San Salvador -- Con sólo 30 años de edad y seis de graduado, el abogado Pedro Cruz tiene entre sus manos el caso más riesgoso y complicado hasta ahora conocido en la historia salvadoreña: el del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas cometido en 1991, cuando en este país se desencadenaba una cruenta guerra civil Su meta es sentar en el "banquillo de los acusados" a un expresidente de la República -- Alfredo Cristiani-- y a seis altos oficiales retirados, a quienes se les atribuye la autoría intelectual del asesinato Hace 13 años, cuando ocurrió el hecho, Cruz era un estudiante de bachillerato De no haber finalizado el conflicto bélico hace una década --a través de un acuerdo negociado-- la pretensión de Cruz sería impensable y hasta "suicida" Cruz se graduó en 1997 en la Universidad Centroamericana (UCA) "José Simeón Cañas", donde los jesuitas asesinados habían sido sus máximas autoridades El abogado se convirtió en experto en derechos humanos y por tal razón los familiares de las víctimas lo hicieron su apoderado ante un proceso en el que se pretende probar la culpabilidad de quienes habrían ordenado la matanza "He recibido amenazas De una de ellas se nos informó ?de muy buenas fuentes-- que había un plan para atentar contra las vidas del padre José María Tojeira (actual rector de la UCA) y la mía También cuando inició el proceso en 2000, los militares situaron una tanqueta frente a la universidad para atemorizarnos Nos han amenazado por teléfono varias veces", narra el joven jurista Sin guardaespaldas ni vehículos blindados, Cruz está dispuesto al reto: "Mi posición significa un honor muy grande por lo que representan los sacerdotes jesuitas asesinados, por lo que el caso significa para la lucha contra la impunidad y la injusticia Hay que tomar en cuenta que los victimarios son personas muy poderosas En otro sentido, también es un reto profesional muy importante: se trata del caso más relevante en el que he participado La adversidad aquí no es jurídica, en ello tenemos la razón y el caso es fácil, el problema es la presión que ejercen los victimarios" Crimen sin castigo La madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando élite del ejército incursionó en la residencia de los sacerdotes, ubicada en las instalaciones de UCA Lo hizo como si se tratara de una base enemiga: mató a sus moradores, quienes no opusieron resistencia Los soldados catearon el lugar de manera apresurada y requisaron varios documentos, mientras cinco sacerdotes yacían en el jardín, tirados boca abajo "El teniente al mando, José Ricardo Espinosa Guerra, dio la orden de matar a los sacerdotes El soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi dio muerte a tiros a los sacerdotes (Iganicio) Ellacuría, (Ignacio) Martín-Baró y (Segundo) Montes; el subsargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas a los sacerdotes (Armando) López y (Juan Ramón) Moreno Poco después los soldados, entre ellos el cabo Angel Pérez Vásquez, encontraron al sacerdote Joaquín López y López en el interior de la residencia y le dieron muerte El subsargento Tomás Zarpate Castillo le disparó a la señora Julia Elba Ramos, quien trabajaba en la residencia, y a su hija de dieciséis años, Celina Mariceth Ramos El soldado José Alberto Sierra Ascencio disparó contra ellas, nuevamente, rematándolas" El dramático recuento de la ejecución está en el informe de la Comisión de la Verdad, divulgado en marzo de 1993, luego de haber investigado los más graves crímenes de lesa humanidad, la mayoría de ellos (85%) cometidos por agentes del Estado Con la masacre de los jesuitas el ejército acabó con un selecto grupo, no sólo de religiosos, sino de hombres pensantes, cuyas inteligencias, como las de Ignacio Ellacuría (Rector), Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes (Vicerrectores), eran superdotadas y reconocidas sus obras teórico-sociales a nivel internacional Los aportes académicos, filosóficos y teológicos de Amando López, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno, también fueron relevantes ¿Quién ordenó el crimen? Es un hecho que está por probarse judicialmente La Compañía de Jesús en El Salvador, la UCA y los familiares de los asesinados, han señalado como autores intelectuales al expresidente Alfredo Cristiani, al ex ministro de Defensa Humberto Larios, al exjefe de Estado Mayor René Emilio Ponce, así como a los generales retirados Juan Rafael Bustillo, Inocente