La herida de paz de El Salvador

sábado, 30 de noviembre de 2002
San Salvador (apro) - Hace un poco más de diez años El Salvador puso fin a una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, lisiados, huérfanos, viudas y exiliados Unos 8000 salvadoreños de ambos sexos y de todas las edades, aún están en calidad de desaparecidos; los torturados continúan sufriendo angustias y otras secuelas como consecuencia de los tormentos de las cárceles clandestinas En una década de paz, o del silencio de los fusiles como algunos llaman a la transición, la herida que produjo la contienda bélica (1980-1992), no se ha cerrado: los responsables de crímenes de lesa humanidad se pasean por todo el país con tranquilidad y algunos –muertos o vivos-- hasta son venerados como “dioses” Al fallecido exmayor Roberto D’Aubuisson, acusado por el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero (1980), ha sido homenajeado constantemente por los tres últimos presidentes (Alfredo Cristiani, Armando Calderón y Francisco Flores) en su tumba ubicada en el Panteón de los Ilustres, de San Salvador El general Gustavo Perdomo y el coronel Antonio Almendariz, demandados por la justicia de Francia por el asesinato de la enfermera Madeleine Lagadec (1989), son funcionarios, uno del gobierno y el otro, diputado parlamentario El expresidente Cristiani y seis altos oficiales acusados de ser los autores intelectuales de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras (1989), pertenecen a las castas de los más influyentes hombres de negocios El exjefe guerrillero, Joaquín Villalobos, implicado en asesinatos de civiles y del poeta Roque Dalton (1975), es asesor del actual gobierno y consultor internacional para “resolución de conflictos” “La sociedad salvadoreña tiene derecho, no sólo a la justicia, sino a la verdad, a la memoria En cierta ocasión un militar me decía que él perdonó a los guerrilleros que mataron a su familia Yo le planteaba que ese era su opción personal Sin embargo, la sociedad tiene que saber por qué y quién asesinó a su familia A nadie le gustaría elegir como diputado o para cualquier cargo en el gobierno a alguien con antecedentes criminales”, reflexiona David Morales, procurador adjunto de Derechos Humanos de El Salvador Morales es uno de las personalidades locales con más experiencia en el tema de Derechos Humanos; abogado de amplia trayectoria desde el inicio de sus labores en la Oficina de Tutela Legar del Arzobispado, fundada por monseñor Romero a finales de la década de 1970, cuando hablar de “derechos humanos” era sinónimo de “condena a muerte” “La verdad que monseñor Romero fue el primer ombudsman, cuando esa figura ni siquiera se podía pensar para nuestro país; domingo a domingo, denunciaba las injusticias que cometía el Estado contra la población, mediaba en los conflictos y trataba de preverlos”, recuerda Morales En la actualidad la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es una institución del Estado, surgida como fruto de los Acuerdos de Chapultepec (1992), que pusieron fin a la guerra civil y firmados por el presidente Alfredo Cristiani y los líderes del insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) No obstante, tal como lo explica Morales, la labor humanitaria “no ha dejado de ser riesgosa” TRAYECTORIA DEL OMBUDSMAN El 16 de enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, gobierno y guerrilla de El Salvador, pusieron punto final a la guerra civil En la ceremonia protocolar participaron como testigos, los mandatarios Carlos Salinas de Gortari, de México; Felipe González, de España; Jorge Serrano, de Guatemala; Rafael Calderón, de Costa Rica; Rafael Callejas, de Honduras; Violeta Barrios, de Nicaragua; Guillermo Endara, de Panamá; César Gaviria, de Colombia, y Carlos Andrés Pérez, de Venezuela En el Capítulo III del Acuerdos de Chapultepec, referente al Sistema Judicial, el gobierno y el FMLN coincidieron en la institucionalización de lo que entonces llamaron Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos; el anteproyecto de la ley debía ser preparado por Comisión para la Paz (Copaz), integrada por todos los partidos políticos Dicha institución se dedicaría a realizar una labor, según el compromiso pacificador, “de identificar y de erradicar cualesquiera grupos que practiquen violaciones sistemáticas de los derechos humanos” En contraste a lo pactado, lo que ahora conocemos como PDDH, “desde su nacimiento ha tenido como un telón de fondo una política muy clara de intolerancia de parte del Estado Los 10 años de la PDDH están marcados por el ahogamiento presupuestario, campañas muy fuertes de altos funcionarios del Estado contra los procuradores que se han atrevido a hacer denuncias”, apunta David Morales “Hubo, incluso, un periodo nefasto, que se extendió de 1998 a 2001, con la elección de un procurador no idóneo, Eduardo Peñate Polanco, quien había sido denunciado y condenado por la misma PDDH por violaciones a los derechos humanos, antes de ser electo para el cargo Su procurador adjunto, Marcos Valladares, cuando fungió como diputado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), fue promotor y firmante de la Amnistía General de 1993, que