* Incipiente justicia en el caso de la antropóloga Myrna Mack Ciudad de Guatemala, (apro) - El coronel guatemalteco Juan Valencia Osorio, jefe del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP) a principios de los noventa, fue condenado este jueves a 30 años de prisión al ser encontrado culpable, por un tribunal civil, de haber ordenado el asesinato, en septiembre de 1990, de la antropóloga Myrna Mack Chang, cuando ésta investigaba la situación de los desplazados internos de la guerra civil Otros dos militares de alto rango, el general Edgar Augusto Godoy Gaytán, exjefe del Estado Mayor Presidencial, y el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, subjefe del EMP, procesados desde 1996 y en prisión desde septiembre bajo acusaciones de haber formado parte del aparato que ordenó la ejecución, fueron absueltos por falta de pruebas Después del juicio del asesinado obispo Juan Gerardi, por el que también fueron condenados, en 2001, dos militares miembros del EMP, el caso Mack es considerado el segundo proceso más emblemático para la justicia guatemalteca Por primera vez en la historia del país, un general de alto rango y dos coroneles guardaron prisión acusados del asesinato, y por primera vez, más allá de los ejecutores materiales, un miembro del Ejército fue condenado por autoría intelectual Durante doce años, Helen Mack Chang, hermana de la antropóloga, mantuvo ante la justicia guatemalteca la demanda de un juicio para los asesinos de Myrna, vinculados al poderoso aparato de inteligencia del EMP Al final del juicio, Mack declaró que el resultado del proceso debería sentar precedente para que miembros de la institución armada que incurrieron en delitos, se sometan a la justicia El juicio para esclarecer la muerte de la antropóloga colocó en el banquillo de los acusados al poderoso aparato contrainsurgente y de inteligencia que controló el país durante 30 años de la guerra civil En sus conclusiones presentadas ante el jurado el miércoles 2, Helen Mack aseveró que "estamos enjuiciando a la política de terror que tanto dolor nos ha causado, estamos dilucidando un conflicto contra el Estado, dentro del mismo Estado, sin necesidad de rupturas ni violencias Queremos justicia que garantice el fin de la impunidad" En su defensa durante el proceso, los tres militares enjuiciados negaron haber desarrollado actividades de inteligencia y contrainsurgencia en el EMP, sostuvieron que esa dependencia sólo se encargaba de la seguridad del presidente, negaron haber conocido el trabajo de la antropóloga y pretendieron desvincularse del aparato del Ministerio de la Defensa, al asegurar que el EMP operaba de forma autónoma Todos sus argumentos fueron rebatidos por testigos, expertos y exfuncionarios durante el gobierno de Vinicio Cerezo, durante el cual se perpetró el asesinato Carmen Rosa de León, directora de la Comisión Especial de Atención a Refugiados (CEAR) durante el gobierno de Cerezo, reveló que el EMP estaba muy interesado en el tema de los desplazados, y señaló que el sentenciado Valencia Osorio fue el enlace del EMP con la institución que encabezó Clara Arenas, directora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (Avancso), en la que laboraba Mack al momento de su asesinato, declaró ante el tribunal que la investigadora fue objeto de seguimiento antes de su asesinato a puñaladas, y que el trabajo de la antropóloga, que recorrió comunidades replegadas a la selva y la montaña guatemaltecas, era políticamente sensible, porque los desplazados internos eran considerados un objetivo de la política contrainsurgente del Estado, que vio con malestar que su situación empezara a ser difundida Kate Doyle, encargada del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una organización no gubernamental que trabaja en la desclasificación de documentos, reveló que textos de inteligencia del gobierno estadunidense por ella analizados, atribuyeron el crimen de la antropóloga a los servicios de seguridad del Estado guatemalteco, y detallaban que durante la época del crimen operaba en el país una estructura muy fuerte de operaciones contrainsurgentes Expertos en temas militares encuadraron el asesinato dentro de la llamada "Doctrina de Seguridad Nacional", con la que el gobierno de Estados Unidos indujo a los ejércitos latinoamericanos a librar una lucha contrainsurgente despiadada, y coincidieron en que Mack reunía el perfil del "enemigo interno", y eso la hizo susceptible de ser desaparecida El sacerdote Julio Cabrera, obispo del Quiché que conoció del trabajo de la antropóloga, afirmó que el detonador del asesinato pudo ser un campo pagado por las Comunidades de Población en Resistencia, con el que ls desplazados denunciaron el hostigamiento del ejército, y al que se vinculó a la investigadora El tribunal que resolvió