CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 291 votos a favor, 142 en contra y una abstención, la Miscelánea Fiscal para 2021, que permitirá al Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomar imágenes y videos de los bienes de los contribuyentes en sus domicilios fiscales, garantizando la salvaguarda de la información obtenida. También se avaló el bloqueo temporal a plataformas digitales que incumplan con la retención y pago de impuestos, como Uber, Netflix, Spotify, Airbnb y Amazon, entre otras. De igual manera, se legisló para que las operaciones de las donatarias sean transparentes y no incurran en prácticas de lucro. Quedaron fuera del dictamen las cuotas complementarias para gasolina y diésel. El escrito aprobado esta noche reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y del Código Fiscal de la Federación. En el documento se realizaron adecuaciones normativas en el sentido de no crear nuevos impuestos, así como combatir frontalmente la corrupción y la impunidad, la evasión y elusión fiscales, incluyendo propuestas en materia de simplificación administrativa, seguridad jurídica, modernización, gestión tributaria y eficiencia recaudatoria como ejes principales. Entre los cambios a dichos ordenamientos destacan la eliminación de los Programas Escuelas Empresa como donatarias autorizadas y el establecimiento de que todas las erogaciones que se efectúen, sin excepción, deben estar amparadas con comprobante fiscal digital por Internet y no ser consideradas como remanente distribuible. El dictamen precisa que las donatarias autorizadas perderán su autorización en caso de que obtengan la mayor parte de sus ingresos (más del 50%) de actividades no relacionadas con su objeto social. Asimismo, establece un mecanismo de control efectivo del destino de los donativos. Y se deroga la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales de transparencia y de evaluación de impacto social. Destaca la obligación a las plataformas digitales de intermediación de realizar la retención del 100% del IVA cobrado, cuando presten sus servicios de intermediación a residentes en el extranjero sin establecimiento en México, ya sean personas físicas o morales que proporcionen servicios digitales a personas ubicadas en el país. Se libera a las plataformas digitales de intermediación que procesen los pagos que efectúen la retención de IVA, de la obligación de proporcionar al SAT diversa información de los residentes en el extranjero, sin establecimiento en México, que presten servicios digitales en cuyas operaciones hayan actuado como intermediarios. Se crea un mecanismo de control para que cuando los contribuyentes prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero, sin establecimiento en México, incurran en omisiones fiscales graves, se pueda llevar a cabo el bloqueo de acceso a Internet de sus servicios.

Contra el huachicol fiscal

La discusión más álgida se dio sobre los alcances de las visitas del SAT a los contribuyentes. Al final se aprobó por la mayoría la siguiente redacción: “Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales, el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que, previo cotejo con sus originales, se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. “También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. “Las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o archivos electrónicos que sirvan como constancia de los bienes y archivos que existen en el domicilio fiscal, los cuales quedarán protegidos en términos del artículo 69 de este código. “Cuando se utilicen herramientas tecnológicas, las autoridades deberán acreditar que éstas fueron asignadas por la autoridad fiscal en la orden de visita en términos del artículo 46 de este código. “Estas herramientas deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para que la información que se recabe no sea expuesta de manera indebida. El SAT deberá emitir las reglas de carácter general para regular estos supuestos”. El pleno camaral también aprobó que “los visitadores tendrán la facultad para realizar la valoración de los documentos o informes obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita, así como de los documentos, libros o registros que presente el contribuyente para desvirtuar los hechos u omisiones mencionados en la última acta parcial. “La valoración comprenderá la idoneidad y alcance de los documentos, libros, registros o informes de referencia, como resultado del análisis, la revisión, la comparación, la evaluación o la apreciación, realizadas en lo individual o en su conjunto, con el objeto de desvirtuar o no los citados hechos u omisiones”.

El debate

El bloque opositor conformado por el PAN, PRI, MC y PRD llevaba un discurso uniforme. Expuso que la Miscelánea Fiscal promovida por las bancadas de Morena y aliados no incorporaba ninguna medida para paliar la crisis económica y sanitaria y, por el contrario, incluía nuevos impuestos y restricciones a organizaciones sociales y plataformas digitales. Abogaron por el ingreso básico universal y coincidieron en que la mayoría parlamentaria legislaba en contra de los mexicanos. En particular el Partido Acción (PAN) propuso bajar el IVA al 10% y el ISR al 25%. En contraparte, los legisladores de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) insistieron en que el dictamen aprobado no incluye nuevos impuestos y sí un combate a la corrupción, la evasión y elusión fiscal. Luego de aprobado en lo general empezó la discusión de las decenas de reservas interpuestas por el bloque opositor.