México, un actor llamado a destrabar la crisis en Venezuela

lunes, 17 de febrero de 2020 · 14:19
BOGOTÁ (apro).- El llamado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a crear un grupo de “países amigos” que impulse un diálogo para destrabar la crisis política en esa nación sudamericana coloca de nuevo a México como un actor que puede jugar un papel clave en ese propósito. El pasado viernes 14, Maduro dijo que ya comunicó a los gobiernos de México, Argentina, España y Panamá, así como a la Unión Europea, su interés en que faciliten un nuevo acercamiento entre su gobierno y “sectores de la oposición” para buscar salidas a la confrontación política que tiene a Venezuela en un “impasse” institucional desde hace un año. México ya intentó a principios de 2019 ser intermediario entre el gobierno de Maduro y la oposición. Incluso, hizo gestiones con representantes de las dos partes en un intento por tender puentes. Pero lo hizo sin reconocer a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, lo que acabó por generar recelos entre sectores de la oposición que descartaron a México como facilitador de un eventual diálogo con el gobierno de Maduro. En ese momento, la línea dura de la oposición estaba envalentonada por el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea a Guaidó y por las amenazas de los “halcones” de Washington de que una “solución militar” estaba contemplada entre las opciones para derrocar al régimen de Maduro. Pero lo cierto es que Maduro --que tiene el respaldo de China, Rusia y las Fuerzas Armadas— no solo consiguió mantenerse como presidente de Venezuela, sino que se afianzó en el poder. Y Guaidó, en los hechos, nunca ha podido ejercer como “presidente encargado” porque, con excepción del Parlamento, no controla ninguna de las instituciones del Estado. Esta realidad ha llevado la crisis venezolana a un punto muerto que favorece únicamente a Maduro. El gobernante chavista tiene de su lado no sólo a los militares sino al Poder Judicial, al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía y a todo el aparato del Estado. Con eso, y con sus aliados externos, ha podido sortear las bravuconadas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de los ultraderechistas mandatarios de Colombia, Iván Duque, y de Brasil, Jair Bolsonaro, y hasta se da el lujo de burlarse de ellos.
Condiciones para una negociación 
Desde luego, esta crisis tampoco le ha salido gratis a Nicolás Maduro. El país vive un aislamiento diplomático y las sanciones económicas que le han impuesto Estados Unidos y la Unión Europea al régimen y a sus principales funcionarios –incluido el presidente— han reducido a su mínima expresión la capacidad financiera del gobierno y de su principal fuente de ingresos: la petrolera estatal PDVSA. Según todos los sondeos, las dos terceras partes de venezolanos responsabilizan a Maduro y a su gobierno del desastre económico, político y social que vive el país y, en consecuencia, quieren un cambio. Los venezolanos sufren hambre y pobreza y huyen masivamente a otras naciones.  El salario mínimo, que equivale a 2.50 dólares mensuales, apenas cubre el 3.5% del costo de la canasta básica familiar y más de la tercera parte de los niños de los barrios pobres sufren desnutrición crónica. El régimen está en virtual cesación de pagos desde hace más de un año y los negocios que hace con China y con Rusia le son insuficientes para estabilizar las finanzas públicas. Desde 2013, año en que Maduro se convirtió en presidente de Venezuela, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se ha desplomado en 62.2% y este año se contraerá otro 14%, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Maduro y sus incondicionales Asamblea Constituyente y Consejo Electoral quieren realizar este año comicios parlamentarios para recuperar el único poder del Estado que está en manos de la oposición, el Legislativo. Y aunque el madurismo ha demostrado que el modelo político clientelar que ha construido en los últimos años le permite ganar elecciones al margen de la voluntad ciudadana, tampoco se quiere exponer a que los comicios legislativos programados para este año –la fecha aún está por definir-- sean desconocidos por media comunidad internacional. Por eso, y por la expectativa de que puedan ser “suavizadas” algunas de las sanciones económicas que le han impuesto Washington y la Unión Europea, el régimen chavista anuncia su disposición a un diálogo con la oposición. Y para ello convoca como facilitadores a los gobiernos centroizquierdistas de México, Argentina y Panamá, y a la Unión Europea. Los antecedentes no son nada auspiciosos. Hay en el pasado varios ejemplos de diálogos con la oposición que no condujeron a ningún lado porque el gobierno de Maduro los utilizó para ganar tiempo.
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  En agosto pasado, el presidente chavista abandonó un diálogo con la oposición que se desarrollaba con la intermediación del gobierno de Noruega. Lo hizo luego de que Washington decidiera congelar activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. Ahora que Maduro dice estar dispuesto a un nuevo acercamiento con la oposición, México tiene la oportunidad de impulsar ese proceso con miras a que las partes acuerden las bases para las elecciones legislativas de este año. En la eventual agenda de negociaciones están el cambio de rectores del Consejo Nacional Electoral y la participación de observadores internacionales en esos comicios. México tiene la posibilidad de hacer valer en la crisis venezolana el principio de “solución pacífica de las controversias” que tanto gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello cuenta con un aliado de peso en la región, el presidente argentino Alberto Fernández, quien comparte muchos de sus postulados en materia de política exterior. Fernández, quien asumió el cargo el pasado 10 de diciembre, ha insistido en la necesidad de resolver la crisis de Venezuela mediante el diálogo, sin sanciones económicas, con respeto a los derechos humanos, con elecciones libres y con el restablecimiento pleno del Estado de derecho. Una acción coordinada de López Obrador y Fernández para reactivar el diálogo en Venezuela podría contar con el respaldo de la Unión Europea, cuyo Consejo de Asuntos Exteriores se reunió este lunes 17 para tratar el tema.

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