el caso, integrado por las juezas Morelia Ríos e Iris Yasmín Barrios, así como el juez Carlos Rodríguez Ching --quien votó contra la sentencia--, sustentó su fallo en varias declaraciones del ejecutor material del crimen, Noel de Jesús Beteta, quien describió, en varios encuentros filmados y grabados por su compañero de celda, Jorge Lemus, la forma en que perpetró el crimen, y dijo haber recibido la orden de Valencia Los testimonios documentando las actividades de inteligencia en el EMP, la forma de operar de los ejércitos de la región dentro de la "doctrina de seguridad", el seguimiento previo y los indicios que revelaron que hubo un operativo de inteligencia montado para la ejecución de la antropóloga frente a la sede del instituto para el que trabajó, disfrazado de delincuencia común, y documentos detallando las políticas contrainsurgentes del EMP, fueron tomados por el jurado como pruebas válidas En el juicio se demostró que el EMP y su Departamento de Seguridad Presidencial (DSP) cometieron crímenes políticos y violaciones a los derechos humanos: torturas, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales Los documentos desclasificados por Doyle revelaron que el EMP tenía una amplia capacidad operativa, contaba con escuadrones de la muerte y solía disfrazar estos crímenes como delincuencia común El EMP, a través de su DSP, participó en la desaparición de numerosas personas entre 1981 y 1983, aseguró la experta El juicio por el asesinato de la antropóloga convocó a más de 20 testigos y expertos llamados a presentar su testimonio, entre los que figuraron el expresidente de la República, Vinicio Cerezo, y el exministro de la Defensa, Héctor Gramajo Cerezo declaró que no tuvo conocimiento de las actividades de la antropóloga antes de su muerte, y que su gobierno no tenía motivos para asesinarla, y sostuvo que el EMP se dedicaba exclusivamente a brindarle seguridad "Nunca supe de acciones operativas del EMP, ni lo hubiera autorizado jamás" A mediados de septiembre, en una carta al diario "El Periódico", había reconocido que durante su gobierno se ejecutaron asesinatos de carácter político, "que se llevaron a cabo por grupos radicales, bajo el apoyo de algunos oficiales también radicales, que se opusieron sistemáticamente al plan de paz, al diálogo con la guerrilla, a la apertura política hacia los exiliados por la represión es entre estos oficiales recalcitrantes en donde se deben buscar culpables de algunos de los crímenes que se cometieron en esa época" Cerezo atribuyó, en su escrito, a estos oficiales radicales hechos como los asesinatos de Mack y Gerardi, que golpearon el proceso de paz en Guatemala, pero rechazó una "cacería de brujas" contra toda la institución armada El coronel sentenciado, Juan Valencia, hizo su carrera en los servicios de inteligencia del país, como la Fuerza Aérea y el EMP y se instruyó en la Escuela de las Américas "El fallo es injusto, creo que la institución --el Ejército-- ha quedado exonerada en este proceso", declaró Valencia después de conocer su sentencia "Sólo espero que estos sectores entiendan que ya no están más en la época del conflicto, esa es la parte más valiosa de este juicio Espero que otros miembros de la institución armada puedan entender la necesidad de entrar a un estado de derecho", dijo Helen Mack, quien calificó el fallo del tribunal guatemalteco de "parcialmente satisfactorio", tras haber exonerado a otros dos militares acusados de participar en el asesinato de su hermana Ambas partes dejaron abierta la posibilidad de impugnar la sentencia El desarrollo del proceso estuvo plagado de amenazas e intimidaciones El primer investigador que documentó el caso, José Miguel Mérida Escobar, fue asesinado a balazos en agosto de 1991, cerca del edificio de la Policía Nacional La familia del abogado acusador, Roberto Romero, fue amenazada de muerte y desconocidos dispararon a su casa días antes del inicio del juicio, y personal de la Fundación Mack fue seguido durante los días del proceso Este jueves, militares y amigos de los acusados, coparon la sala de vistas de la Corte Suprema, donde se desarrolló la audiencia, y hostigaron a familiares de Mack, que solicitó apoyo al ministerio de Gobernación y a la Secretaría de Administración y Seguridad de la Presidencia --un ente civil que se prepara para remplazar al EMP--, los que ampliaron la seguridad en la sala y proveyeron guardaespaldas a la acusadora Luis Ramírez, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, dijo a Apro que, casos como el de Myrna Mack, ponen a prueba el tema de la administración de justicia, un sector muy golpeado durante la época contrainsurgente, en la que numerosos jueces y abogados fueron asesinados: "Cuando se empieza a juzgar a los poderosos, podemos creer que la justicia tiene viabilidad"