BOGOTÁ (apro).- Luiz Inácio Lula da Silva, el exobrero metalúrgico que llegó a la presidencia de Brasil en su cuarto intento, y que durante sus ocho años de gobierno sacó de la pobreza a 25 millones de compatriotas, quiere volver a ser presidente. Y quiere volver a serlo con más ganas que nunca, porque lograrlo significaría la reivindicación política de su nombre. Hoy, el expresidente de 70 años de edad está en el centro de una tormenta político-judicial desatada por su detención. El pasado viernes 4 la Policía Federal allanó su casa en Sao Paulo para presentarlo a declarar en una comisaría por su presunta participación en el entramado de corrupción de la gigante petrolera estatal Petrobras. La Fiscalía brasileña lo acusa de haber recibido unos ocho millones de dólares en pagos por conferencias, viajes y regalos provenientes de constructoras a las que sirvió de cabildero para obtener contratos en Petrobras, entre ellas la del empresario Marcelo Odebrecht, a quien incluso habría ayudado a ganar proyectos en el extranjero. Las imágenes de Lula rodeado de comandos de la Policía Federal no sólo indignaron a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, su aliada política y correligionaria en el Partido de los Trabajadores (PT), quien consideró la captura como una “innecesaria conducción coercitiva”, sino que en pocos minutos dieron la vuelta al mundo y ocuparon los principales espacios en los medios electrónicos de América Latina. Parecía una situación impensable para Lula, el expresidente centroizquierdista que se erigió durante su mandato (2003-2010) como el líder más influyente y carismático de Latinoamérica, el que aplicó las políticas sociales más aclamadas de la región y el que hizo viable la histórica aspiración de Brasil de actuar como una potencia emergente en la geopolítica global. Sueño frustrado Pero más allá de los cargos en su contra, la detención de Lula, quien fue liberado el mismo viernes, tras rendir su declaración, simboliza el momento de declive que vive un país que, según la historiadora brasileña María de Lourdes Lyra, ha tenido desde su origen, como colonia portuguesa, “una idea de grandeza imperial, de vasto y gran imperio”. Y Lula, como presidente, alimentó ese sueño. Durante su mandato de ocho años, Brasil –una nación de 204 millones de habitantes y un territorio casi tan grande como el continente europeo-- creció a tasas anuales promedio de 4.06% y multiplicó por cuatro su Producto Interno Bruto (PIB). En 2003, cuando Lula llegó al poder, era la quinceava economía del mundo. En 2010, último año de su mandato, había subido ocho peldaños y era la séptima. Con ese peso específico, el presidente de la potencia emergente construyó un sólido liderazgo en Sudamérica y con el respaldo de Rusia, India, China y Sudáfrica, socios de Brasil en el grupo de los Brics, se convirtió en una respetada figura global que criticaba el unilateralismo de Estados Unidos y pugnaba por la construcción de un mundo multipolar. Su colega estadunidense Barack Obama lo catalogó como “el político más popular del planeta” y la revista Foreign Policy lo consideró una “estrella del rock en la escena internacional”. Poco antes de dejar la presidencia, en enero de 2011, cuando tenía una aprobación interna del 80%, Lula dijo: "Es un momento glorioso, casi mágico, de la historia del Brasil". Y proclamó que en 2016 su país sería “a quinta maior economía do mundo” (la quinta mayor economía del mundo). Pero ello no ocurrirá, y es probable que el incumplimiento de esa promesa –y la manera en que este hecho económico ha impactado el bienestar de los brasileños-- sea el telón de fondo de su presentación “coercitiva” en una comisaría policiaca y de la investigación judicial que busca llevarlo a juicio. Recesión Y es que justo en 2011, cuando Lula traspasó el poder a Rousseff tras apoyar a la candidata del PT con toda la fuerza de su prestigio, la economía de Brasil comenzó a dar signos de agotamiento. En 2014 entró en franca recesión. Los dos últimos años el PIB brasileño se ha contraído en 3.8%, y en 2016 retrocederá otro 3.5%. Y el vaticinio de Lula de que Brasil sería este año “a quinta maior economía do mundo” no sólo se frustró, sino que el país amazónico caerá al finalizar 2016 al noveno puesto del escalafón, desplazado por India e Italia, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese contexto de crisis económica –que en buena parte se explica por la desaceleración de China, su principal socio comercial, y por el desplome de los precios de las materias primas, que habían sustentado el alto crecimiento de los últimos años–, en 2014 explotó un escándalo de corrupción en Petrobras que desde entonces cimbra al gobierno de Rousseff y que acabó por salpicar a Lula. Según la Fiscalía, entre 2004 y 2012 fueron desviados de Petrobras fondos por entre 2 mil y 8 mil millones de dólares. Estos recursos los aportaban, vía sobrecostos, grandes constructoras a las cuales funcionarios corruptos adjudicaron enormes contratos. El expediente judicial contra Lula señala que, durante sus ocho años como presidente, él “era el responsable final de la decisión sobre quiénes serían los directores de Petrobras, y fue uno de los principales beneficiarios de los delitos” cometidos en esa empresa estatal. Esa es la acusación judicial. Pero el hecho político es que, según una encuesta de la firma Ipsos, el 67% de los brasileños cree que el expresidente es tan corrupto como el resto de los implicados en el desfalco a Petrobras, y sólo 25 de cada cien entrevistados lo consideran un político honesto. Contraataque Cinco días antes de que la Policía Federal lo presentara a declarar, Lula había anunciado su intención de volver a postularse como candidato presidencial del PT en las elecciones de 2018. “Tendré 72 años y el tesón de alguien de 30 para ser candidato", aseguró. Una encuesta de Datafolha indicó que 20% de los brasileños votaría por él, cuatro puntos menos que el porcentaje que obtendría el líder opositor Aécio Neves, y que 37% aún lo considera el mejor presidente de la historia. Es decir, Lula está en la pelea. Pero primero falta que la presidenta Rousseff, su principal aliada en esta coyuntura y quien tiene una popularidad de apenas el 11%, libre el juicio político que promueven sus opositores en el Congreso por el caso Petrobras. Falta también que el propio Lula eluda el embate judicial que lo tiene en la mira. Él piensa que es un asunto político. Y tiene razón, en el sentido de que toda acción contra un expresidente con su historial tiene necesariamente una lectura política, incluso aunque las actuaciones de la Fiscalía tengan un sustento probatorio y legal. Y por eso Lula va a dar esa pelea en el terreno político, que es donde se mueve a sus anchas. De entrada, lo primero que hizo tras su liberación, el pasado viernes, fue ir a la sede del PT en Sao Paulo. Allí, durante una rueda de prensa, mantuvo inalterables sus aspiraciones de postularse a un nuevo mandato presidencial en 2018 y anticipó que iniciará un recorrido por el país para conseguirlo. "Han prendido fuego en mí. La lucha continúa", dijo.