CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) propuso la creación de un Sistema Nacional de Pensiones en el que se busca hacer crecer la contribución obligatoria de afiliados al IMSS de 6.5% a 13.5 por ciento. En rueda de prensa realizada en el Club de Industriales, el presidente del organismo, Fernando López Macari, también planteó la reducción de las comisiones cobradas por las Afores, como parte de una reforma integral y urgente del sistema pensionario mexicano. Esta reducción se daría estableciendo reglas para “modular reductores más sólidos”, como podría ser el cobro por desempeño. En el periodo 2008 - 2018, la comisión promedio de las Afore se ha reducido cerca de 40% y actualmente se cobra un promedio de un peso por cada 100 pesos administrados en las cuentas de Afore. De acuerdo con el IMEF, el esquema de contribución obligatoria funcionaría de la siguiente manera: del 5% que aporta el patrón al Infonavit, reasignar 3% para la pensión; además, el patrón deberá aportar 1% adicional (y que esto sea deducible de impuestos) y el gobierno otro 1% adicional (sin costo fiscal adicional, sino haciendo reasignaciones). “Bajo el esquema de ahorro voluntario de autoafiliación con pari passu, de tal forma que el trabajador pone 1%, el patrón en pari passu un 1% (deducible)”, señaló el IMEF. Según los directivos, la medida es reconocer el ahorro pensionario de la carga social, con una estructura multipilar, considerando, por una parte, incrementar el ahorro obligatorio (pari passu) de gobierno, patrones y trabajadores. Por otra parte, otorgar deducibilidad al 100% de aportaciones a fondos de pensiones con reglas prudenciales de exigibilidad y, paralelo a esto, encarecer la informalidad. “Para ello será vital introducir una pensión universal financiada con recursos públicos, cuyo acceso sea para toda la población, sin tomar en cuenta si ya se cuenta con la pensión de algún instituto de seguridad social, pensión privada o si se encuentra en la informalidad”, explicó el IMEF. Para el instituto, “estas medidas tienen un sentido de urgencia ante la cercana probabilidad de tener una población en vejez empobrecida, reflejada en el reconocimiento por parte de la Consar, de que la población de la Generación Afore-IMSS tiene una cotización promedio cercana a 14 años de los casi 25 años que se requieren y con ello, solo 23.9% estaría en condiciones de acceder a una pensión al llegar a los 65 años. El 76.1% restante no cumpliría con dicho requisito y no podría pensionarse”.   Por un modelo de inclusión e igualdad: UNAM   En este contexto, especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM señalaron que los sistemas de pensiones en México son excluyentes y desiguales. En rueda de prensa por separado, la experta Berenice Ramírez señaló que siete de cada 10 adultos mayores no tienen la protección que otorgan los sistemas previsionales. Mientras que seis de cada 10 hombres y ocho de cada 10 mujeres no cuentan con una pensión. La experta recordó que para aliviar la falta de ingresos en la vejez, se iniciaron pensiones financiadas exclusivamente con recursos públicos, conocidas como “no contributivas”, como la ley de pensión alimentaria para los adultos mayores de 70 años, el programa Oportunidades, 70 y más, y los instrumentados por los gobiernos de los estados. No obstante, acotó, dichos programas no han funcionado adecuadamente porque se basan en un “cálculo político, en la rentabilidad electoral. Si se observa por estados, duran poco tiempo y no tienen financiamiento apropiado, por lo que están destinados a desaparecer al final de la administración que los implementa”. Ante ese panorama, Berenice Ramírez señaló que la construcción de una nueva propuesta de modelo previsional debe considerar el doble principio de inclusión e igualdad. “Se requiere una evaluación completa de los efectos de dispersión y baja cobertura de los actuales regímenes de pensión, y situarlos como resultados de políticas redistributivas reales. Si se pretende favorecer la equidad y disminuir los extremos, la pensión debe darse en un primer momento a quien carece de ella, o cuando el monto es menor a la línea de bienestar”, explicó.