PUEBLA, Pue. (apro).- PRI y PRD denunciaron que este día de votaciones el gobierno de Rafael Moreno Valle puso el aparato estatal al servicio del candidato de la coalición Sigamos Adelante, conformada por PAN, Panal, PT, Compromiso por Puebla y Partido Social de Integración (PSI), Antonio Gali Fayad. La candidata del PRI a la gubernatura, Blanca Alcalá Ruiz, señaló que en las últimas horas policías ministeriales y estatales han realizado cateos o intimidaciones contra militantes de su partido, por lo que pidió al gobierno estatal limitarse a cumplir con su función de brindar seguridad para que los votantes acudan a las urnas “más allá de cualquier preferencia electoral”. La víspera, la diputada federal priista Xitlalic Ceja denunció que presuntos agentes ministeriales irrumpieron y causaron destrozos en su oficina, ubicada en la 25 Oriente entre 16 y 18 Sur de esta ciudad. La legisladora indicó que los supuestos oficiales rompieron puertas y muebles, y amedrentaron a las personas que se encontraban en ese momento en su oficina. En tanto, que el dirigente estatal del PRI, Jorge Stefan Chidiac, informó que elementos policiacos del estado intentaron llevar a cabo un cateo en una bodega ubicada en Ciudad Serdán, supuestamente en atención a una denuncia anónima de que en ese lugar estaban artículos para la compra del voto. Esto ocurrió la noche del sábado en el inmueble que está en el Barrio de Guadalupe, y que es propiedad de la familia de la directora de Turismo municipal, Leticia Tentle. Stefan Chidiac comentó que luego de que un grupo de militantes exigió a los elementos policiacos la orden de cateo, que no llevaban, se interpusieron para evitar que ingresaran a la bodega. El dirigente priista acusó además a los alcaldes de Teziutlán, Antonio Vázquez, y de Venustiano Carranza, Rafael Valencia, de poner en marcha operativos para intimidar a los simpatizantes de su partido, lo que puede derivar en hechos de violencia en esas localidades. En el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el representante del PRI, Eric Iván Jaimes Archundía, se quejó de que igual en Cuacnopalan la policía estatal detuvo a uno de los representantes priistas. También mencionó las otras situaciones de violencia que ya ha vivido su partido en los últimos días de las campañas, como el supuesto atentado con arma de fuego contra el delegado del CEN del PRI en Tehuacán, Alejandro Medina Custodio, y la presunta persecución por parte de hombres encapuchados que sufrió el senador Sofío Ramírez, en Teziutlán. El representante priista pidió emitir un exhorto al gobernador Rafael Moreno Valle para que saque las manos de la contienda y evitar el uso de las fuerzas públicas y la Fiscalía General para operar a favor de su candidato. Sin embargo, los consejeros electorales se negaron a someter a votación esa propuesta por considerar que no había fundamentos. En Teziutlán, el senador Sofío Ramírez y un grupo de militantes del PRI impidieron que la policía municipal capturara a un operador de nombre Eligio Herrera, quien era señalado de comprar votos a favor de la candidata del PRI, Alcalá Ruiz. Las denuncias de compra de votos tanto a favor del PRI como del PAN proliferaron a través de las redes sociales, en municipios como Tepeaca, Puebla, Huauchinango, Zacatlán, Chignahuapan y otros. La candidata perredista Roxana Luna Porquillo denunció que grupos de choque han sido vistos en distintas colonias populares de Puebla como Amalucan, Azumiatla, San Ramón, San Miguel Canoa y la Rivera Anaya, entre otros, donde el gobierno morenovallista estima que habrá un voto de castigo en su contra. Luna se quejó además de que la Fiscalía General del Estado emitiera un boletín en la víspera de las elecciones para publicitar que un carro de su propiedad estuvo involucrado en un accidente automovilístico en el que un niño perdió la vida. La candidata consideró que fue evidente el dolo de la dependencia estatal para divulgar la información y hasta para asegurar que la persona que conducía el vehículo se dio a la fuga, difusión que demostraba el uso del aparato estatal para incidir en los resultados de las votaciones. Luego reconoció que la unidad Toyota Corolla 2014, con placas 673ZED, está a su nombre, pero aseguró que al momento del accidente ocurrido en la población de Nealtican la unidad era conducida por un colaborador de su campaña que no se dio a la fuga, sino que incluso trasladó al niño y a sus padres a un hospital para que el menor recibiera atención médica. Insistió en que se trató de un accidente derivado de que el menor se cruzó de manera intempestiva la calle, pero que ya acudió ante las autoridades a declarar y exigió justicia en caso de que se encuentre responsabilidad por parte de la persona que conducía el vehículo. La candidata independiente, Ana Teresa Aranda, denunció que 500 de sus representantes en la Sierra Norte de Puebla no acudieron a las casillas de votación porque el INE no envió a esas comunidades los listados que demuestran que los ciudadanos realizaron los trámites para registrarse. Además, indicó que coincidentemente este problema fue mayor en los municipios de Zacapoaxtla y Ajalpan, precisamente donde su candidatura cuenta con mayor número de simpatizantes. En contraparte, aseguró que el gobierno estatal contrató a todos los radio taxis para trasladar a simpatizantes de Tony Gali. Aranda consideró que las movilizaciones policiacas registradas en la víspera de las votaciones tienen como propósito desincentivar la participación ciudadana en esta jornada. Por su parte, el consejero presidente del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, aseguró que hasta el mediodía sólo se habían registrado incidentes “menores” en la entidad y que la votación se llevó a cabo sin ningún hecho de violencia. En la sesión de IEEP, el consejero electoral Federico González Magaña informó que hasta ahora se han presentado 51 incidencias, la mayoría porque se permitió votar a electores que no aparecían en el listado nominal, por propaganda en el exterior o interior de las casillas, por cambio de funcionarios o por ausencia de ellos en las casillas. El Centro de Integración Ciudadana (CIC), cuyos integrantes fungieron como observadores electorales, reportó que hasta esta tarde ha recibido 350 reportes de incidentes, entre los que destacan la compra de votos, el acarreo de votantes y propaganda afuera de las casillas. José Migoya Nuño, director del CIC, dijo que los reportes que tienen es que diversas personas ofrecieron desde 300 hasta 500 pesos por voto, además de que una empresa de taxis y camiones urbanos fueron usados para acarrear a los electores.