Brexit: una década de incertidumbre

miércoles, 29 de junio de 2016
BRUSELAS (apro).- El 23 de junio Gran Bretaña votó por abandonar la Unión Europea (UE) y desde entonces no dejan de surgir dudas sobre lo que sucederá. ¿Qué procede según las leyes del bloque comunitario al que pertenece Gran Bretaña desde 1973? Para comenzar, el referendo por el que el 52% de los británicos decidieron abandonar la UE no es jurídicamente vinculante. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, sin embargo, declararon tras su cumbre de este martes que políticamente el llamado Brexit es irreversible. El Tratado de la UE (TUE), modificado por el Tratado de Lisboa (el cual entró en vigor en 2009) estipula que para comenzar el proceso de salida el primer ministro británico debe "notificar" al Consejo Europeo --el órgano de decisión de los Estados miembros de la UE-- que Gran Bretaña tiene la intención de ya no ser parte del proyecto de integración regional. El gobierno de Londres debe invocar el Artículo 50 del TUE, el cual ofrece el marco legal para que un país corte sus vínculos con la UE. El actual primer ministro David Cameron, --quien ya anunció que dejará su cargo-- ha sostenido hasta este miércoles 22 por la mañana europea que tal acto le corresponderá a su sucesor, que será nombrado en septiembre u octubre. Una vez activado el mecanismo de salida comenzarán las negociaciones entre el gobierno de Gran Bretaña y un equipo de negociadores representando a la UE. De acuerdo con un reporte de Vaughne Miller, investigador de la Cámara de los Comunes británica, esos negociadores pueden pertenecer a la Comisión Europea --la institución que defiende los intereses del bloque frente a terceros países--, al Consejo Europeo, o podría formarse con una combinación de ambos organismos. Actualmente las dos instituciones se disputan el liderazgo de esas negociaciones. En todo caso, las directrices de negociación serán dictadas por el Consejo Europeo, es decir los Estados miembros, y, por supuesto, en las reuniones donde éstas se discutan no podrán participar los británicos. De hecho, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, prohibió a los mandos de esa institución compartir cualquier información con sus colegas británicos. Las negociaciones podrán durar dos años, aunque ese periodo podrá extenderse si todos los Estados socios están de acuerdo, establece el Artículo 50 del TUE. En este punto hay dos observaciones importantes: por un lado, el TEU no obliga al primer ministro británico a notificar de inmediato la salida de Gran Bretaña al Consejo, ya que el tratado no establece un límite de tiempo preciso. Quienes están exigiendo inmediatez, como el mencionado Jean-Claude Juncker, lo hacen bajo una lógica política y económica para evitar más incertidumbre. El Consejo Europeo decidió también el martes 21 no presionar a Gran Bretaña. Por otro lado, si los británicos y la UE no llegan a pactar las condiciones de salida en esos dos años, y si no hay un acuerdo para extender el periodo de las negociaciones, automáticamente Gran Bretaña quedaría fuera del bloque. Los especialistas coinciden en señalar que las negociaciones tomarán más de dos años por su extrema complejidad. Un centro de estudios británico, Open Europe, lo compara con el tiempo que dura el proceso de ingreso de un país a la UE, que oscila entre cuatro y siete años. Incertidumbre Un reporte del gobierno británico publicado en febrero pasado calcula que la "incertidumbre" durará hasta una década si se suma la fase de negociaciones y el periodo posterior inmediato en que Gran Bretaña consolide su nueva relación con la UE y el mundo. Durante la etapa de negociaciones Gran Bretaña podrá seguir participando en las actividades de la UE y en la toma de decisiones. Sus connacionales en puestos dentro de las instituciones comunitarias --funcionarios, jueces de la Corte Europea de Justicia o eurodiputados (hay 73)-- podrán continuar ejerciéndolos. Pero tampoco están forzados a permanecer en sus cargos: dos días después del plebiscito, el comisario de Estabilidad Financiera, Mercados Financieros y Mercados de Capitales, el británico Jonathan Hill, anunció su renuncia. Argumentó que no podía seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Gran Bretaña tiene hoy el derecho de proponer un sustituto de Hill, y así lo ha recordado el primer ministro aún en funciones David Cameron. Muchos han minimizado erróneamente los efectos del Brexit, sobre todo Boris Johnson y otros líderes de ese campo. Un primer impacto será que Gran Bretaña dejará de pertenecer al Espacio Económico Europeo (EEE), que conforman los hasta