es la aberración jurídica más grande en materia de Derechos Humanos en nuestra historia reciente; también tomó iniciativa para tratar de restaurar la pena de muerte”, añade “A Peñate Polanco se le acusó, en su ejercicio en la PDDH, entre otras cosas, por malversación de fondos, tráfico de influencias y actos arbitrarios contra sus subalternos y cooperantes internacionales”, afirma Morales, quien fue una de las víctimas y tuvo que demandarlo judicialmente La historia de “camino empedrado” de la PDDH se remonta desde sus inicios, cuando asume el primer ombudsman, Carlos Molina Fonseca Se inició entonces, con mucho esfuerzo, el intento de institucionalizar y profesionalizar la nueva entidad “Tuvo acciones muy valientes como en el caso del asesinato del excomandante rebelde Francisco Velis por un grupo armado irregular”, comenta Morales No obstante, Molina Fonseca se tropieza con grandes presiones tanto del gobierno como de la guerrilla para que no se investigara ni se revisara el pasado Lo mismo pasó cuando la institución estuvo bajo la dirección de Victoria Marina de Avilés, quien consolida la función para la cual se había fundado la institución y le da una atención directa a las miles de víctimas que acuden a solicitar ayuda y asesoría para la defensa En este periodo la confrontación entre gobierno y PDDH fue álgida, sobre todo porque las denuncias de violaciones a los derechos humanos iban mayormente dirigidas a la Policía Nacional Civil (PNC), que depende directamente del presidente de la República El dúo Peñate-Valladares (1998-2001) “hiere a la institución mortalmente” Su elección es producto del deterioro del sistema de partidos políticos, que en negociaciones amañadas e inconsultas con la ciudadanía logran llevar a tales cuestionados personajes al frente de la institución, misma que vio paralizada su labor, perdió credibilidad y sus bienes fueron malversados, de acuerdo con los análisis de organizaciones no gubernamentales que se dedican a la labor humanitaria LOS “CASOS HISTORICOS” La actual procuradora es una abogada, nacionalizada salvadoreña, pero nacida en Italia: Beatrice Alamanni de Carrillo “Mis hijos, mi familia se preocupa por las constantes amenazas”, dice la procuradora, madre de tres jóvenes, entre ellos una joven que llegó a ser Miss El Salvador “En ocasiones me siento sola y abrumada, pero este trabajo requiere una responsabilidad que vale la pena Si hoy alguien se molesta porque fiscalizamos a las instituciones, incluso al presidente, creo que debemos acostumbrarnos a ello”, advierte La elección de Carrillo en junio de 2001, pese a que fue parte de un consenso entre los partidos con representación legislativa, el Estado salvadoreño fue intensamente presionado por la comunidad internacional que estaba “preocupada” por el deterioro que la PDDH había sufrido con Peñate-Valladares “Hubo, por ejemplo, la visita de diez embajadores de la Comunidad Europea al parlamento para indagar por la elección del ombudsman”, recuerda Morales En un año y cuatro meses la actual procuradora ha emitido varias resoluciones e informes especiales de gran valor moral y judicial, aunque no son coercitivos Pese a ello, Carrillo ha tenido una avalancha de críticas de parte de funcionarios del gobierno Una resolución de la PDDH estableció como violaciones a los derechos de los consumidores unos cobros adicionales que hacían los bancos locales en las tarifas eléctricas Además, llamó la atención a las superintendencias de Electricidad y la Financiera, con el fin de que cumplieran con lo que les demandaba la ley en lo referente al derecho de los consumidores Esta acción no tenía precedentes en el Estado salvadoreño Castillo emite otra resolución a raíz de la muerte a golpes de un cadete de la escuela militar “Gerardo Barrios”, el joven Mauricio Peña Carmona, ocurrida el 31 de mayo de 2001 La PDDH denunció el maltrato institucionalizado en dicho centro de estudios y recomendó al Ministerio de la Defensa Nacional iniciar un proceso de revisión de sus normativas educativas y adecuarlas a los parámetros constitucionales e internacionales de respeto a los derechos humanos Otros informes emitidos dan cuenta de violaciones en despidos de empleados públicos y en el proceso de depuración de la policía Carrillo y Morales, desde los puestos más altos de la PDDH son víctimas de acoso, de amenazas a muerte, difamaciones públicas e intentos de chantaje desde la propia institución “Las resoluciones de los casos de monseñor Romero y de los asesinados padres jesuitas, ponen el dedo en la llaga de la impunidad, además reflejan las flagrantes violaciones a los mismos acuerdos de paz que se suscribieron hace 10 años Se ha negado el derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia a las víctimas y sus familiares”, afirma Morales “Ha habido violaciones a los convenios internacionales porque en El Salvador ha habido una auto--amnistía en 1993 que hemos pedido que se derogue; se prescriben delitos imprescriptibles, como son los crímenes de lesa humanidad, como masacres, desapariciones y torturas”, concluye Morales, quien aclara que, “sin embargo, vamos avanzando”

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