BOGOTÁ (apro).- El impacto social de los apagones que han afectado de manera sistemática a Venezuela en el último mes es tan alto, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha centrado sus esfuerzos en demostrar que las fallas en el sistema eléctrico no son su responsabilidad sino de Estados Unidos y la oposición interna. Durante el mes de marzo, los venezolanos sólo tuvieron 10 días de relativa normalidad en el suministro del servicio eléctrico, de agua potable, telefonía e internet. Las dos terceras partes del mes, los comercios, fábricas y plantas productivas, estuvieron cerradas. El asueto laboral por la falta de energía ha sido obligatorio, y los niños sólo acudieron 8 días a la escuela. En los hechos, los venezolanos están dedicando la mayor parte de su tiempo a acarrear agua a sus casas, a conseguir alimentos en los momentos en que hay energía eléctrica y los comercios y mercados pueden abrir sus puertas y a tratar de abastecerse de gas para cocinar. Nunca, como ahora, la electricidad, el agua potable y los servicios de telecomunicaciones habían sido tan preciados por los venezolanos. Y esto es así porque en las últimas semanas los han tenido en forma intermitente. La irritación social es tan extendida, que en medio de los apagones proliferan las protestas en demanda del restablecimiento del servicio, del reparto de agua potable en carros tanque y del suministro de gas. Y junto con las manifestaciones, abundan las denuncias de represión contra ciudadanos indefensos a cargo de colectivos (como se conoce a los grupos paramilitares chavistas), las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la policía y la Guardia Nacional. La crisis eléctrica ya es un problema político para el gobierno, cuyos niveles de rechazo antes de la crisis eléctrica se ubicaban, según todas las encuestas, entre 80 por ciento y 90 por ciento. Y por eso la insistencia del régimen chavista en señalar que los apagones responden a una “agresión multiforme brutal” de Estados Unidos en complicidad con la oposición venezolana de derecha. Horas después del masivo corte de energía que dejó a oscuras a Venezuela por cinco días consecutivos, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que la falla respondía a un “ataque cibernético” de Estados Unidos. Ante la persistencia del apagón, el presidente Maduro señaló después que, además del “ataque cibernético” el sistema eléctrico central había sufrido “ataques electromagnéticos”. Y al producirse el apagó el pasado lunes 25 de marzo el gobierno habló en un primero momento de un nuevo “ataque electromagnético”, y después señaló que, además, los “terroristas” habían provocado un incendio en un patio de transformadores del complejo hidroeléctrico de El Guri, el cual genera el 80 por ciento de la energía del país. El ministro Rodríguez detalló que el incendio fue provocado por “francotiradores” que, desde dos lomas ubicadas a 150 metros y 110 metros del patio de transformadores dispararon a ese sitio con rifles de alto calibre y dotados de silenciadores. De acuerdo con Rodríguez, los “francotiradores” provocaron el incendio al dirigir sus disparos a un depósito de 90,000 litros de aceite que hay bajo el patio de transformadores. El ministro, quien es médico siquiatra, calificó de “psicópata” al autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por “participar” en estos “sabotajes”. Guaidó ha sostenido que los apagones se deben a la falta de mantenimiento, la falta de inversión, la renuncia de técnicos calificados y la corrupción en la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que es dirigida por el general Luis Alfredo Motta Domínguez. Varios expertos en el sector eléctrico han avalado esos planteamientos, mientras que el gobierno se mantiene en su tesis de los “sabotajes”. Miles de ingenieros y técnicos calificados han renunciado a Corpoelec en los dos últimos años para buscar mejores condiciones de vida en otros países, según ha reportado desde hace varios meses la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos. La Comisión Mixta de la opositora Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica estima en 50 mil millones de dólares el monto de la corrupción en Corpoelec durante la última década. El presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Winston Cabas, ha sostenido que es imposible realizar un ataque cibernético al sistema eléctrico central de Venezuela, “porque es analógico y no digital”. Desde octubre del año pasado, Cabas había advertido que la infraestructura eléctrica sufría una crisis estructural y que estaba al borde “del colapso”. El diputado José Guerra, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, estima que los daños económicos del corte eléctrico iniciado el 7 de marzo ascienden a unos 2 mil millones de dólares, que equivalen a cerca del 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano. El apagón que se inició el 25 de marzo, y el cual aún no está solucionado, causará un daño económico similar y profundizará aún más la crisis en un país que ya ha perdido la mitad de su Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos cinco años. Para el analista político y presidente de la encuestadora Datanalisis, Luis Vicente León, lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas semanas eleva los riesgos de una “explosión social”.