CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Organización para el Desarrollo y Crecimiento Económicos (OCDE) redujo su pronóstico de crecimiento para México a 1.6% durante lo que resta del año, mientras que para 2020 el Producto Interno Bruto de México sólo logrará expandirse 2%. "En general, el crecimiento será demasiado modesto para permitir una reducción de las altas tasas de informalidad", señaló el organismo encabezado por José Ángel Gurría al dar a conocer el documento Perspectivas Económicas 2019: “La baja de la producción petrolera sigue representando un freno para la economía y la recaudación fiscal. La inversión se mantiene escasa, como un reflejo de la incertidumbre a nivel global y doméstico, pero también de la consolidación fiscal, la cual ha ayudado a detener el alza de la deuda pública aunque con una función redistributiva generalmente baja de la política fiscal”. Aún más, el reporte enfatizó que el crecimiento moderado no ha mejorado el nivel de vida relativo. Esto refleja un bajo crecimiento de la productividad, a su vez influido por el deficiente rendimiento educativo, el frágil estado de derecho, los obstáculos a la competencia y la informalidad generalizada. “Muchas de las reformas implementadas en fechas recientes para abrir la economía aún no han fructificado pues se requiere tiempo para que se concreten sus efectos, la implementación está aún en proceso y la reforma institucional está rezagada”, acotó. De acuerdo con la OCDE, la perspectiva de crecimiento del 1.6% está sujeta a riesgos considerables. De entrada, la rápida implementación de los planes de inversión para impulsar la producción de petróleo aumentaría las exportaciones y disminuiría el déficit en el comercio de energía, pero la meta de aumentar la producción de petróleo en la magnitud proyectada requerirá inversión privada adicional. Lo anterior sumado a un firme compromiso de combatir la delincuencia y la corrupción generalizada podría crear un entorno de negocios más favorable. “El aumento del crimen y de la inseguridad afectan negativamente la actividad económica y el bienestar de los ciudadanos, en particular de los desfavorecidos y las mujeres. Fortalecer la calidad institucional es una prioridad. Mejorar el débil estado de derecho también facilitará la implementación efectiva de iniciativas de políticas en otras áreas”, señaló el documento Por otra parte, el organismo internacional advirtió de la incertidumbre en materia de políticas, también en lo que se refiere a la necesidad de que todas las partes ratifiquen el nuevo acuerdo de comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, la desaceleración de la economía mundial y la renovada tensión comercial dificultarían las exportaciones y deprimirían la inversión privada. Recomienda modificar el sistema tributario De acuerdo con la OCDE, en México hay margen para elevar la relación impuestos-PIB de manera incluyente, al ampliar la base impositiva y continuar combatiendo el fraude y la evasión fiscales, incluso con el reforzamiento de las administraciones tributarias en los niveles federal y estatal. “Podría recaudarse IVA adicional si se aplica la tasa estándar de modo más general y al mismo tiempo se implementan subsidios orientados a la población en condición de pobreza… El umbral para la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta personal es relativamente alto y quienes reciben ingresos altos se benefician de muchas exenciones y deducciones”, explicó el reporte. Según el organismo, la reforma fiscal de 2014 subió los ingresos no relacionados con el petróleo, pero la recaudación fiscal es todavía menor que la de los países de la OCDE y de América Latina y el Caribe en promedio. Más aún, agregó, la reforma hizo poco para reducir la desigualdad en términos del ingreso disponible. Asimismo, la baja recaudación fiscal general limita el gasto social y la inversión en infraestructura. Para la OCDE, las relaciones fiscales federales afectan la calidad y la eficiencia de la prestación de servicios públicos. “Los mecanismos actuales de compensación fiscal no han fomentado la convergencia regional ni han reducido la desigualdad entre los estados. Aclarar las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno y lograr un mejor ajuste entre la prestación de servicios y la recaudación fiscal mejorarían la rendición de cuentas en los ámbitos estatal y municipal y elevarían la recaudación fiscal”, recomendó Asimismo,  señaló que los programas sociales son demasiados y no siempre llegan a la población más pobre. En ese sentido, detalló que “utilizar la base de datos de beneficiarios del Sistema de Información Social Integral (SISI) y combinarla con el censo social podría ayudar a detectar la inexistencia de derechos, duplicaciones de beneficiarios, carencias materiales en los hogares y duplicidad de los programas sociales”. Además, recordó que con ello se liberarían más recursos para cubrir las necesidades de los grupos más vulnerables. Reducir la fragmentación en la prestación de servicios de salud y en los sistemas de pensiones mejoraría la igualdad y la calidad de los servicios, así como la sostenibilidad fiscal.