CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) y la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que integra a más de sesenta organizaciones civiles, calificaron de absurda la propuesta priista de triplicar el salario mínimo para que quede en 265 pesos diarios a partir de enero próximo. “Absurdo que el PRI ahora sí pida que el salario mínimo se triplique. No basta un aumento, es necesario considerar un plan integral, gradual y multianual para la recuperación del salario”, aseveraron las organizaciones en un comunicado. La propuesta de triplicar el salario mínimo fue anunciada por el líder minero Carlos Pavón Campos, diputado priista por Zacatecas proveniente del sector obrero. Por el contrario, el IETD y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza consideraron “muy positiva” la postura del nuevo gobierno federal y por “algunos partidos políticos”, de aumentar el salario mínimo a 102 pesos, a partir del primer mes de 2019. “Reiteramos que la exigencia no se agota con el incremento al mínimo, porque lo necesario es lograr la recuperación gradual del poder adquisitivo del salario y la institucionalización de un mecanismo que fije el salario mínimo con criterios basados en el artículo 123 constitucional, para darle a los trabajadores un ingreso suficiente para la alimentación, educación, salud y cultura de su familia”, explicaron. Criticaron que el actual gobierno se ha negado a aumentar el salario mínimo argumentando que se desbocaría la inflación, “y ahora su partido adopta una posición irresponsable, lo que parece ser un intento de boicotear el proceso y trabarlo”. Piden, además, reemplazar “la onerosa e inútil Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), por una comisión honoraria que cada año se reúna para fijarlo bajo un criterio constitucional y con base en los datos de Inegi y Banxico”, resaltaron. Las organizaciones informaron que solicitaron una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar el tema del salario mínimo porque el monto fijado por el Estado mexicano “representa una violación de derechos humanos”.