Dialogar con el narco
BOGOTÁ.- La desazón social que produce la violencia de las bandas del narcotráfico suele llevar a dirigentes políticos, sociales y religiosos a plantear la conveniencia de dialogar con los jefes de esos grupos a fin de contener la inseguridad ciudadana que generan en sus disputas territoriales y en la comisión de otros delitos como la extorsión y el secuestro.
En Colombia, diferentes gobiernos han dialogado con los capos de la droga, en ocasiones con la intermediación de jerarcas de la iglesia católica.
El caso más significativo fue el del violento jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, quien en junio de 1991 se entregó a la justicia tras una negociación en la que el sacerdote Rafael García Herreros jugó un papel determinante. Un año y un mes después el capo se fugó de la cárcel y el 2 de diciembre de 1993 fue abatido por la policía en Medellín mientras buscaba una nueva negociación para su entrega.
En México, diferentes iniciativas en favor del diálogo con el narcotráfico, incluida la del exmandatario Vicente Fox, llevaron en 2012 al entonces presidente Felipe Calderón a rechazar una solicitud de Colombia para que México fuera un país acompañante del diálogo de paz con las FARC, que inició en noviembre de ese año.
El razonamiento de Calderón, nunca expuesto en público pero suficientemente conocido en círculos diplomáticos, fue que si aceptaba participar en una negociación con las FARC --grupo insurgente que ha financiado su guerra contra el Estado con la producción de coca— corría el riesgo de que los cárteles mexicanos del narcotráfico le exigieran el mismo trato que el gobierno colombiano le dio a esa guerrilla: el de interlocutores políticos.
Fox ha insistido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en que hay que dialogar con el crimen organizado “para terminar la violencia sin provocar violencia”. Pero se trata de una idea vaga y difícil de llevar a cabo.
Según la Agencia de Investigación Criminal, en México solo quedan dos cárteles de la droga: el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, y cientos de células independientes que surgieron de otras organizaciones delictivas que hoy parecen desarticuladas, como Los Zetas.
¿Cómo dialogar, entonces, con grupos criminales cada vez más atomizados, sin un mando central, fuera de control y sin liderazgos que los representen? ¿Y cómo dialogar con criminales sin violar la ley?
El sacerdote colombiano Leonel Narváez, quien desarrolló un método de perdón y reconciliación que aplica en decenas de barrios latinoamericanos azotados por la violencia –desde México hasta Argentina-- cree que es posible desarrollar diálogos comunitarios con la participación de integrantes de bandas criminales.
De hecho, él tiene 13 años aplicando ese esquema de pacificación a través de las Escuelas de Perdón y Reconciliación (Espere) que se han diseminado en zonas críticas de 18 países de la región.
“Es una manera de promover la justicia comunitaria mediante un diálogo amplio en el que se permita la participación de representantes de grupo criminales. En este diálogo, ellos comienzan a motivarse y a impregnarse de la cultura del perdón”, dice el sacerdote a Proceso.
De acuerdo con el religioso y sociólogo de la Universidad de Cambridge, ese método lo desarrolló en la Universidad de Harvard mientras cursaba un posgrado en resolución de conflictos. Allí encontró que uno de los factores que más inciden en las sociedades violentas es el de la venganza.
Y los centros Espere, que funcionan con personal entrenado por el sacerdote, tiene como objetivo “romper el ciclo de la venganza y reconciliar a las comunidades”.
Por esos centros, que comenzaron a funcionar en los barrios violentos de Bogotá en 2003 y que hoy están presentes en 22 estados mexicanos, han pasado sicarios y jefes de bandas criminales.
Sólo en la Arquidiócesis de Acapulco, el padre Narváez ha capacitado a 130 curas y a unos 400 activistas comunitarios en esa metodología. En esa circunscripción religiosa se abrirán en el transcurso de este año 73 centros Espere. De ahí se extenderán a las diócesis de Chilpancingo, Tlapa y Ciudad Altamirano.
En noviembre pasado, Narváez, quien preside la Fundación para la Reconciliación, entrenó a 97 obispos mexicanos durante cinco días en el municipio de Villa de Santiago, Nuevo León.
Uno de ellos fue el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza.
Este religioso dijo a principios de este mes al reportero de Proceso, Rodrigo Vera: "La Iglesia siempre ha promovido el diálogo, porque sin diálogo no puede haber paz. Por eso es necesario dialogar con la gente que se dedica al narcotráfico, pero sin hacer ninguna concesión. ¡Dialogar, no pactar! Eso que quede claro. Con ellos no se debe pactar, pero sí llegar a ciertos arreglos".
Rangel Mendoza señaló que el objetivo de ese diálogo sería “sobre todo evitar tantos asesinatos, secuestros, extorsiones y demás atropellos”.
Para Narváez, el planteamiento de Rangel Mendoza “es realista”.
Se trata, dice, de dialogar a nivel comunitario con todos los interesados en la pacificación. Y los centros Espere acogen a todo el que quiera llegar a ellos.
No es gratuito que la metodología del padre Narváez esté siendo aplicada en forma tan masiva en Guerrero, uno de los estados más violentos de México. Allí, en Iguala, ocurrió en septiembre de 2014 la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y el crimen organizado no sólo se dedica al narcotráfico sino a la producción de amapola y a su transformación en heroína.
De acuerdo con la experiencia del sacerdote, sociólogo y filósofo colombiano, el modelo de cultura ciudadana del perdón y la reconciliación que ha diseminado por América Latina ha logrado pacificar comunidades enteras.
“Pero para reconstruir un tejido social es necesario trabajar nudo por nudo y esto lleva tiempo. Para estos fenómenos sociales no hay soluciones masivas ni inmediatas. Hay que tener paciencia histórica, hasta que la cultura del perdón se vuelva algo viral”, asegura.