CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reprochó que los legisladores no atendieran sus demandas en la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales. “Aunque en la etapa final del proceso algunos legisladores de distintas fracciones parlamentarias fueron sensibles y promovieron ajustes en este sentido, lamentablemente no transitaron por no lograr los votos suficientes”, atizó el organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín. La cúpula empresarial aseguró que “apoya firmemente” la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, pero la nueva legislación –advirtió-- generará “un justificado temor” en las empresas del país. “La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincidimos en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito. Sin embargo, como hemos advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes”, acotó. Para invertir, agregó, las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad. “Sin inversión no será factible lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que nuestro país requiere, ni los niveles de bienestar a los que aspiramos como mexicanos”, lanzó al gobierno federal. En ese mismo tono, dejó claro que las audiencias públicas parlamentarias no deben ser simples formalidades, ni mucho menos una simulación, sino que deben servir para nutrir y enriquecer el trabajo legislativo, que impacta a todos los ciudadanos. “Hacemos un respetuoso exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos”, exigió el CCE. Combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que compartimos, insistió, “pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales ni se dañe el desarrollo económico del país”.