CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La International Chamber of Commerce México (ICC México) exigió al Poder Judicial de la Federación resolver de forma urgente la sobrecarga de trabajo que tienen los dos jueces de Distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

De acuerdo con el organismo, se trata de más de 5 mil demandas de amparo rezagadas y sin número de expediente, por lo que –subrayó-- se están violando los derechos humanos e incurren en actos irregulares que pueden causar daño a los particulares.

“En este momento existen aproximadamente 5 mil demandas de amparo rezagadas en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito señalados que fueron presentadas hace más de tres meses y a la fecha de la presente no han sido admitidas, aun cuando el artículo 112 de la Ley de Amparo prevé que se proveerá al respecto dentro de un plazo de 24 horas contado a partir de que la demanda fue presentada”, advirtió. 

Incluso, agregó, dichas demandas no cuentan siquiera con número de expediente y, por tanto, es imposible realizar alguna gestión ante el juzgado asignado.

El “atasco” en los juzgados se debe a los cambios regulatorios efectuados por el Ejecutivo federal. 

Tan sólo en los últimos cuatro meses, dichos órganos jurisdiccionales han recibido más de 6 mil demandas de amparo, lo que representa un aumento de más de 710% con respecto al primer semestre de 2019. Ello sin contar el mes de agosto, en el que se han promovido cientos de demandas más.

Para ICC, la saturación y el rezago de los órganos jurisdiccionales es entendible. No obstante, apuntó, ello no releva a las instituciones del Estado mexicano, como el Poder Judicial Federal, del deber que les impone el artículo primero de la Constitución de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho fundamental de acceso a la justicia, dentro de los plazos que prevén las leyes.
 
No sólo están violando los derechos humanos, sino que están incurriendo en actos irregulares que pueden causar daños a los particulares que no tienen deber jurídico a resentir, apuntó.
 
“El juicio de amparo es por excelencia el mecanismo de protección de los derechos humanos. Hoy, este mecanismo no funciona debido a la sobrecarga de los jueces”, alertó. 

En este contexto, la International Chamber of Commerce México solicitó la intervención urgente del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para garantizar la regularidad en el funcionamiento del juicio de amparo, como medio de control constitucional por excelencia.

“Las empresas buscan ambientes de certidumbre legal y estabilidad macroeconómica para invertir. El retraso masivo en la atención de demandas de amparo por parte del Poder Judicial provoca incertidumbre y desalienta la inversión. Ninguna empresa arriesgaría capital para invertir en un país en el que el Estado no garantiza reglas claras y mecanismos funcionales para denunciar y protegerse de la aplicación arbitraria de las mismas”, remató.