluación de impacto ambiental. Otro punto es el desarrollo de Petróleos Mexicanos (Pemex), es decir, crear mejores condiciones para que celebre alianzas que reduzcan su carga fiscal y riesgos, a la vez que mejore su financiamiento y capacidad de ejecución, al contar con más socios. En séptimo lugar propone la creación de una plataforma única digital para el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y contractuales, y simplificación de las mismas, sin menoscabo de los pesos y contrapesos entre agentes reguladores. Además, demanda fortalecer la seguridad jurídica de las inversiones, garantizando el acceso a mecanismos de arbitraje para la solución de controversias, tanto en leyes como en tratados. En noveno lugar plantea garantizar la seguridad física de los trabajadores, los activos, y minimizar el impacto negativo a las comunidades y el medio ambiente en donde se desarrolla el sector. Por último, propone desarrollar los recursos no convencionales, con el mismo ahínco que se han impulsado los convencionales, reconociendo la necesidad de encontrar términos contractuales que permitan competir en Norteamérica, avanzando en la disponibilidad de información sísmica y fomentando regulaciones y diálogo que den certeza a las comunidades y los operadores.