BOGOTÁ (apro).- El proceso de paz y reconciliación que propone para México el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, va tomando una forma muy parecida a lo que se hizo en Colombia para poner fin a una guerra de medio siglo con la exguerrilla de las FARC. Alfonso Durazo, quien ha sido propuesto por López Obrador como secretario de Seguridad Pública en un eventual gobierno, no sólo ha dicho que el proceso de paz en Colombia es un “buen referente” para México, sino que algunos de los puntos que ha mencionado sobre el marco legal que se aplicaría en México coinciden absolutamente con el modelo colombiano. En Colombia, el punto de partida del acuerdo de justicia para poner fin a la guerra con las FARC es que debía responder, en primer lugar, a los derechos de las víctimas y a sus legítimas aspiraciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En segundo lugar, debía ser compatible con el derecho internacional. En México, según lo expresado por Durazo, esos principios serían la base del “proceso de paz y reconciliación” que propone López Obrador y que sería sometido a consultas con diferentes sectores. Esto quiere decir que los beneficiarios de una amnistía o un indulto solo pueden ser quienes no hayan cometido crímenes de lesa humanidad, como asesinato sistemático de civiles, masacres, desapariciones forzadas, secuestros y reclutamiento de menores para involucrarlos en actividades ilícitas. En el caso de Colombia, el acuerdo de paz con las FARC solo contempla indultos y amnistías para los guerrilleros rasos que incurrieron en el delito político de rebelión (alzarse en armas contra el Estado) y en delitos conexos a la rebelión, como homicidio en combate, extorsión, tenencia de armas y, el narcotráfico, solo si se determina que no fue para el lucro personal sino para destinar los recursos al sostenimiento de la fuerza guerrillera. Pero como en México lo que se busca es una paz que involucra a delincuentes comunes que no pueden ser tratados como actores políticos, la propuesta de López Obrador apunta a que los indultos vayan dirigidos a los grupos más vulnerables de la sociedad que han encontrado en la criminalidad una opción para sobrevivir. Estos pueden ser los jóvenes que están en la escala más baja de los grupos de delincuencia organizada y los campesinos involucrados en cultivos ilícitos de amapola y mariguana. Lo que es un hecho es que ningún país puede amnistiar a los autores de delitos de lesa humanidad porque, de hacerlo, la Corte Penal Internacional (CPI) puede intervenir para hacer justicia. Lo que sí es viable es ofrecer sanciones alternativas a los responsables de ese tipo de crímenes, como rebajas de penas. Colombia, por ejemplo, en el proceso de paz que hizo en los 90 con paramilitares que eran los mayores capos de la droga del país y autores de delitos atroces creó un mecanismo de justicia transicional orientado a obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. De esta manera, los jefes paramilitares que se desarmaron, desmantelaron sus estructuras criminales, confesaron sus delitos y ofrecieron reparar a sus víctimas, fueron beneficiados con penas de entre cinco y ocho años de cárcel. Los que siguieron manejando sus negocios de drogas desde prisión y, por tanto, violaron el acuerdo de paz suscrito con el gobierno, fueron extraditados a Estados Unidos. Ellos nunca fueron reconocidos como actores políticos. En el caso del acuerdo con las FARC, mientras los guerrilleros que no hayan cometido delitos graves tienen derecho al beneficio del indulto o la amnistía, los jefes insurgentes responsables de crímenes de lesa humanidad, no. Ellos deben acudir a un sistema de justicia transicional denominado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que a cambio de confesar sus crímenes --masacres, secuestros, reclutamiento de menores, etcétera--, contar verdad a las víctimas, repararlas y ofrecer garantías de no repetición pueden ser beneficiados con penas de entre cinco y ocho años de restricción de movilidad y trabajo comunitario. Este sistema está inspirado en la justicia restaurativa, que tiene como prioridad satisfacer los derechos de las víctimas y no castigar necesariamente con la cárcel a los victimarios. Los excomandantes de las FARC podrán ser sentenciados por la JEP a penas restaurativas como la construcción de caminos, puentes o escuelas en poblaciones afectadas por el conflicto; labores de desminado, o su participación en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Tanto en el proceso de paz con los paramilitares, como en el de las FARC, las claves de la superación del conflicto son los sistemas de justicia transicional acordados para cada caso. El planteamiento de López Obrador para pacificar a México necesariamente pasa por un sistema de justicia transicional, que es un mecanismo excepcional que utilizan los países para superar largos periodos de violencia. Y aunque el conflicto armado en Colombia es muy diferente a la etapa de violencia criminal que desató a partir de 2007 la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en México, el acuerdo de paz con las FARC puede ser “un buen referente”, como dice Alfonso Durazo.