BOGOTÁ (apro).– La exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, quien fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y hoy colabora con la nueva investigación del caso Ayotzinapa, acaba de ganar en su país un caso judicial que deja muy mal parados a ciertos personajes de la ultraderecha mexicana y a ciertos defensores de la “verdad histórica” de la Noche de Iguala. Y es que, en una sentencia conocida este mes, la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió precluir (extinguir la acción penal por ausencia de mérito) una causa que el coronel Alfonso Plazas Vega, un aliado del ultraderechista expresidente Álvaro Uribe, había presentado contra Buitrago por supuestamente haberle inventado pruebas para incriminarlo en una causa de desaparición forzada. Plazas Vega pasó siete años en prisión como responsable por la desaparición de personas en el operativo de retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, que él comandó, pero el 16 de diciembre de 2015 fue absuelto. Al día siguiente de su liberación, el militar viajó a México y fue presentado por el ultraconservador abogado José Antonio Ortega, quien dirige el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, como una víctima de Buitrago, a quien llamó “mentirosa, prevaricadora, criminal”. Esas acusaciones se produjeron en el marco de una campaña de desprestigio contra el GIEI, y en especial contra Buitrago, la cual se desató luego de que la exfiscal y sus colegas pidieran al Ejército mexicano proporcionar la información que tenía sobre la Noche de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la madrugada del 27 de septiembre de 2014. De esa campaña hicieron eco varios medios y columnistas mexicanos que reprodujeron, sin verificar, las acusaciones de Ortega –un admirador del expresidente Uribe que presentó a Buitrago como enemiga de los militares– y del propio Plazas Vega. En las “conferencias” y entrevistas que concedió Plazas Vega a varios medios de comunicación en México, dijo que Buitrago “fabricó” un testimonio que resultaría determinante en el juicio contra el militar, en el cual fue hallado culpable de desaparición forzada.   Por su propio peso Buitrago, una doctora en derecho que goza de prestigio en los círculos judiciales y académicos de Colombia, está habituada a las campañas en su contra. La década pasada, cuando como fiscal tuvo la valentía de llevar a juicio a militares responsables de la desaparición de personas durante la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, en el centro de Bogotá, supo lo que era tocar intereses que por lo regular nadie toca. Generales del Ejército la acusaron de buscar el desprestigio de la institución, la derecha colombiana la tildó de “comunista” y el entonces presidente Uribe deploró en forma pública su actuación como fiscal. Las investigaciones de Buitrago llevaron a la cárcel al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Plazas Vega por la desaparición de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia durante la operación militar para retomar el recinto, que había sido asaltado por un comando de la guerrilla del M-19, y de las cuales nunca se volvió a saber su paradero. Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión. Y en 2010, Plazas Vega recibió una condena a 30 años de cárcel. La sentencia contra Plazas Vega fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, pero el coronel, a quien Uribe, el presidente de la época, y otros prominentes dirigentes de la extrema derecha colombiana defendieron al considerar que sólo cumplía con su deber y que el militar era víctima de un “complot del comunismo”. El diciembre de 2015, en una decisión que tres magistrados se abstuvieron de respaldar, la Corte Suprema de Justicia consideró insuficientes las pruebas contra Plazas Vega y ordenó su liberación. El tribunal nunca determinó que el militar era inocente de los cargos de desaparición forzada. Sólo consideró que las evidencias en su contra no eran lo suficientemente contundentes. Pero en ese proceso judicial había una sentencia pendiente sobre una demanda que había presentado el coronel contra Buitrago poco después de que fuera condenado a 30 años de prisión. En esa acusación, el militar y su abogado Jaime Granados –un costoso penalista muy cercano al expresidente Uribe– señalaron que, durante la investigación en su contra, Buitrago había incurrido en prevaricato (actuación de un funcionario público contraria a la ley), fraude procesal (inducir a error a un juez para obtener una sentencia) y falsedad ideológica (falsear un documento probatorio). Pero una decisión adoptada el pasado 24 de julio y conocida el pasado 8 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia le dio la razón a Buitrago y declaró la preclusión del caso, lo que significa dar por concluido el procedimiento por falta de mérito. Con esta resolución, el máximo tribunal de Colombia desacredita la reiterada acusación de Plazas Vega de que Buitrago lo llevó a juicio con un testimonio falso y prefabricado. Y descredita, de paso, a quienes se hicieron eco de esa imputación, como el abogado mexicano José Antonio Ortega. Buitrago considera que los medios de comunicación mexicanos que aceptaron como verdad las acusaciones de Plazas Vega deberían, al menos, darle a ella los mismos espacios que le dieron al militar para defenderse de los infundios y explicar el fallo a su favor de la Corte Suprema de Justicia. La exfiscal y actual coadyuvante en la nueva investigación del caso Ayotzinapa, que desarrolla la fiscalía especial a cargo de Omar Gómez Trejo, destaca que la decisión del tribunal fue “categórica” al señalar que no cometió ninguna conducta ilícita y que se probó que el presunto testimonio “fabricado” sí existió. “La verdad siempre sale a flote”, dice a Proceso la exintegrante del GIEI. Y señala que algunos de los que siguen defendiendo en México la “insostenible verdad histórica” que construyó la PGR de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón sobre el caso Ayotzinapa, son los mismos que dieron total credibilidad a las acusaciones del coronel Plazas Vega. A principios de 2016, en plena campaña contra el GIEI, José Antonio Ortega acusó al GIEI de responder a una agenda de “radicales de izquierda” en el portal del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ortega era amigo del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue asesinado en la Ciudad de México el 20 de abril de 2012, y fue abogado del también general retirado Tomás Ángeles Dauahare cuando este permaneció 11 meses detenido por presuntos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva. Es decir, era un hombre muy cercano a la cúpula militar de esa época y es un rabioso opositor a la despenalización del aborto y del consumo de mariguana La campaña de desprestigio contra el GIEI comenzó tras la presentación del primer informe de ese grupo sobre el caso Ayotzinapa, en septiembre de 2015. Ese reporte refutó, por inconsistente, la investigación que había realizado hasta entonces la PGR, y señaló la importancia de entrevistar a los militares del Batallón 27 de Iguala que habían sido testigos o tuvieron conocimiento pormenorizado de la violenta acción contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala. El año pasado, Buitrago ya había sido favorecida con un fallo que echaba por tierra varias de las acusaciones que le hicieron sus enemigos, y los del GIEI, durante su estancia en México. El mayo de 2018, un juzgado penal de Bogotá condenó a 20 meses de prisión por los delitos de injuria y calumnia al ultraderechista bloguero colombiano Ricardo Puentes, quien acusó a Buitrago de prevaricato y de usar falsos testigos cuando ella era fiscal, en 2010. La sentencia contra Puentes sostiene que las afirmaciones que el bloguero hizo contra Buitrago “no se basan en pruebas o evidencias y, por consiguiente, son totalmente falsas”. Buitrago recuerda que algunas de las afirmaciones de Puentes, al igual que las de Plazas Vega, fueron usadas para atacarla en medios mexicanos. Considera que las decisiones judiciales que dejan al descubierto los “infundios” de Plazas Vega y Puentes en su contra le hacen justicia por partida doble. Por un lado, afirma, desacreditan la campaña de desprestigio que desató en su contra la ultraderecha colombiana y, por otro, aunque no tienen efecto legal en México, “exhiben las falsedades” que personajes como Ortega y algunos medios publicaron contra ella “para intentar desprestigiar la investigación del GIEI” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.