BOGOTÁ (apro).- Desde el domingo 4 de diciembre, la noticia dominante en Colombia no es ni el inicio del desarme de las FARC ni el Premio Nobel de la Paz que recibió el sábado en Oslo el presidente Juan Manuel Santos. Es un infanticidio con todas las agravantes: el de la niña indígena Yuliana Samboní, quien ese día fue violada, torturada y estrangulada por su victimario, el arquitecto y constructor Rafael Uribe Noguera, cuya familia pertenece a lo que en este país se conoce como “la aristocracia bogotana”. Y el enorme interés mediático y ciudadano que ha alcanzado el caso se debe a que es mucho más que un asunto policiaco y se está develando, en realidad, como un crudo relato de abuso de poder y de la manera como la clase alta intenta ocultar sus pecados y obstaculizar a la justicia. Colombia está indignada por la saña con que un “gomelo” (como le llaman en este país a los niños ricos habituados a salirse con la suya) abusó y victimó a una humilde niña de siete años de edad, y por la forma en que su poderosa familia ha intentado proteger al asesino. Rafael Uribe Noguera es un acaudalado solterón de 38 años que, según las investigaciones de la Fiscalía, consumía droga y alcohol en exceso, era aficionado a la pornografía infantil y estaba habituado a actuar al alero del poder que le daban la fortuna familiar y las conexiones políticas y sociales de sus padres y sus dos hermanos. En la Universidad Javeriana, donde cursó su carrera, fue denunciado por plagiar su tesis de grado, pero la investigación nunca prosperó porque, según excompañeros, su papá, el próspero empresario de la construcción Rafael Uribe Rivera, era el decano de la Facultad de Arquitectura. Y exnovias y excompañeros del Gimnasio Moderno, colegio de la elite bogotana donde Rafael Uribe Noguera cursó su preparatoria, lo describen como un joven “irregular, impulsivo, complejo y grosero”, que hacía “bulling” a estudiantes tímidos o que era enfermizamente celoso con sus parejas. En 2012, el infanticida y violador escribió en su cuenta de Twitter: “#MeLaVuela mi falta de autocontrol”. Pero más allá del retorcido perfil psiquiátrico del asesino y del acto atroz que cometió, la sociedad colombiana intuye que hay manos siniestras tratando de entorpecer la investigación de este caso. El viernes pasado, apareció muerto el vigilante del edificio donde ocurrieron los hechos, Fernando Merchán Murillo, quien precisamente estaba de turno ese domingo y era un testigo clave de la Fiscalía. Y el sábado, el policía Cristian Camilo Santiago fue encontrado con un balazo en la cabeza en la comisaría que atendió el caso Yuliana. Extraña y sospechosamente, tanto en la muerte de Merchán Murillo como en la del policía las autoridades manejan como hipótesis inicial el suicidio. Pero casi nadie en Colombia cree en esa versión. Lo único que ha generado son toda clase de suspicacias. “Ni en CSI (la serie policiaca estadounidense) descubren tan rápido un suicidio”, escribió en su cuenta de Twitter la periodista Claudia Morales. Un país indignado Horas después de que se conoció el asesinato de Yuliana miles de colombianos salieron espontáneamente a las calles a pedir castigo ejemplar para el adinerado arquitecto. Y en las redes sociales se desarrolla una intensa campaña para impedir cualquier tipo de impunidad. Y es que, después de que Rafael Uribe Noguera secuestró a Yuliana, alrededor de las 9:30 de la mañana del domingo 4, mientras la niña jugaba con sus primos en la calle de un barrio marginal, y de que el padre de la menor, el albañil Juvencio Samboní, denunciara minutos después el hecho a la policía, pasaron más de 12 horas sin que el asesino fuera detenido. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el homicidio ocurrió en un departamento propiedad de Uribe Noguera en el edificio Equus 66, construido por la empresa de la familia. La policía descubrió alrededor del mediodía de ese domingo que la camioneta Nissan X-Trail color gris en la que el delincuente secuestró a la niña estaba a nombre de Laura Arboleda, esposa del hermano de Rafael, Francisco Uribe Noguera. Hoy se sabe que la policía habló por teléfono con Laura y con Francisco y que este, que es abogado, dijo que ese ese vehículo se lo vendieron a su hermano Rafael pero que no se había hecho el trámite de cambio de propietario. Además, proporcionó a los investigadores una dirección de residencia de su hermano diferente a la del departamento donde Yuliana fue victimada. Francisco Uribe Noguera no es cualquier abogado. Hace dos años fue acusado de urdir un entramado legal para que grandes empresas colombianas se apropiaran en forma irregular de más de 40 mil hectáreas de terrenos de la nación de alta productividad. El domingo 4, el vigilante del edificio Equus 66 que cinco días después apareció muerto escribió en la bitácora de la portería que a las 3:40 de la tarde ingresaron al departamento de Rafael Uribe Noguera sus hermanos Francisco y Catalina. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que la escena del crimen fue “manipulada” con el propósito de afectar la investigación. El cadáver de Yuliana fue hallado abajo del jacuzzi del departamento del asesino y el cuerpo había sido limpiado con aceite. Francisco y Catalina fueron citados por la Fiscalía para rendir declaración. Pero también hay sombras de dudas sobre esa institución porque un hijo del fiscal general fue compañero de escuela del asesino de Yuliana y es novio de una prima de él, Laura Noguera. Además, es familiar de Miguel Uribe, actual secretario de gobierno de Bogotá, y sobrino de Jorge Noguera, director de organismo estatal de inteligencia durante parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y condenado a 25 años de prisión por homicidio y nexos con paramilitares. La politóloga Sandra Borda escribió en su cuenta de Twitter: “¡Cómo será el nivel de endogamia de élites en este país que cae uno de sus miembros y resulta amigo/conocido/familiar de casi todo el resto!”. Las maniobras En lugar de entregar a su hermano a las autoridades, Francisco Uribe Noguera condujo al homicida la noche del domingo a una clínica psiquiátrica pero no lo aceptaron. Ante el rechazo, lo internó en un hospital especializado en medicina cardiovascular argumentando que tenía una sobredosis de cocaína. Fue allí donde esa noche, más de 12 horas después del secuestro de Yuliana, quedó bajo custodia policiaca. Evidentemente, Francisco buscaba tejer la hipótesis de que su hermano tiene problemas mentales, que cometió el homicidio en un momento de locura y que, por tanto, es inimputable penalmente. Las autoridades judiciales establecieron que Rafael Uribe Noguera consumió cocaína muchas horas después de abusar y asesinar a Yuliana, y que lo hizo “para no concurrir más adelante ante la justicia” argumentando que no tenía control de sus actos. Esto pudo haberlo hecho cuando sus hermanos estaban con él. El homicida, violador y torturador está recluido en una celda de aislamiento en la cárcel La Picota de Bogotá. Sus custodios creen que si lo dejan en un área común será atacado por otros reclusos. La Fiscalía sospecha que el acusado, quien el martes pasado recibió el auto de formal prisión, pudo haber cometido otros infanticidios que ya están bajo investigación a la luz del caso de Yuliana. La menor fue sepultada el viernes en un empobrecido caserío rural del sureño departamento del Cauca. Allí, de donde su familia había salido hace cuatro años a Bogotá en busca de trabajo, Yuluiana fue despedida por una multitud que exigió justicia y una sanción ejemplar para el homicida. Este lunes, ante la versión de que Rafael Uribe Noguera estaba intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de feminicidio a cambio de una rebaja de pena, el organismo judicial aseguró que no habrá ningún beneficio para el criminal. Pero los colombianos creen, con razón, que en este caso hay “mano negra”.