Standard & Poor's

S&P ratifica calificación de la deuda soberana del país en 'BBB' con perspectiva 'Negativa'

La agencia calificadora advirtió que las señales políticas mixtas y una mayor centralización de la toma de decisiones políticas bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador "han socavado" la percepción de los inversionistas privados y con ello las expectativas de la tendencia de crecimiento.
martes, 15 de junio de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) ratificó la calificación de la deuda soberana del país, que se ubica en ‘BBB’ con perspectiva ‘Negativa’.

Además, advirtió que las señales políticas mixtas y una mayor centralización de la toma de decisiones políticas bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “han socavado” la percepción de los inversionistas privados y con ello las expectativas de la tendencia de crecimiento.

La firma fue clara en su reporte: “El retroceso en algunas políticas y la renegociación de contratos establecidos, particularmente en el sector energético, y la incertidumbre sobre la autonomía de los organismos reguladores y del Poder Judicial que presionen la estabilidad de las políticas y deprimen aún más la inversión, podrían llevarnos a bajar las calificaciones”.

Por el contrario –abundó--, una gestión económica eficaz que mejore la confianza de los inversionistas y fomente la inversión privada podría mitigar la debilidad estructural de las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que a su vez ayudaría a reforzar las finanzas públicas sólidas.

Además, adelantó que iniciativas más amplias de políticas para reformar el régimen fiscal de México podrían impulsar la flexibilidad presupuestal y ampliar la base tributaria no petrolera.

“Eso, junto con medidas para contener el potencial pasivo contingente que plantean las empresas estatales en el sector energético, podría evitar una erosión del perfil financiero del soberano. Podríamos revisar la perspectiva a estable durante el próximo año en tal escenario”, señaló.

S&P planteó que las calificaciones de México se basan en las fortalezas y debilidades de su democracia, la cual ha generado estabilidad política y cambios regulares de gobierno en las últimas dos décadas.

De hecho, puntualizó, el Instituto Nacional Electoral (INE) recién supervisó las elecciones que en general no presentaron problemas ni impugnaciones, para alrededor de 20 mil cargos, las más grandes en la historia reciente del país.

Sin embargo, advirtió, México no ha logrado dinamismo económico en comparación con otros mercados emergentes ni ha mejorado la seguridad pública.

“Esto ha llevado a una mayor polarización en el país, entre partidos tradicionales y más coaliciones o movimientos antisistema. En nuestra opinión, la pandemia afectó de manera negativa el crecimiento de México que ya estaba presionado, y esperamos que el crecimiento del PIB real per cápita se mantenga por debajo del de sus pares con un nivel similar de desarrollo económico en 2021-2024”.

La agencia calificadora con sede en Nueva York puso énfasis en los resultados de las elecciones federales donde el partido del presidente, Morena, y los miembros de su coalición, obtuvieron una sólida mayoría en la Cámara de Diputados y 12 gubernaturas.

Pero al mismo tiempo, destacó, los avances de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) despojaron a la coalición de Morena de su súper mayoría en San Lázaro.

“Si bien la administración mantiene en general el control de la agenda legislativa, necesitará el apoyo de los partidos de oposición para aprobar cualquier enmienda constitucional. Esto indica la facilidad con la que el presidente puede avanzar políticas más polémicas en la segunda mitad de su mandato”, precisó.

Además, previó una amplia continuidad en la política fiscal y monetaria en los próximos años, en el contexto de los recientes cambios anunciados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que estará bajo la titularidad de Rogelio Ramírez de la O, y del Banco de México, donde Arturo Herrera fue propuesto como nuevo gobernador.

La calificadora proyectó un PIB per cápita de aproximadamente 9 mil 600 dólares en 2021 y un crecimiento del PIB real de 5.8%, impulsado por la “robusta” demanda en Estados Unidos.

“La recuperación económica de Estados Unidos debería continuar impulsando la demanda externa, incluida una recuperación del turismo, ya que las vacunas están más ampliamente disponibles. Para 2022-2024, esperamos que el crecimiento se desacelere hacia tasas de tendencia con base en una baja inversión privada, altos niveles de informalidad y limitado acceso al crédito”, previó.

Sin embargo, agregó, las expectativas de crecimiento para la economía mexicana a largo plazo se ven limitadas por los muchos años de inversión moderada a baja del sector privado, la baja inversión del sector público en infraestructura, la calidad relativamente baja de la educación, los altos niveles de delincuencia y la incertidumbre judicial.

Lo anterior ha provocado que durante las últimas dos décadas el crecimiento promediara 1.5%. Y, además de un ligero descenso en 2019, el PIB real se contrajo 8.2% en 2020, ya que México se vio muy afectado por la pandemia.

S&P no dejó de mencionar el “Talón de Aquiles” que significa Petróleos Mexicanos (Pemex) para las finanzas públicas del país.

“Algunas de las iniciativas de política del gobierno pesan sobre la confianza del sector privado, y se han tensado las relaciones con éste. En nuestra opinión, esto es resultado del escepticismo del sector privado sobre la estrategia de crecimiento del gobierno, que incluye un mayor rol para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los sectores de energía y electricidad, y la preocupación en torno a la independencia de varios organismos reguladores”.

Añadió: “Existe el compromiso de apoyar a Pemex con inyecciones de capital, alivio tributario y a través de operaciones de gestión de deuda. En nuestra opinión, tales medidas de apoyo pueden empeorar las finanzas públicas del soberano en ausencia de ajustes de políticas. El gobierno había señalado una posible reconfiguración de la base tributaria después de las elecciones intermedias. Cómo las políticas fortalecerán la base tributaria no petrolera sigue siendo una interrogante, al igual que cualquier revisión de la política energética”.

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