ahora 28 Estados asociados a la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein, que componen la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Un escenario que se plantea es aquel en que los británicos podrían solicitar su ingreso a la AELC a través del Artículo 128 del acuerdo del EEE para así reincorporarse posteriormente a éste último, lo cual no tiene precedente. Entre los académicos se considera una opción poco viable políticamente. No se sabe qué puntos exactamente incluirían las negociaciones de salida. En cualquier caso, el reporte de Miller expone que éstas se efectuarían en tres discusiones: la mecánica del retiro, el periodo de transición y finalmente un acuerdo en sí que defina las futuras relaciones entre ambas partes. Los pendientes Un informe del gobierno británico precisa que algunos de los asuntos que interesa tratar en las negociaciones son, entre muchos otros: los fondos de la UE para granjeros y regiones británicas que no se gastaron; la seguridad fronteriza, incluyendo el acceso a las bases de datos de la UE; la cooperación en política exterior, incluyendo las sanciones; el acceso a las agencias de la UE que afectan la ley británica, como la Agencia Europea de Medicamentos, así como el cierre de aquellas instaladas en Gran Bretaña. Además, hay que discutir sobre el sistema de "cielos únicos" del tráfico aéreo que gestiona la UE; el acceso de la Tarjeta Sanitaria Europea para los ciudadanos británicos; los derechos de los pescadores británicos para tener ingreso a aguas nacionales de otros países, incluyendo el Mar del Norte; el acceso a los mercados de energía y de aviación de la UE, o el estatus de los compromisos medioambientales adquiridos por Gran Bretaña en las convenciones de la ONU y que son implementados a escala de la UE. Gran Bretaña tampoco será parte de los tratados comerciales negociados por la UE con países terceros como México. Cabe recordar que una vez consumado el retiro británico, el país estará en posibilidad de solicitar su reingreso a la UE a través del Artículo 49 del TUE. Si ese fuera el caso, Gran Bretaña tendría que cumplir de nuevo con los requisitos que se imponen a cualquier país que busca su membresía. Ahora bien: ¿Qué pasa si Gran Bretaña decide cambiar de opinión ya enfrascado en las negociaciones para su salida? El TUE no especifica nada respecto a un arrepentimiento, señala en el reporte de Miller un antiguo juez de la Corte Europea de Justicia, David Edward. Políticamente --opina el exmagistrado-- tampoco la UE puede forzar a Gran Bretaña de partir si no quiere: por ejemplo si llega un nuevo gobierno con el plan de permanecer en la UE. A ese respecto, los conservadores británicos han señalado que podrían convocar a elecciones generales en noviembre próximo para intentar asegurar un mandato popular para el Brexit. Edward considera que, en ese escenario, existe la posibilidad de que los países socios permitan a Gran Bretaña quedarse en el bloque regional, pero a cambio de "comenzar de cero" y sin nuevas excepciones (opt-outs) a las que goza actualmente (no participa en el área sin fronteras, el euro, la legislación de justicia penal y de policía, y de la aplicación total en sus leyes nacionales de la Carta Europea de Derechos Humanos). Sin embargo, lo anterior sería únicamente posible si los Estados miembros deciden por unanimidad modificar el Artículo 50 para socorrer el reingreso británico o si extienden permanentemente el periodo de negociaciones. Pero esa ya sería otra historia, una que se llevaría igualmente muchos años y en la que el gobierno de Londres quedaría en una posición de extrema debilidad para negociar su eventual reincorporación a la UE. Petit biscuit La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que, de no resolver pronto sus graves problemas de financiamiento --derivados de la falta de compromiso de sus Estados miembros, destacándose en ello el gobierno de Enrique Peña Nieto--, tendría que recortar 40% de su personal. Por lo mismo también decidió suspender sus reuniones de julio y octubre. La secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, comentó a este columnista durante una visita a Bruselas que la institución pidió a Estados Unidos utilizar los fondos que no gastaría en organizar las reuniones suspendidas para cubrir los salarios del personal en riesgo. De ser eso posible, expuso Abi-Mershed, la CIDH “estaría comprando un par de meses más (hasta septiembre) para conservar este personal”: Lamentablemente, decía la alta funcionaria, lo anterior “es postergar el problema y no solucionarlo”.

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