Montano y Orlando Zepeda; igualmente al coronel Francisco Elena Fuentes Luego del múltiple crimen, y por presiones de Estados Unidos, se realizó entre 1989 y 1991 un proceso judicial contra los autores materiales del hecho Un jurado militar condenó a 30 años de prisión únicamente al coronel Guillermo Alfredo Benavides y al teniente Yusshy René Mendoza, quienes fueron encontrados como culpables del asesinato En 1993 quedaron libres gracias a una amnistía decretada por Cristiani, el expresidente que firmó la paz con la guerrilla en 1992 en el Castillo de Chapultepec En el informe de la Comisión de la Verdad se relata una colosal madeja de encubrimientos y confabulaciones para proteger a los que ordenaron el crimen Cristiani y su ministro de Defensa, Humberto Larios, están acusados por omisión, es decir, que supieron del plan pero no hicieron algo para evitarlo LARGO Y TORTUOSO CAMINO En 1999, el rector de la UCA, José María Tojeira, acudió a la Fiscalía General a denunciar a los acusados por la autoría intelectual del masivo asesinato, pero hubo toda clase de obstrucciones y violaciones constitucionales que vulneraron los derechos de los familiares de las víctimas, explica Pedro Cruz En concreto, las instituciones de investigación del crimen (la Fiscalía) y los tribunales impidieron la apertura del proceso legal, argumentando que se aplicaba la prescripción del delito y la cobertura de la Amnistía General de 1993 En Chile, Argentina y recientemente en Guatemala, se ha llevado a la justicia a personalidades muy poderosas que cometieron crímenes durante sus conflictos internos Sin embargo, en El Salvador, pese a 10 años de avance democrático, ello ha sido imposible Cruz explica: "Los últimos gobiernos en El Salvador (dirigidos por la derechista Alianza Republicana Nacionalista ARENA) han sido muy hábiles para torcer el significado de los acuerdos de paz Se ha vendido al país como una experiencia exitosa por haber logrado el fin de la guerra Pero aquí se ha estirado el éxito del cese de fuego hacia otros rubros: el judicial, económico, social Con el sistema de justicia se ha tratado de maquillar a un monstruo, por ello se está evidenciando la resistencia para enjuiciar a los grandes violadores a los derechos humanos "No obstante, tenemos confianza en revertir la impunidad y que el sistema, bajo la persistencia de las víctimas y con la razón que nos da el derecho, pueda llevar al banquillo de los acusados a las personas, por poderosas que sean", apunta el joven abogado, quien subraya la importancia de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya admitido un recurso de amparo, el pasado 3 de octubre, por medio del cual los familiares de las víctimas tienen fe en que habrá justicia "La admisión por la CSJ de nuestro recurso de amparo, que había sido presentado hace medio año, nos da la posibilidad de discutir en el ámbito judicial que la exoneración momentánea que tienen los acusados ha sido producto de violaciones a la Constitución Al llegar a una conclusión del amparo se estaría dando puerta abierta para iniciar el juicio Es decir, la admisión del recurso nos permite iniciar un debate judicial, en un juicio, sobre las violaciones constitucionales que nos han hecho las distintas autoridades en la búsqueda de justicia Si logramos ganar el amparo la consecuencia lógica sería iniciar el juicio contra los acusados", explica Cruz --¿Quiénes o qué instituciones han obstruido el proceso? --Bueno, la demanda fue contra el Fiscal General (Belisario Artiga); la Jueza Tercera de Paz de San Salvador (Ana América Rodríguez); la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador y la Sala de lo Penal de la CSJ Éstas, con diversos fallos, obstaculizaron el inicio del proceso Inmediatamente los acusados tienen que contestar la demanda y sobre la respuesta las víctimas haríamos observaciones, según el procedimiento Luego viene la fase de pruebas y por último la sentencia En términos de meses, calculamos que si el proceso se desarrolla con normalidad, a mediados del próximo año tendríamos la sentencia del amparo de si se abre o no el juicio El padre Tojeira, actual rector de la UCA, puntualiza: "En unas circunstancias como estas, todos quieren que le den razón Pero nuestra expectativa no es tanto llevar a la cárcel a las personas (acusados), sino que de alguna manera se pida perdón por la barbarie del pasado, contra los jesuitas y muchas víctimas que no han tendido defensa"