Tegucigalpa — Cuando en 1990 se celebró la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia, los gobiernos participantes --pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas-- se comprometieron a ofrecer a todos los niños y jóvenes una vida mejor y un futuro prometedor Sin embargo, en Honduras, que también tomó parte en aquella Cumbre, la esencia del mensaje se manifestó en sentido contrario De otra manera no se entenderían los casos de más de mil 400 niños y jóvenes asesinados en cuatro años Alexander Obando Reyes, de 17 años de edad, se encontraba en un parque de esta capital una noche de abril de 1999, acompañado por un amigo, “cuando cerca de las 22:00 horas apareció un policía que hizo fuego contra él, provocándole heridas en el abdomen y el pecho Según parece, Reyes murió al día siguiente en el hospital Se había informado que el policía implicado no había sido detenido ni enjuiciado por ese hecho” Francisco Javier Espinosa, también de 17 años, el 28 de enero de 2000 “había intentado robar en un autobús, cuando fue agredido por un pasajero que lo golpeó con un tubo de metal, ocasionándole graves heridas en la cabeza Al parecer, no recibió ningún tipo de atención médica a pesar de la grave hemorragia que había sufrido Después de ocho horas desangrándose es trasladado al Hospital Escuela y el personal médico se niega a atenderlo Espinosa murió cuando era trasladado de regreso a la comisaría” El 25 de mayo de 2001 se descubrieron cerca de El Estiquirin, en Comayaguela, Tegucigalpa, los cadáveres de Cinthia Valeska Rivera, de 14 años de edad, y de otra adolescente de 15 años de edad “Se había informado que las dos jóvenes habían recibido un tiro en la cabeza después de ser violadas” Los tres casos, junto con otros 29, fueron referidos por la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas en el área de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, la paquistaní Asma Jahangir, al gobierno de Honduras a fin de que los investigara y sancionara a los responsables de los crímenes Pero éste no lo ha hecho En su informe al gobierno hondureño, la Relatora Especial incluyó otros dramáticos testimonios, como el de la madre de José Giovanni Laínez, de 17 años de edad, baleado en las piernas por unos policías y sin razón aparente El muchacho fue llevado un hospital, de donde los agentes lo sacaron por la puerta trasera Más tarde, la madre encontró el cadáver de su hijo con un orificio de bala entre las cejas El hecho ocurrió el 7 de abril de 2001 Se encuentra también el testimonio de la madre de Oscar Daniel Medina Cortez, de 16 años de edad, sobre el secuestro que sufrió su hijo por parte de agentes de la policía, el 11 de enero de 1998, en la ciudad industrial de San Pedro Sula Al día siguiente del plagio apareció el cadáver de Oscar y el de un amigo, con señas de torturas, castrados y con heridas de bala en el entrecejo LA RELATORÍA DE LA ONU Hasta el primero de agosto de 2001 las investigaciones hechas por organizaciones independientes, en especial por Casa Alianza, que trabaja a favor de los derechos de la niñez en América Latina, arrojaban la cifra de 820 niños y jóvenes asesinados desde enero de 1998 hasta la fecha referida La gravedad del asunto hizo que la Relatora Especial visitara Honduras por 10 días para recabar información sobre las ejecuciones extrajudiciales contra los niños y jóvenes, así como para entrevistarse con funcionarios y con representantes de la sociedad civil a fin de parar las masacres La paquistaní Asma Jahangir estuvo en Honduras del 5 al 15 de agosto Sus entrevistas incluyeron desde el presidente Ricardo Maduro, y algunos de sus ministros; el Fiscal General y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, hasta organizaciones internacionales y asociaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de la niñez “También visitó centros de detención de menores de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y mantuvo conversaciones con personas que habían pertenecido o pertenecían a bandas juveniles, las denominadas maras o pandillas En las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula conversó también con otros jóvenes y niños, que le hablaron de sus vidas, sus temores, planes y sueños”, señala el texto presentado por Jahangir el 14 de junio pasado, luego de su visita a Honduras En otra parte del documento, menciona la impunidad prevaleciente en torno de los casos denunciados: “Apenas se llevaron a cabo investigaciones en el gran número de casos de menores asesinados por desconocidos La Fiscalía General informó a la relatora sobre dos listas de menores asesinados La Fiscalía estaba reexaminando 235 casos de 606 registrados por Organizaciones no Gubernamentales (ONG) De ellos, 25 se encuentran en fase de instrucción y 6 en la fase de imposición de penas, y habían concluido dos procesos; en 16 causas se habían efectuado detenciones Todos esos hechos habían