BOGOTÁ (apro).- En la visión xenófoba y racista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todo lo malo viene de fuera: los inmigrantes, los terroristas, las mercancías importadas y, desde luego, las drogas. Y aunque no es ninguna novedad la proclividad de amplios sectores políticos y sociales de Estados Unidos a responsabilizar a naciones productoras y de tránsito de drogas como México y Colombia del grave problema de adicciones a las sustancias ilícitas que tiene ese país, con un personaje como Trump en la Casa Blanca esa tendencia sin duda se acentuará. Funcionarios del área de seguridad del gobierno colombiano tienen esa impresión y también tienen indicios de que el procurador general, Jeff Sessions, y el vicepresidente Mike Pence, dos “halcones” ultraconservadores, serán claves en la formulación de la política antidrogas del gobierno de Trump. Pence es partidario de la “guerra contra las drogas” al estilo de los años 80 y 90 y de darles más poder a las agencias involucradas en esa tarea. Como gobernador de Indiana, el actual vicepresidente endureció las penas por tráfico de drogas y, como legislador, fue partidario de enviar personal militar a las fronteras para apoyar la lucha contra el narcotráfico. Y el procurador Jeff Sessions, quien piensa que “la gente buena no fuma mariguana”, está convencido de que la “epidemia sin precedentes” del abuso de heroína y opiáceos en Estados Unidos está provocando un aumento en los crímenes violentos en Estados Unidos. Ante eso, dijo, el miércoles pasado en un acto con agentes del orden, hay que reactivar las políticas de mano dura. "El presidente Trump nos dio una directiva clara. Es la política de esta administración para reducir el crimen en Estados Unidos ", añadió, y hasta se mostró partidario de revivir la campaña que lanzó en los 80 la entonces primera dama Nancy Reagan: “Just Say No", que en Latinoamérica se replicó como “Di No a las drogas”. Además de obsoleta, esa campaña es un emblema de la fracasada “guerra contra las drogas” que proclamara en 1971 el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y la cual no sólo fracasó en su intento de reducir las adicciones en ese país y en el resto del mundo, sino que causó estragos en las comunidades pobres de las grandes urbes estadounidenses y una explosión de violencia en naciones como Colombia, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. En esta reedición de la “guerra contra las drogas” que impulsa el equipo de “halcones” de Trump desde Washington –donde es legal el consumo de mariguana con fines recreativos— son precisamente los países latinoamericanos los que están llamados a pagar los platos rotos. En el informe sobre narcóticos divulgado el 2 de marzo en Washington por el Departamento de Estado, México figura como el puente principal de la cocaína sudamericana y de drogas sintéticas y como el país de procedencia de entre el 90 y 94% de la heroína que se consumen en Estados Unidos. Y esto, en momentos en que Estados Unidos, vive su peor crisis de adicción a la heroína y los opiáceos en más de 60 años. Colombia, por su parte, es la nación donde se produce el 90% de la cocaína que consumen los estadunidenses y los cultivos de hoja de coca aumentaron en un 42% en 2015 con relación al año previo, según ese reporte. El general Barry McCaffrey, quien fue el zar antidrogas de Estados Unidos con el presidente William Clinton (1996-2001), dijo al diario colombiano El Tiempo que la administración Trump “verá esto como una amenaza a la seguridad nacional y tomará alguna decisión rápida que complicará las cosas”. Una medida, señaló, puede ser la suspensión de la ayuda de Estados Unidos a Colombia para combatir el narcotráfico. Menos herramientas de presión Funcionarios colombianos consultados por Proceso esperan, desde luego, más presiones de Estados Unidos para volver a asperjar los cultivos de hoja de coca con glifosato, las cuales fueron suspendidas en 2015 tras un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubicando a ese herbicida como un potencial cancerígeno. Pero esas mismas fuentes piensan que aún con todas las herramientas de presión que pueda tener un país con el poder de Estados Unidos, las políticas aislacionistas de Trump no harán fácil la tarea para los encargados de poner en práctica en América Latina los lineamientos de Washington para atacar la producción y el tráfico de drogas. El jueves pasado, la propuesta de presupuesto para el 2018 que entregó Trump al Congreso prevé un recorte del 30% a los programas de ayuda internacional, los cuales son un componente fundamental en la lucha antidrogas de Colombia. A través del Plan Colombia, este país recibió 10 mil millones de dólares entre 2000 y 2016 para combatir la producción y el procesamiento de hoja de coca y el tráfico de cocaína. Y el gobierno colombiano había acordado el año anterior con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, transformar esa ayuda en programas para apoyar la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, en especial la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Para esto, prometió un primer paquete de ayuda por 450 millones de dólares que ahora está en duda por los recortes de propuestos al Congreso por Trump. “La capacidad de presión de Estados Unidos sigue siendo mucha, pero una reducción en la ayuda económica reduciría también esa capacidad”, dijo una de las fuentes consultadas. En el caso de México, su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y narcotráfico ha estado condicionada por la estrecha asociación comercial entre los dos países. Si esta se transforma en una disputa y en un factor de conflicto, como quiere Trump, la colaboración mexicana en esos rubros también se podría modificar y estar más tono con los intereses del país.