CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al limitar su política migratoria --y de cierto modo su política exterior-- a la contención de personas y la militarización de la lucha contra la migración irregular, en línea con la agenda política de Estados Unidos, México “puede perder oportunidades políticas, económicas y demográficas”, de acuerdo con un informe del Colegio de México (Colmex).

El documento, elaborado por nueve investigadores bajo la coordinación de Claudia Masferrer y Luicy Pedroza, destaca la necesidad de encontrar un nuevo acuerdo migratorio en un país donde la violencia generalizada y las altas tasas de homicidio siguen expulsando a miles de personas.

México –abunda-- cuenta con el 10% de su población en otro país, principalmente en Estados Unidos, y se convierte cada más en un destino temporal y permanente para personas originarias de Centroamérica.

“Para un país con el perfil migratorio complejo de México, centrar una estrategia migratoria en reducir la emigración es absolutamente insuficiente y, nos atrevemos a decir, fútil”, puntualiza el informe, y añade que en la situación actual el gobierno mexicano “admite como su función contener la migración (…) evita así el enfrentamiento con Estados Unidos, implementa programas internos como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica y no se pronuncia respecto de las condiciones internas de estos países”.

En la investigación se analiza la política migratoria de México desde enfoques demográficos, de seguridad y de políticas públicas, y deplora que “el actual gobierno mexicano parece privilegiar las aspiraciones estadunidenses sobre la contención de la migración centroamericana frente a los intereses demográficos propios”.

“Desde que Donald Trump comenzó a enfocarse en el tema de la migración, la política exterior mexicana se ‘migratizó’ y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que prioriza su proyecto interno, buscó adaptarse a las presiones de Estados Unidos en política migratoria y subordinó sus propios planes en ese ámbito”.

Asimismo, recuerda que la “Nueva Política Migratoria” presentada al principio del sexenio promovía un “trato humanitario” a los migrantes.

“El resultado fue que la contención se volvió el eje articulador de la política migratoria mexicana y de las relaciones de México con Centroamérica”, recalca, y deplora incluso que “la política exterior se limite casi exclusivamente al fenómeno migratorio”.

Prueba de ello, según el estudio, fue el traslado de la responsabilidad de la política migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a su titular, Marcelo Ebrard Casaubón, en septiembre de 2019, desplazando a la Secretaría de Gobernación (Segob) como entidad tutelar del Instituto Nacional de Migración (INM).

El informe también detalla que 10% de la población nacida en México vive en el extranjero, y cerca de 5 millones de personas mexicanas viven en Estados Unidos sin papeles, lo que las convierte en “retornadas potenciales”, con oportunidades limitadas y estigmas una vez de regreso en México.

“Las estrategias de seguridad pública de México siguen privilegiando el enfrentamiento armado del Ejército, la Marina y ahora la Guardia Nacional sin obtener los resultados”, abunda el texto, que documenta el incremento en el número de solicitudes de refugio presentadas por personas mexicanas a Estados Unidos, con bajísimas tasas de aceptación.

Aparte, señala que México se ha convertido cada vez más en un país de destino temporal y permanente, con 112 mil 864 residentes originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras registrados en 2020, una cifra superior en 66% a la reportada cinco años antes; a esta población se suman las decenas de miles de personas retornadas a México bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (PPM) –mejor conocidos como el plan Quédate en México-- y las 170 mil solicitudes de asilo y refugio recibidas en los últimos siete años.

Igualmente, resalta que desde 2019 la política exterior de México hacia Guatemala, Honduras y El Salvador “está prácticamente subordinada a la política de contención migratoria de Estados Unidos”, lo que margina temas fundamentales de las agendas bilateral y multilateral, y resta a México relevancia como actor en la región.

Finalmente, refrenda que “México y Guatemala harían bien en abstenerse de creer que este papel (de reguladores de la migración) los ‘promueve’ con respecto al perfil de países expulsores, no sólo porque continúan siendo origen de emigración, sino porque el papel de reguladores les resta autoridad para posicionarse en defensa de intereses más amplios, coherentes con su realidad migratoria”.