ocurrido antes de diciembre de 2000” Luego de la publicación del informe de la Relatora Especial, el presidente Maduro se vio obligado, en septiembre último, a crear una Unidad Especial de Investigaciones en el ministerio de Seguridad Pública, y manifestó que durante los tres meses siguientes tendría resultados Casa Alianza dijo que entregó a los investigadores los documentos de 15 casos de asesinatos de niños de la calle en los que se involucra a policías “Después de 8 semanas, ninguno de los 15 casos ha producido acusaciones, o al menos que se haya girado alguna orden de captura, y mientras tanto han ocurrido 110 nuevos asesinatos”, dice la denuncia de la ONG CIFRAS Y DATOS De acuerdo con estadísticas de Casa Alianza, de enero de 1998 a octubre de 2002 el número de niños y jóvenes ultimados llega a mil 450 Tan sólo en octubre pasado la organización registró 47 asesinatos, el 25% de ellos del sexo femenino En el 74% de estos casos se usaron armas de fuego Pero según Amnistía Internacional (AI), los asesinados desde enero de 1998 a octubre de 2002 oscilan entre mil 400 y 2 mil niños y jóvenes menores de 22 años de edad, a quienes el gobierno ha clasificado como pandilleros o miembros de las maras En noviembre último, AI le expresó en una carta al presidente Maduro que “le preocupa sobremanera los informes que indican que al menos en un porcentaje de estas muertes podrían haber participado agentes de la policía” En marzo, Bruce Harris, director centroamericano de Casa Alianza, denunció dos masacres en San Pedro Sula, atribuidas al llamado “Carro Asesino” Se trata de un vehículo “con dos o tres hombres no identificados vistiendo ropas de civil El vehículo cruza la ciudad disparando indiscriminadamente contra cualquier joven que tenga tatuajes en su cuerpo o vista pantalones flojos, moda asociada a los miembros de maras o pandillas juveniles” Estos asesinos “anónimos” estarían actuando como lo hicieron en las décadas de 1970 y 1980, sobre todo en Guatemala y El Salvador, “escuadrones de la muerte” ultraderechistas En el caso hondureño, al que se recuerda es al Batallón de Inteligencia del ejército, conocido como “3-16”, cuyos miembros, vestidos de civil y enmascarados, asesinaban a los opositores de la dictadura militar En 1997, en el oriente de El Salvador, en la ciudad de San Miguel, surgió una banda de “limpieza social” denominada “Sombra Negra” Varios agentes de la policía fueron detenidos, y después liberados por falta de pruebas, acusados de haber participado en casi una veintena de homicidios contra delincuentes juveniles Entonces, extraoficialmente se indicó que empresarios poderosos financiaban a la “Sombra Negra”, pero esto nunca se pudo probar Sin embargo, en su informe, la Relatora Especial de la ONU hace una referencia a “poderosos grupos de presión” en Honduras en relación con los asesinatos, grupos a los cuales las autoridades hondureñas no les habrían dado indicaciones de “que no pueden recurrir al asesinato, so pretexto de crear un clima favorable al resurgimiento económico” En última instancia, dice Asma Jahangir, “la situación en materia de derechos humanos, la estabilidad y el estado de derecho en el país es lo que inspirará confianza a los donantes e inversores, y no la arbitrariedad y la violencia de los poderosos contra los más vulnerables de la sociedad” La impunidad José Manuel Capellín, vicedirector de Casa Alianza en Honduras y para Latinoamérica dice a Proceso que el problema de los niños asesinados tiene varias aristas: “La pobreza, que sitúa a este país sólo por encima de Haití, crea las condiciones para que el fenómeno de los niños de la calle no tenga paro” Las estadísticas indican que diariamente un menor ingresa a ese enorme batallón de más de 5 mil infantes desamparados que deambulan por las principales ciudades del país “Ello, a su vez, es la base para que los niños y jóvenes ingresen a las pandillas juveniles o maras Es un fenómeno de toda Centroamérica”, agrega Capellín, un español que tiene más de 30 años de residir en Tegucigalpa “Pero en cuanto al fenómeno de los asesinatos, únicamente el caso de Honduras se compara con el de Guatemala Nuestra institución registra en ambas naciones unos 50 casos de homicidios mensuales de personas menores de 22 años de edad” Refiere: “Después de todas las denuncias que hemos hecho, de que el escándalo es conocido a nivel internacional, porque hasta el presidente Ricardo Maduro reconoce que agentes de la policía han matado a niños, ha venido una misión de la ONU que publica un informe muy duro contra el gobierno, y entonces ¿qué más se puede hacer?” Capellín queda unos segundos en silencio y responde con firmeza: “Pues, no podemos dejar de seguir denunciando, y el gobierno tendrá que responder en cualquier foro internacional que sea posible por la impunidad que prevalece en Honduras, por su falta de voluntad y la incapacidad demostrada ¡No queda más!”