BOGOTÁ (apro).- La sorpresiva decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de otorgarle casa por cárcel al líder opositor Leopoldo López en momentos en que las protestas contra el régimen cumplen 100 días, revivió una posibilidad que hasta hace unos días parecía muerta en Venezuela: que la grave crisis que atraviesa el país se comience a resolver mediante el diálogo político. A pesar de que tanto el gobierno de Maduro como la esposa de López, Lilian Tintori, niegan que la salida del dirigente opositor de la cárcel militar de Ramo Verde, que ocurrió el sábado pasado, haya sido producto de una negociación, la realidad es que desde hace semanas los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (República Dominicana) y Ernesto Samper (Colombia), han venido haciendo un discreto trabajo para tender puentes entre las partes en conflicto y este comienza a dar resultados. Según una fuente diplomática consultada por Apro en Caracas, en medio de la creciente tensión por las protestas ciudadanas y la represión –que ya ha cobrado 90 muertos en 100 días— el grupo de expresidentes pudo sentar en una misma mesa a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, en representación de Maduro, y a Tintori, acompañada de tres cercanos amigos de Leopoldo López, para que el líder opositor obtuviera el beneficio de casa por cárcel luego de tres años y cinco meses en un penal militar. “Es evidente que el gobierno no quiere aparecer haciendo concesiones a la oposición y que la oposición no quiere quedar ante los ciudadanos como una fuerza que ha hecho compromisos con el gobierno, pero la mediación y la negociación para dar el beneficio de casa por cárcel a López existió”, aseguró una fuente consultada. Y más allá del gesto del gobierno hacia un dirigente que se considera un preso político, lo que verdaderamente importa en este caso es que el grupo de expresidentes demostró que puede jugar un papel en la búsqueda de una salida pacífica y constitucional a la grave crisis que vive Venezuela. Desde el pasado 1 de mayo, cuando Maduro anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la que solo participarán dirigentes sociales y políticos cercanos al régimen, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) había dado por muerto el incipiente diálogo que había iniciado con representantes del gobierno a finales del año anterior con la mediación de los expresidentes y del Vaticano. Incluso, los propios expresidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos, Fernández Reina y Samper, así como el delegado del Papa Francisco para esa facilitación, Emil Paul Tscherrig, se sintieron maltratados por Maduro cuando éste convocó a una Constituyente, sin importarle la agenda de diálogo que habían pactado la MUD y el gobierno a lo largo de varias semanas de encuentros formales en Caracas. Los exgobernantes y el representante del Vaticano interpretaron la decisión de Maduro como “una patada a la mesa de diálogo”, según una fuente diplomática. El Papa Francisco le dijo el mes pasado a los obispos de Conferencia Episcopal Venezolana con los que se reunió, que el Vaticano sólo volvería a participar como facilitador del diálogo entre la MUD y el gobierno si Maduro daba cumplimiento a los cuatro puntos en torno a los cuales se desarrollaba el diálogo entre las partes: aceptar ayuda humanitaria internacional para aliviar la escasez de alimentos y medicinas; presentar un cronograma general de elecciones; respetar la autonomía de la Asamblea Nacional –dominada por la oposición-- y liberar a los presos políticos, que serían unos 400, según la ONG Foro Penal. El beneficio de la casa por cárcel que le otorgó el gobierno a López es apenas una parte muy pequeña del cúmulo de peticiones a Maduro, pero su importancia reside en que es el primer gesto conciliador del presidente venezolano desde que estallaron las protestas ciudadanas en mayo pasado. Y a ese gesto podrían seguir muchos más si Maduro ha llegado al convencimiento de que es necesario el diálogo para aliviar la crisis. La oposición, desde luego, va a esperar a que se produzcan hechos concretos de conciliación por parte del gobierno ya que, en anteriores ocasiones de tensión, el régimen ha recurrido a medidas de descomprensión solo para ganar tiempo. Maduro, según dirigentes de la oposición, otorgó el beneficio de casa por cárcel a López por la presión de la protesta social y por el desafío político que representa para el régimen la consulta convocada por la MUD sobre la Asamblea Constituyente. El próximo domingo 16 de junio, unas 14 mil mesas electorales serán instaladas en el país al margen del Consejo Nacional Electoral, considerado por la oposición como la oficina electoral de Maduro, para que los venezolanos se pronuncien sobre tres preguntas: “1.- ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?; 2.- ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?; 3.- ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional?”. El gobierno sabe que va a perder esa consulta y que la disyuntiva que tiene Venezuela es la transición negociada o la violencia.